El PP deposita en sus alcaldes la defensa de la reforma y el PSOE augura el caos

Donde los socialistas otean el apocalipsis para los ayuntamientos los populares descubren la buena nueva que pondrá fin al caos municipal. Son dos maneras, tan extremas como encontradas, de ver la reforma de la administración local emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y será también -lo es ya- otro frente abierto entre el PSOE y el PP en Andalucía; es decir, entre el Ejecutivo que preside José Antonio Griñán y La Moncloa. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -tal es su nombre- tendrá con casi toda seguridad un rechazo por parte de la Junta que se visualizará en otro recurso en el Tribunal Constitucional.

Es la sospecha que se tiene en el PP, de ahí algunas de las reacciones que se oyeron ayer en las filas del partido que, en la comunidad, preside Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, quien no dudó en calificar de "acierto" los planes del Gobierno. Siguiendo la tónica en la que se han pronunciado los principales ediles del partido -desde cuya dirección se ha arengado a sus dirigentes autonómicos y locales a que hagan una encendida defensa de la reforma-, Zoido justificó el proyecto porque hace posible que cada administración cuente con una competencia, "eliminando colisiones y racionalizando el gasto público".

A la espera de analizar con detenimiento el texto presentado la semana pasada tras el último Consejo de Ministros, el alcalde de Sevilla expresó su deseo de que "se vaya enriqueciendo" a medida que se vayan haciendo aportaciones desde los consistorios y desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que según Zoido "sabrá defender muy bien los intereses del municipalismo dentro de los principios de esta normativa".

Precisamente desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), su presidenta, la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz (PP), arremetió contra los socios en el Gobierno autonómico por entender que "hay una actitud de antemano de PSOE e IU de querer ir contra la norma y de no sumarse al debate". Muñoz deploró la "política de confrontación" que a su juicio mantienen los socialistas e IU contra el Ejecutivo central.

La alcaldesa, que acusó al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, de no decir ni "una sola palabra" cuando el Ejecutivo al que pertenece modificó sus presupuestos "quitando sesenta millones a los ayuntamientos", dijo tener una opinión sobre la reforma como primera edil de un ayuntamiento, pero no como presidenta de la FAMP. Muñoz recalcó que prefiere "esperar" y abrir un debate plural y en profundidad sobre el proyecto.

El PSOE, por contra, ve venir el caos. Su vicesecretario general en Andalucía, Mario Jiménez, diagnosticó ayer el "cierre" de un 90% de los ayuntamientos andaluces, al vaciarlos de competencias. Se trata de los que gobiernan los municipios con menos de 20.000 habitantes. Jiménez se apresuró a adelantar por parte de su formación política una "respuesta contundente" a esta "flagrante inconstitucionalidad".

A juicio de Jiménez, el anteproyecto remitido por el Ejecutivo de Rajoy al Consejo de Estado pretende "llevarse por delante" a los municipios, y tal y como está planteado, es inconstitucional porque el artículo 140 de la Carta Magna garantiza la autonomía municipal. "Está formulado en términos inconstitucionales y se corre el riesgo de provocar una fractura institucional", alertó el número dos de los socialistas andaluces, que denunció la "expropiación" de la autonomía local. En el caso de esta comunidad, servicios como el mantenimiento de los colegios son competencia de los ayuntamientos, lo que dejaría de serlo si éstas y las de Salud pasaran a ser exclusivas de la comunidad autónoma, lo que llevó al dirigente socialista a preguntarse "para qué serviría el Ministerio de Educación o de Sanidad". "Para imponer la doctrina de esta democracia descafeinada", se respondió a sí mismo a continuación.

El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, fue mucho más lejos y dio la alarma frente a lo que aventura como un "festín privatizador" a cuenta de la "usurpación" de servicios planeada para los ayuntamientos que no cumplan determinados requisitos económicos. Villalobos cree que la reforma convierte el voto del electorado en los comicios municipales, simple y llanamente, en "papel mojado".

Esta preocupación de los socialistas es, para el PP, el temor que ya sufren ante lo que se considera como el "fin de muchos chiringuitos". La expresión fue acuñada por el secretario general de los populares andaluces, José Luis Sanz, para quien esos chiringuitos no son sino las mancomunidades, de las que hay más de un centenar en Andalucía.

Sanz, que cifró en aproximadamente 2.150 millones el ahorro para Andalucía con la reforma local -que "respeta escrupulosamente" el Estatuto, aseguró-, reprochó a Valderas que anuncie un recurso de inconstitucionalidad contra la norma cuando "no sabe cómo va a quedar", pues aún está abierto el plazo de alegaciones y quedan "unos seis meses" de trámite parlamentario.

El dirigente popular, que también es alcalde (Tomares, Sevilla), afirmó que la reforma no va "en contra de todas las mancomunidades", sino contra aquellas que "no tienen ningún sentido" y que han servido para "colocar a ex alcaldes o ex concejales del PSOE". De este modo, Sanz apuntó que el criterio para determinar qué mancomunidades son susceptibles de ser eliminadas serán sus cuentas, de forma que aquellas que "estén saneadas no tienen por qué tener ningún problema".