Viajes, hoteles y compras a costa del Consorcio de Bomberos de Cádiz

Viajes privados, hoteles, compras privadas pagadas con dinero público, cursos de formación fraudulentos, indemnizaciones millonarias para cargos directivos, malversación, nombramientos ilegales... La ristra de presuntos delitos que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga desde hace cuatro años, en la denominada operación Flama, amenaza con provocar un incendio colosal en el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz. La Policía Nacional ha finalizado ya su labor y ha entregado toda la documentación que ha recabado durante estos cuatro años a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 y al fiscal anticorrupción.

Ayer el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) emitió un comunicado aportando nuevos datos de la trama que llevaría actuando durante la última década con impunidad. Fue precisamente este sindicato el que interpuso la denuncia por las supuestas irregularidades ante la Fiscalía en 2013, después de percatarse de la contratación por parte de los directivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz (CBPC) de un seguro de jubilación anticipada para sus funcionarios operativos en los que había una diferencia abismal entre unos beneficiarios y otros de la póliza. Posteriormente, en una ampliación de la denuncia, también se airearon unas presuntas irregularidades en los cursos de formación del CBPC.

Entre los 14 implicados sólo dos han declarado ante la Policía en calidad de investigados, el resto lo ha hecho como detenidos. Tres de ellos, han prestado declaración en la capital de España.

Entre los cargos del Consorcio implicados se encuentran un ex presidente, Andrés Beffa; un ex gerente, Francisco Javier Otálora; el jefe de formación, el interventor, el tesorero y la secretaria general accidental, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y nombramiento ilegal.