Un compareciente tras otro a veces da la impresión de que la Junta, o el Gobierno andaluz, no es una única institución, sino una suerte de compartimentos estancos donde las comunicaciones entre tales reinos de Taifas sólo se produce mediante escritos. Y siempre en el caso de que la ley lo permita y lo regule. Sí, se supone que así funciona la administración, mediante papeles de ida y vuelta -el elemento material de la burocracia-, pero de los gobiernos se espera algo más.

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, anterior viceconsejera del mismo departamento cuando el presidente José Antonio Griñán era su titular, lo tuvo muy claro ayer en la comisión de los ERE: "La culpa [de lo sucedido con las ayudas entregadas a trabajadores afectados sin derecho a ello o a empresas que ni siquiera existían] no es ni de la Intervención General ni de los partidos de este Parlamento ni de la Cámara de Cuentas, probablemente sólo de un centro directivo". ¿Y de qué centro directivo? Pues, de la dirección general de Trabajo, la encargada de entregar las ayudas a través del IFA y, después de IDEA; la que dirigía el encarcelado Francisco Javier Guerrero, y la que está inscrita en la Consejería de Empleo. Al menos en cinco ocasiones citó Martínez Aguayo esta responsabilidad: unas veces se refirió sin especificar al "centro directivo" y otras, a la Consejería de Empleo. Si alguien no hizo caso a los reparos que la Intervención General mostró en varias ocasiones fue la Consejería de Empleo, porque ella, como viceconsejera o su consejera, carecían de competencias para intervenir a no ser que se lo dijese expresamente el interventor general.

La comparecencia el martes pasado de este alto funcionario, Manuel Gómez, ha supuesto un giro en la comisión, o al menos un esclarecimiento de parte de lo sucedido, porque mantuvo que, si bien sus reparos a estas ayudas no finalizaban con informes de actuación -lo que hubiera supuesto marcar las líneas rojas y la obligación de reaccionar-, sí manifestó que eran "especiales" y "excepcionales" y que, por eso, los envió a la Consejería de Empleo, a pesar de que lo que auditaba era el IFA, ya inscrito en la Consejería de Innovación.

Según repitió Martínez Aguayo hasta la saciedad, no era a su Consejería a la que correspondía intervenir, sino a la Consejería de Empleo. Los reparos de la Intervención fueron enviados a la Consejería de Hacienda y a la de Empleo; a los titulares y a sus viceconsejeros. Y, según el interventor, lo que encontró era tan "excepcional" -"no he visto un caso como éste"- que decidió enviarlo a Empleo, a pesar de que auditaba al IFA.

Ante estas respuestas, el parlamentario del PP Rafael Carmona acusó a Aguayo de ser sólo la "archivera" de la Junta, y ella le contestó que sus atribuciones no eran las de intervenir, ni siquiera la de llamar a la Consejería de Empleo. "Usted me pide que me salte la ley", llegó a decirle a Carmona. "La Consejería de Hacienda sólo puede actuar a requerimiento de la Junta, y esto nunca ocurrió", aseguró Martínez Aguayo, que subrayó, para fortalecer su tesis, que el control en la Junta la ejercen "la Intervención y las consejerías". Su función -dijo- es recibir los informes, verlos, mirar que la Intervención dispone de fondos, pero no más, porque este organismo es autónomo, "el único de tales características en la Junta". Los departamentos estancos.

Así, que Martínez Aguayo quiso desplazar el interés de una pregunta que, hasta ahora, había tenido su importancia debido a la relación de José Antonio Griñán con estas ayudas en sus tiempos de consejero de Hacienda. Da lo mismo que el hoy presidente conociese el informe de Intervención -ella ya mantuvo en marzo de 2011 que no se lo dio-, sino que, de saberlo, tampoco tendría atribuciones para actuar.

Martínez Aguayo dijo comprender la "insatisfacción" que el interventor había mostrado ante la comisión cuando aseguró, en una frase que pasará a la historia de este caso, que si alguien avisaba a su vecino de que salía humo y fuego de su extractor, no debería esperar a que la alerta le llegase también por email o correo ordinario.

La intervención de Martínez Aguayo discurrió por cauces distintos a la que, posteriormente, realizase Gaspar Zarrías, hoy diputado socialista, pero anteriormente consejero de Presidencia durante el período investigado, además de vicepresidente en los últimos años e, incluso, consejero de Industria durante unos meses antes a 1996. "Antonio Fernández (ex consejero de Empleo) fue, es y será mi amigo, y fue un gran consejero", explicó Zarrías que, a pesar de ser uno de los hombres con mayor poder dentro de la Junta desde 1996 después del presidente Manuel Chaves, pasó por la comisión como si anduviera por un camino de azahar con sólo algunas espinas sueltas debido al escaso acierto de los parlamentarios del PP e IU a la hora de interrogarlo.

Zarrías mantuvo que sí: que sabía que la Junta daba ayudas tanto a empresas en crisis como a los trabajadores afectados por los ERE; que él mismo impulsaba esta política, pero que no conocía el Acuerdo Marco firmado en 2001 por la Consejería de Empleo y el IFA que posibilitaban las ayudas. Ni éste pasó por el Consejo de Gobierno ni por la reunión previa de viceconsejeros, que el mismo presidía.

Gaspar Zarrías mantuvo que sólo ha sabido de este convenio cuando saltó el escándalo de los ERE, y relativizó su relación con Juan Lanzas, a quien la jueza Mercedes Alaya, la del caso ERE, señala como uno de los "conseguidores" de las ayudas. Según Zarrías, conoció a Lanzas en 1995 cuando se produjo la crisis en Cárnicas Molina, en la provincia de Jaén, porque fue secretario general de Alimentación de UGT. Con posterioridad, los empleados de Cárnicas Molina eligieron a Lanzas asesor, "y ahí se acaba mi relación". Sin embargo, y a preguntas de Carlos Rojas, del PP, volvió a salir el asunto de Juan Lanzas, ya que también este ex sindicalista se convirtió en el asesor de otra empresa jiennense, Primayor, que fue asumida por Nueva Rumasa en 2008, para lo que recibió ayudas de la Junta. Zarrías sostuvo que "nunca, nunca, he estado en la casa de Somosaguas" de José María Ruiz Mateos, aunque sí mantuvo una reunión con él, con uno de sus hijos y con el presidente del comité de empresa. Zarrías también negó que se relacionase con el socialista de Baeza Antonio Garrido Santoyo, que fue el primer intruso que se encontró, en su caso en la empresa Mercasevilla. Santoyo llegó a ser el secretario local del PSOE, pero Zarrías sostuvo que sólo "reconocí la cara cuando lo vi en los medios". Es decir, que era una persona del PSOE de Jaén, que él conocía ya que fue el secretario provincial, pero no asociaba el nombre Santoyo con esa persona.

Zarrías dejó a una comisión complaciente, y sólo en el turno final de cada grupo, Alba Doblas, de IU, le recordó que en Jaén se le conocía como "el todopoderoso". Zarrías se lo agradeció, porque es mucho apelativo para medir "1,61". Agradecido: también aseguró que no conocía al encarcelado Guerrero.