José González Mata, administrador único de la mediadora Uniter e imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha asegurado que "ha sido el erario público el que se ha beneficiado de las actuaciones y fondos de las mediadoras", toda vez que "pese a su labor acreditada, no han recibido el beneficio que legalmente les corresponde y, sin embargo, sí han suplido gastos públicos que no les pertenecía hacer con sus propios recursos". En un escrito de alegaciones elevado el pasado día 1 de abril ante la juez de Sevilla Mercedes Alaya, el abogado de González Mata pone de manifiesto que Uniter, "lejos de haber obtenido un enriquecimiento ilícito por desvío de fondos públicos, en realidad ha tenido que soportar, y de hecho lo sigue soportando, un claro perjuicio patrimonial derivado única y exclusivamente de los continuos, reiterados y definitivos impagos de la Junta respecto de una gran parte de las primas comprometidas". Al hilo de ello, añade que Uniter "ha ido cumpliendo a lo largo del tiempo, de forma puntual, los compromisos suscritos en las operaciones de seguro contratadas", todo ello a pesar de que la Junta "no ha cumplido nunca con los calendarios de pago de las primas únicas que se comprometió a financiar", lo que no ha sido óbice para que las compañías de seguro "hayan seguido pagando a los beneficiarios las prestaciones objeto de las pólizas". 

"No se puede olvidar que las mediadoras -al menos Uniter- tan sólo cobran las comisiones a medida que la Junta va ingresando a las aseguradoras las primas financiadas y aplazadas; nunca, y en ningún caso, cobran por el mero hecho de la firma de las pólizas de seguro", asevera el letrado en el escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. En esta línea, añade que tanto las aseguradoras como las mediadoras, "lejos de incumplir con sus prestaciones pactadas, como en derecho podrían hacer, y para evitar el perjuicio que ello supondría para la gran cantidad de afectados, asumieron adelantar el pago de las mismas con recursos propios pese a no recibir en tiempo y forma las primas comprometidas, y todo ello en la confianza y seguridad que supone los compromisos públicos suscritos por la Junta".

Niega sobrecomisiones

No obstante, dice el letrado que "dada la magnitud, reiteración y acumulación de los atrasos de los pagos por parte de la Junta, llegó un momento en que las aseguradoras no tuvieron más opción que advertir a los tomadores y a la Junta de la suspensión de los pagos de las prestaciones si no se solucionaba de forma definitiva la actuación incumplidora de la Junta", lo que motivó que en 2012 se formalizara entre la Junta y Generali un acuerdo por el que la financiación de las pólizas debería quedar resuelto. "Pero lejos de cumplir dicho compromiso, y sin previo aviso", la Junta "decretó unilateralmente eliminar las legítimas comisiones devengadas" por Uniter, "sin discernir qué comisiones eran indebidas e ilegítimas". "Se representa institucionalmente una forma de aprovechamiento de recursos privados con el correspondiente ahorro indebido de unos recursos públicos que debieron librarse para la finalidad inicialmente prevista y acordada", asevera. Con todo ello, "se acredita que lejos de existir un enriquecimiento ilícito", Uniter "ha tenido un claro perjuicio, toda vez que se ha limitado a financiar sin beneficio empresarial", punto en el que niega por tanto haber recibido "sobrecomisiones", pues "ha recibido comisiones no sólo atemperadas a lo habitual del mercado, sino incluso por debajo de la norma", a lo que se suma que "no ha realizado pagos a ninguna trama corrupta ni pertenece a ninguna trama corrupta". 

A su juicio, Uniter "ha sido la principal víctima de este procedimiento, añade el letrado de la mediadora administrada por González Mata, quien asegura que la situación económica de la mediadora, "a pesar de la existencia de esas sobrecomisiones que se le imputan, es absolutamente paupérrima al día de la fecha". "Realmente, no podemos explicarnos el empecinamiento del Juzgado en hablar de sobrecomisiones al referirse a las percibidas por Uniter, cuando ya hemos demostrado sobradamente que mi cliente ni ha facturado ni ha percibido comisiones por encima de lo normal en el mercado del seguro, sino precisamente todo lo contrario", alega. 

En esta línea, critica que "no es propio" este "empecinamiento" por parte "de un órgano instructor de un procedimiento penal", punto en el que vuelve a insistir en que Uniter "nunca ha percibido comisiones por su labor de mediación en pólizas de seguro que puedan ser calificadas de exorbitantes, fuera de mercado y alejadas de los tipos medios fijados por la Dirección General de Seguros". El abogado del imputado expone que "la comisión neta real percibida" por Uniter, "al día de hoy, se sitúa en el 0,18 por ciento", por lo que "seguir hablando de sobrecomisiones para referirse a mi cliente es alejarse voluntariamente de la realidad y realizar una aseveración voluntarista que no se compadece con los principios que inspiran el moderno Derecho Penal", y, en consecuencia, "basar cualquier medida del orden que sea, personal o real, en la existencia de esas sobrecomisiones es actuar de forma injusta y sabiendo que lo es". 

En otro apartado del escrito, se refiere al hecho de que la juez haya imputado a González Mata por su mediación en la póliza de Calderinox, en la que se detectaron varios intrusos, punto en el que tacha de "descabellado" imputar a su cliente por la existencia de intrusos en una póliza, ya que Uniter "no dispone de medio alguno para comprobar si los trabajadores que en cada caso se le relacionan tienen derecho o no a ser incluidos en la póliza". Además, "y no debe olvidarse, todas estas pólizas se tramitan y suscriben en un clima de presión, de apremio e incluso de emergencia, por la conflictividad laboral y las crisis empresariales que las han motivado". De igual modo, el abogado de González Mata dice que Uniter "jamás ha pagado dádivas a nadie", tal y como aseguró en un escrito la juez Alaya, quien dijo que "los ERE se habían convertido en un negocio bilateral en el que los directivos de las aseguradoras, previo ofrecimiento de dádivas" al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "se garantizaban que se obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros".