Los hijos de Rivas no tendrán medidas protectoras al solicitarlas su asesora
La petición no prospera porque la hizo la asesora de la madre, que no ejerce de abogada
Los juzgados granadinos han recibido una nueva petición relativa a los hijos de Juana Rivas, un intento adicional de detener el traslado de los menores a Italia en compañía de su padre, Francesco Arcuri. Pero la solicitud del Centro de Información a la Mujer fue formalizada por la asesora Francisca Granados, que no consta como la representante legal de la madre, por lo que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de la capital no ha admitido el escrito.
Alrededor de Rivas se ha producido un embrollo legal. Asesorada desde el principio por Granados, trabajadora del centro, la madre de los niños ha contado con la asistencia letrada en los juzgados de una abogada que le correspondió por el turno de oficio, María Castillo. Según fuentes judiciales, esta madre podría tener ahora nuevos abogados, con despacho fuera de Granada.
La consecuencia de todo esto es que los propios juzgados donde se están tramitando las causas abiertas de Rivas tienen dudas sobre el nombre de su representante legal, pues constan hasta tres nombres diferentes, de ahí que el mismo juzgado haya tenido que pedir formalmente a Rivas que facilite la identidad de su representante. "Había varios letrados personados, en contra de lo que dice la ley acerca de que cada parte solo puede tener un abogado", informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Una vez solventada esta cuestión, la juez de Violencia sobre la Mujer ha trasladado a la Fiscalía la nueva ampliación de denuncia presentada por Rivas a mediados de este mes, días antes de ser detenida por no haber entregado a sus hijos al padre en la fecha fijada. Ese nuevo escrito pedía la reapertura de la denuncia que efectuó Rivas en 2016 al llegar a España, dado que el juzgado granadino rechazó su tramitación por falta de competencia y la remitió a Italia para su resolución.
El TSJA informó ayer de que dicha denuncia ya se ha trasladado al tribunal competente y la resolverá la justicia italiana.
Entretanto, Granados y la psicóloga Teresa Sanz, negaron ayer su participación en los hechos, tras acogerse a su derecho a no declarar en base al "secreto profesional", en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde estaban citadas como investigadas por "su presunta intervención" como "inductoras" o "partícipes necesarios" en una supuesta sustracción de los hijos de Rivas. "Bajo ningún concepto hemos inducido, apoyado o cooperado" en supuestas sustracciones de menores ni en el caso de Rivas ni en el de las más de 100 mujeres que cada año pasan por el Centro Municipal de la Mujer de Maracena. Así lo indicaron a los periodistas tras permanecer en sede judicial unos 15 minutos. La Fiscalía no solicitó medidas cautelares contra Granados y Sanz.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, defendió el papel de los asesores de los centros municipales de información y servicios sociales, ya que "cuando las personas afectadas acuden a ellos, ven solamente a las personas y no a los documentos".
La juez cita a familiares de la madre
El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha citado hoy a declarar como investigados a los familiares de "hasta el segundo grado de consanguinidad" de Juana Rivas, en el marco de las pesquisas que desarrolla para conocer si la madre pudo incurrir en una supuesta sustracción de menores. La titular de este juzgado tratará así de conocer la presunta intervención en este posible delito del padre, la madre, y los hermanos de Rivas, los cuales está previsto comparezcan en sede judicial a tal fin, en el edificio de Caleta de la capital granadina. La juez llama a declarar en la vía penal del caso a estos familiares en virtud del auto dictado el pasado jueves en el que, de la misma forma, citó ayer a la asesora del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y a la psicóloga del mismo, Teresa Sanz.
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