Ignacio Valduérteles
Dolor, amor, hermandades
Se denomina grupo Titán, un nombre que tal vez pretende aludir a la complejidad del trabajo que tienen por delante. La Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta acaba de crear una unidad dedicada a las inspecciones de las actividades turísticas, entre las que se incluyen, claro, las viviendas de uso turístico, pero que también afectan a los hoteles y a todos los servicios (excursiones o guías) que forman parte de la principal industria de la comunidad autónoma.
Uno de los ejes prioritarios del trabajo de estos agentes es el ciberpatrullaje. El grupo Titán va a centrar una parte esencial de su actividad en la detección de oferta clandestina en plataformas y canales digitales, donde hoy se concentra una parte significativa de las actividades irregulares. Hay que tener en cuenta que el control de las plataformas que anuncian alojamientos turísticos ilegales están en el centro de la polémica entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno andaluz.
El Ministerio considera que en Andalucía hay 21.872 viviendas turísticas y temporales que no están inscritas en el registro oficial estatal; no cumplen los requisitos para ello por lo que ha informado a las plataformas en las que se anuncian de que se proceda a su retirada inmediata. Andalucía es la comunidad autónoma que contabiliza el mayor número de solicitudes de baja según el ministerio y se concentran en Marbella (2.993), Sevilla (2.659) y Málaga (1.845).
Pero el Gobierno andaluz no está de acuerdo ni con esos datos ni con la potestad del Ministerio de Vivienda para proceder a esas cancelaciones porque entiende que el único registro legal de pisos turísticos es el de la Junta, la administración que tiene las competencias en materia turística y de ordenación del territorio.
El departamento que dirige Arturo Bernal defiende que la autoridad autonómica competente ha cancelado 13.037 viviendas turísticas y les da traslado a las plataformas de dichas cancelaciones, da parte a la inspección turística, comprueba incumplimientos de publicación mediante métodos digitales y automáticos, y ahora cuenta con esta unidad de la Policía Adscrita para reforzar esa inspección.
Este grupo Titán está dentro de las iniciativas que forman parte del Plan de Inspección Turística de Andalucía 2026, un instrumento esencial para garantizar el orden, la legalidad y la convivencia en este sector estratégico, según explican desde la Consejería de Turismo.
El Gobierno andaluz detalla que este plan no es tiene una finalidad recaudatoria ni confiscatoria. “Es un instrumento de ordenación y control preventivo, concebido para disuadir el incumplimiento, garantizar el respeto a la normativa turística y reforzar la confianza en el sector”.
Pero la realidad es que tienen capacidad de abrir expedientes y, si se demuestra la ilegalidad, podrán imponer sanciones económicas. Las más graves vigentes ahora tienen un límite de 150.000 euros. Pero la nueva Ley del Turismo Sostenible que está dando sus últimos pasos administrativos en el Parlamento autonómico, eleva considerablemente las cuantías por los incumplimientos. También se prevé la prohibición de presentar una nueva declaración responsable durante un año para la misma actividad.
Esta norma permite sancionar la prestación clandestina de servicios turísticos con multas de entre 10.000 y 100.000 euros. Y en los supuestos más graves, como la obstrucción a la inspección o la aportación de documentación falsa, las sanciones podrán alcanzar hasta 600.000 euros.
El trabajo de la Policía Adscrita permite reforzar las actuaciones conjuntas con los técnicos de la Junta en apoyo a la labor inspectora y mejorar la eficacia del control frente a actividades que se desarrollan al margen de la normativa.
Los agentes de la Policía Autonómica ya se han reunido con los inspectores de las delegaciones territoriales de Turismo en todas las provincias para poner en práctica un método de trabajo conjunto. Pretenden que tenga sobre todo un carácter preventivo y disuasorio, evitando los incumplimientos.
Los agentes designados dentro de la Policía Adscrita podrá requerir la colaboración técnica de las delegaciones territoriales de Turismo para labores de comprobación de la documentación así como aclaraciones relativas al Registro de Turismo de Andalucía. A su vez, las delegaciones podrán solicitar acompañamiento policial en aquellas visitas de inspección en las que consideren necesaria su presencia, así como recabar datos relevantes obtenidos por los agentes para reforzar los expedientes inspectores.
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