Avisa de que la medida "aplastaría todas las otras funciones que permite una plaza" en materia de deporte, paseo o encuentros

La asociación ciudadana Sevilla se Mueve ha mostrado su rechazo al planteamiento del Ayuntamiento hispalense, gobernado por el popular José Luis Sanz, de cerrar el conjunto monumental de la plaza de España, diseñado por el arquitecto Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929; y cobrar una entrada a los turistas; pero no a quienes acrediten estar empadronados en la ciudad o haber nacido en el conjunto de la provincia.

Para el colectivo, la propuesta constituye una "mercantilización insólita e injusta" del espacio público y materializarla supondría "una completa derrota social, supeditando el uso de la plaza a una mera visita turística que aplastaría todas las otras funciones que permite una plaza", en alusión a "usos más espontáneos como hacer deporte, pasear o encontrarse con amigos"."La conservación del patrimonio y la gestión de los flujos turísticos merece mucha más seriedad, estudio y debate que las ocurrencias de domingo por parte de quienes gestionan la ciudad", avisa la asociación, considerando que con propuestas de esta naturaleza, el Gobierno local del PP promueve "experimentos lesivos para el disfrute del espacio público".

LA PLAZA Y EL PARQUE DE MARÍA LUISA

Esta medida, según la entidad, "levantaría un nuevo cerramiento que separaría el Parque de María Luisa de la Plaza de España, situación que se superó hace más de una década restaurando el entorno a la concepción original de Aníbal González, que de nuevo quedaría pervertida, al tiempo que se pretende preparar el centenario de su construcción por todo lo alto".

El asunto, a juicio de Sevilla se Mueve, refleja en cualquier caso "la necesidad imperiosa de retomar el debate para implantar la tasa turística". "Cualquier ciudad, pequeña o grande, que acoge una actividad turística que impacte, positiva y negativamente, en su día a día, ha estipulado un pequeño pago por pernocta, normalmente en torno a los cinco euros, con el que los visitantes hacen frente al uso que realizan por la ciudad. No existen datos que sostengan que su implantación implique la pérdida de visitantes".

El Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, planea proponer al Estado, responsable de parte del monumento, un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia.

EL DINERO DE LA TAQUILLA

Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, propietario de la galería y del edificio, garantizando según asegura el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.

La idea, según el Gobierno local del PP, es cosechar ingresos con los que "financiar la conservación" del monumento y "mantener un servicio de vigilancia las 24 horas" del día en el mismo, así como para abrir una escuela de "restauración permanente" para este emblemático monumento de Sevilla, actualmente de pleno acceso público.

La propuesta ha encontrado de momento el rechazo de los empresarios del sector hotelero y de las agencias de viaje, así como la oposición de los sindicatos, de las fuerzas de izquierda y de diferentes agentes sociales, mientras la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha pedido al Gobierno central que inyecte financiación a la conservación y vigilancia del monumento, para descartar el debate sobre su posible cierre.

El Gobierno central del PSOE y Sumar, de su lado, ha manifestado ya su rechazo frontal a la propuesta, recordando que el monumento acoge dependencias estatales de uso público y considerando que la medida supondría "privatizar" esta plaza.