El Acuerdo de Doñana cumple dos años con todos los planes en funcionamiento

No es una fecha tan atractiva como la del primer aniversario, pero hoy se cumplen dos años desde que Junta y Gobierno suscribieron el Acuerdo por Doñana. A pesar de que hace justo 365 días había sombras sobre su puesta en funcionamiento que llegaron hasta poner encima de la mesa la Ley de Regadíos que dio involuntario origen al pacto, hoy deja abiertas pocas discusiones sobre su eficacia.

El principal escollo parece superado. Las ayudas de los agricultores para que abandonen los cultivos y dejen de extraer recursos de un acuífero que sigue en situación crítica, están ya en marcha. Las dos administraciones han habilitado más de 36 millones de euros (28,5 por parte del Ministerio de Transición Ecológica y 8 de la Junta) para que al menos 400 hectáreas puedan dejar de producir y de mermar el acuerdo. El compromiso y los recursos se garantizan para que, si se agotan, se puedan ampliar hasta en tres ocasiones para llegar a las 1.200, más que suficientes para que todas las que se encuentran fuera de regulación puedan ponerse al día.

Hay que recordar que las dos administraciones se comprometen a poner sobre la mesa 100.000 euros por hectárea –20.000 durante cinco años– a todos aquellos agricultores que dejen los cultivos para renaturalizar o reforestar esos suelos. De esa cantidad, el Ejecutivo central aporta el 70%, la Junta el 20% y la Diputación de Huelva el restante 10% aunque sólo para los agricultores onubenses. La tardanza en la publicación de las resoluciones fruto de la complejidad burocrática había levantado las protestas de los regantes de la zona. Éstos pusieron en un brete a los grupos políticos del Parlamento andaluz, que debieron emplearse a fondo para garantizarles que ese dinero estaría disponible en plazo.

En términos exclusivamente monetarios, en esencia el Acuerdo supone la movilización de 1.400 millones de euros para fomentar la actividad económica y social del Parque Nacional y su entorno, así como para terminar con la sobreexplotación de un acuífero que ya no puede soportar una mayor presión.

El responsable de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez, en el transcurso del Consejo de Participación ponía números a la participación del Miteco. El Ejecutivo central ha movilizado el 44% del presupuesto previsto, hasta alcanzar los 172,5 millones de los 393 totales que se comprometió a invertir, obras hidráulicas al margen. Esa cantidad supone un aumento de lo inicialmente previsto que llegaba a los 356 millones. Por su parte, la Junta, en boca de la consejera de Medio Ambiente en el mismo foro, señalaba que la aportación autonómica ha aumentado de los 728 a los 853 millones. Del total movilizado, más de 477 millones se encuentran ya ejecutados, esto es, un grado de cumplimiento superior al 65,5%. Hay que tener en cuenta que el Gobierno andaluz incluye aquí las infraestructuras hidráulicas que suponen un compromiso de 443 millones de euros más.

En cualquier caso, la finalidad última del Acuerdo es salvaguardar un acuífero que, si bien se ha beneficiado de un año hidrológico excepcional que puso fin a muchos consecutivos de sequía, no sirve para pasar de la luz roja que determina la calificación de “crítico” que sigue pendiendo sobre el mismo. Los responsables de su gestión repiten de manera constante que “tres de las cinco masas de agua subterránea asociadas a Doñana (Rocinas, Almonte y Marismas) se han clasificado como en mal estado y se han declarado como en riesgo de no alcanzar el buen estado”. No es alarmar sin motivo. Los datos lo avalan.

El Miteco ha llevado a cabo una actuación integral, aunque hay varios apartados que sobresalen por encima del resto. Así, se ha replanteado el abastecimiento de Matalascañas que afecta de manera directa a las lagunas peridunares y que se acreciente en los meses de verano, cuando sus necesidades de agua son mayores y es cuando el acuífero está más vacío. A eso hay que añadir la corrección del desvío del Guadiamar que desecó las aguas superficiales y alteró la red en la finca Los Mimbrales que causa graves problemas de erosión en el arroyo del Partido.

Un dato más; sólo el Plan de Actuaciones en La Rocina aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, permite una reducción de un 15% en las extracciones de este acuífero. El aspecto más mediático de las actuaciones en Doñana lo constituye el cierre pozos ilegales. De su dimensión da buena prueba que desde el año 2018 se han clausurado 1.214, todos ellos con el correspondiente –y farragoso– expediente administrativo. Hay varios todavía en vías de poder dejar de extraer recursos sin tener permiso para ello. Esta medida repercute de una manera directa en la salud de todo el acuífero. Las estimaciones llegan a precisar en 547 hectáreas, un 13% del total de cultivos bajo plástico que existen en la Corona Norte de Doñana, han dejado de estar en producción. Los medios cada vez más avanzados y precisos, sobre todo los basados en la teledetección, juegan en contra de quienes extraen recursos a los que no tienen ningún derecho.

El primer bienio de implantación del Acuerdo por Doñana ha servido hasta el momento para dejar claro que el Parque no podía continuar en el estado de abandono en el que se encontraba. Hay recursos y, lo que es aún más trascendente, parece que también voluntad de revertir esa situación.