El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acordaron en la reunión que mantuvieron en la tarde del jueves en San Telmo la fórmula para el traslado en barcos diarios de agua en caso de extrema necesidad a partir de junio en una operativa que, de prolongarse los cuatro meses del verano, tendría un coste que rondaría los 30 millones de euros.

Reunión de Juanma Moreno y Teresa Ribera

Ante la posibilidad de que no llueva en abundancia de aquí al verano y sea necesario utilizar este último recurso, el Estado se haría cargo del coste de generación del agua en una desaladora del Mediterráneo que tuviera excedente y de la conexión necesaria entre la desalinizadora y el puerto en el que se cargarían los buques, mientras que la Junta asumiría su transporte diario en embarcaciones con una capacidad de 100.000 metros cúbicos, la preparación de los puertos para su recepción y del proceso de depuración antes de que sea introducida en la red. La Junta ya trabaja para preparar los puertos de Carboneras, Algeciras y Málaga, donde se realizan obras de emergencia para adecuar las tomas y las canalizaciones hasta los puntos de depuración, antes de entrar en la red.

La vicepresidenta aseguró que el Gobierno central tiene localizadas varias desaladoras del Mediterráneo que no están a pleno rendimiento, pero que no son de titularidad pública, por lo que se tiene que lograr el acuerdo con la Administración autonómica a la que corresponda esta instalación y con su propietaria. Ribera no ha querido desvelar de cuál se trataría, aunque sí detalló que el coste por metro cúbico “debería estar de entre 60 y 70 céntimos el metro cúbico”. Llenar un barco de 100.000 metros cúbicos podría suponer 70.000 euros.

En este sentido, la Junta ya confirmó a principios de mes que contaba con un acuerdo con la Región de Murcia para disponer del excedente de la desaladora de Cartagena, aunque la ministra apuntó que se manejan varias opciones y prefirió no dar más detalles al no ser ninguna de titularidad públicas.

A partir de ahí, el traslado sería competencia de la Junta de Andalucía. Moreno cuantificó en 5 millones de euros el coste aproximado al mes de traer el agua en un barco diario, por lo que ha considerado que la operativa puede tener un coste de "unos 20 millones en los cuatro meses de verano".

No obstante, Moreno aclaró que estas cantidades son aproximativas por los primeros contactos que han mantenido con las navieras y dependen de las condiciones en que se cierre el acuerdo para contratar “unas embarcaciones que tienen una condiciones muy particulares”, por lo que “podría ser un poco más”.

Moreno puso énfasis en la situación de la costa malagueña, en especial durante los meses de verano, cuando “triplica o cuadruplica su población”, con un consumo de 1 hectómetros cúbicos a la semana, “una barbaridad”.

Con este escenario de escasez, Moreno y Ribera abrieron la puerta a una vía para buscar soluciones de forma coordinada para buscar soluciones a la falta de agua. Ambos apostaron por aunar esfuerzos “para dar respuesta a los ciudadanos” y anunciaron que las dos administraciones seguirán reuniéndose semanalmente para realizar “un calendario de las obras de interés estratégico de ambas administraciones que están pendientes”.

En este sentido, Junta y Gobierno siguen dando pasos para la construcción de dos desaladoras en la Axarquía y el Levante almeriense, aunque la vicepresidenta reconoció que se trata de dos infraestructuras que “no podrían estar en funcionamiento hasta 2027 o 2028”, por lo que han planteado “soluciones intermedias” para poder disponer de agua en aquellos lugares donde sea más necesario. En este sentido, Ribera aseguró que trabajan en alternativas con los medios con los que cuenta el Ministerio para tratar de paliar la situación. Así, ha planteado como alternativa aportar 5 hectómetros cúbicos adicionales a los regantes del norte de Almería con la ampliación de la producción de las desaladora Almanzora I, propiedad de Acuamed, mientras que en Málaga estudian cómo aumentar la producción de la desalizadora de Atabal.

La vigencia del pacto por Doñana

Moreno y Ribera comparecieron tras su reunión en el mismo escenario en el que anunciaron el pacto de Doñana, que se encuentra en suspenso por la polémica suscitada por la redacción de dos artículos del decreto ley de simplificación administrativa de la Junta que abre la puerta a la recalificación de terrenos forestales en agrícolas, y defendieron la vigencia y la importancia que tiene el acuerdo, al tiempo que mostraron su confianza en reestablecer el ritmo normal de trabajo lo antes posible.

Moreno explicó que el próximo Consejo de Gobierno se aprobará la modificación del decreto y después se publicará en el BOJA.

“Obviamente despejadas las dudas en el Boletín Oficial todo estará preparado para lanzar de nuevo ese trabajo”, reconoció la ministra, quien insistió en que existían cuestiones que podían “generar algún tipo de distorsión” al “reabrir” debates “que ya estaban zanjados”.

La ministra se mostró satisfecha por el acuerdo sobre la nueva redacción del texto y lo consideró “una buena noticia”.

El presidente andaluz explicó que se han vuelto a “reexaminar” esos artículos que el Gobierno entendía que contenían “ambigüedades” y generaban inseguridad y defendió que no hay “ningún problema” en cambiarlos. “El martes que viene el Gobierno modifica esos artículos y asunto resuelto”, aclaró.

Moreno aseguró “con absoluta garantía”, y convencido de que la ministra confirmaba sus palabras, que el acuerdo “no solamente está vigente, sino que además tiene un enorme vigor”. “Que todos los implicados sepan que vamos muy en serio, que se va a cumplir ese acuerdo, no hay ningún tipo de obstáculo ni nubes en el horizonte”, manifestó.