Hay cientos, miles de funcionarios de Justicia que a una hora determinada del día dejan de trabajar. Normalmente ocurre antes del mediodía y no es una huelga ni un paro ni se debe a una sobrevenida protesta de los empleados públicos. Sencillamente no pueden trabajar. Así llevan al menos dos semanas, un día tras otro, a causa del caos que está provocando el defectuoso funcionamiento de Adriano, el nuevo programa de gestión procesal que se está implantando progresivamente en la administración judicial andaluza. Esta parálisis de la Justicia seguirá al menos hasta junio, según afirmó ayer el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien asocia el fin del colapso del sistema gestor Adriano a su implantación definitiva en todos los jugados andaluces. Junio, por tanto, según las palabras del consejero, será la fecha en que termine "esta pesadilla". También es el mes –junio– el que la Junta ha de completar la implantación del Adriano por los términos a los que obligan los fondos recibidos para tal cuestión.

La parálisis de la Justicia que lamentan los trabajadores y sus representantes no les afecta únicamente a ellos. Los perjudicados son variopintos: abogados, procuradores y, por extensión, a todos los ciudadanos que acusan y seguirán acusando los retrasos del sistema judicial; principalmente a aquella población que esté pendiente de notificaciones judiciales que van desde una resolución en un juzgado de primera instancia a la puesta en libertad de un reo en la vía penal, por ejemplo. La conculcación de un número nada irrelevante de derechos fundamentales está por tanto en juego.

El problema no es menor. De ahí que el máximo responsable de la situación, el titular de Justicia de la Junta de Andalucía, no haya tenido ningún reparo en pedir perdón. En unas declaraciones hechas a los medios de comunicación, Nieto pidió ayer "disculpas a todos los operadores" y lamentó que su Consejería se haya "encontrado desde hace mucho tiempo un mal trabajo que estamos tratando de solucionar lo mejor posible". "Esperamos poder corregir las anomalías pronto. Entiendo las críticas", reconoció el consejero, pues, aunque "las quejas se han producido en todas las comunidades autónomas" en las que ha habido "un cambio de esta dimensión", en el caso del programa Adriano en Andalucía, los problemas "están siendo mayores de lo que deberían y llevan demasiado tiempo".

El contexto: de 2016 hasta hace dos semanas

El consejero explicó el contexto. El programa gestor Adriano fue encargado por la Junta en 2016 y fue adjudicado en 2018. Es una herencia recibida, vino a decir el consejero sin pronunciarlo. Los funcionarios, que lamentan que ha habido tiempo suficiente ya para enmendar las incidencias del sistema de gestión, explican que el problema no hace sino agudizarse conforme se añaden secciones y juzgados el uso del programa. Representantes de los trabajadores que han preferido omitir su identidad señalan a este periódico que la Junta de Andalucía confía en que la compra de nuevos servidores mitiguen las anomalías que surgen cada día de Adriano.

Adriano se estrenó en los juzgados del Contencioso Administrativo. Fue a mediados del pasado año. Sin demasiados problemas al inicio más allá de los derivados de un programa con menos prestaciones que el anterior. Los juzgados de primera instancia de lo Civil de Sevilla y Málaga empezaron a utilizar Adriano a finales de septiembre. Ahí aparecieron los problemas. El colapso, sin embargo, llegó hace unas dos semanas, momento en que se implantó el programa en los juzgados de lo penal. Es coherente con el dato que dio ayer el mismo consejero. De la jurisdicción penal deriva más del 60% del total de los trámites que se realizan en la Justicia andaluza. "Es normal que se produzcan estos problemas. Lo que no es normal es que se haya gestionado tan mal la gestión de un programa que es la base sobre la que opera la Justicia", dijo Nieto.

El problema de los juzgados mixtos

Los funcionarios apuntan a dos cuestiones que adelantan un panorama poco halagüeño: el primero, el mayor colapso cuando la instalación de Adriano llegue a los juzgados mixtos de los municipios que son cabeza de partido. El otro, no menos grave, el de los efectos perniciosos del colapso en los trámites de la vía penal y de violencia de género, en los que hay detenidos de por medio. Así lo avisó ayer CSIF-A.