Los datos de Cantó cantan

"No quiero que mis hijos sepan que su padre me pega". "¿Qué pensará mi familia?. "Su madre siempre me dice que su hijo es muy noble, que yo le vuelvo loco, que no puedo hacerle esto". "¿Cómo me mirarán en el trabajo?". "No quiero ser la comidilla del barrio". "En el fondo, tiene razón, me merezco que me trate así". "Tampoco es para tanto". "No debí poner la denuncia". "Como siga con esto, me mata. Seguro".

Hay infinidad de razones por las que una mujer que presenta una denuncia contra su pareja o su ex decide no seguir adelante con el proceso judicial, una renuncia cifrada en torno al 12% en 2011, cuyo porcentaje es especialmente preocupante entre la población inmigrante, "que no quiere decir que sean casos falsos o que no exista maltrato", subrayan desde el Instituto Andaluz de la Mujer.

El debate en torno al porcentaje de fraude que llega a los Juzgados de Violencia de Género ha estado protagonizado por las afirmaciones vertidas por el diputado de UPyD Toni Cantó en su perfil social de Twitter el pasado lunes. El portavoz del grupo parlamentario de Rosa Díez manifestó que "la mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas" y que "los fiscales no las persiguen", para añadir también que el Estado sacaría rédito económico con cada una de las denuncias a razón, dijo, "de 3.200 euros pagados por la UE", que "el 5% de los mayores de 18 años ha pasado por un procedimiento judicial vinculado con la violencia de género" o que "un tercio de los muertos a manos de sus parejas son hombres".

Las tesis a las que Cantó sirvió de altavoz, polémicas aunque no nuevas, son de la Federación de Afectados por Leyes de Género (Feder.Gen), un colectivo en la órbita del ex juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano, que reclama "igualdad real para todos los ciudadanos, en el que todas las personas reciban el mismo trato por la ley sin discriminaciones positivas que conllevan a más discriminación", según defienden en su web.

Ante la ola de desaprobación levantada, dentro y fuera de la red, las disculpas del actor llegaron el mismo lunes vía Twitter, reiteró su perdón el martes en los pasillos del Congreso y el miércoles volvió a admitir "su grave error" en la Comisión de Igualdad por "difundir datos no contrastados". ¿Pero de dónde proceden los datos oficiales?, ¿cuáles son esos números?

A día de hoy, el máximo órgano, y única fuente oficial, que recoge este tipo de estadísticas es el Consejo General del Poder Judicial a través del Observatorio contra la Violencia doméstica y de Género, que preside Inmaculada Montalbán. Para poner freno a esos casos de denuncias falsas, desde 2009 la Fiscalía investiga estos fraudes, ejemplos de procesos contra supuestos agresores sin base alguna, con el objetivo de obtener los beneficios de asistencia que otorga la ley o para agilizar los trámites de separación. Con los datos en la mano, Cantó habría errado, y mucho, su tiro. Según la Memoria de la Fiscalía de 2012, de las 134.002 acusaciones registradas en 2011 las denuncias falsas representarían un exiguo 0,014%, un porcentaje "similar" en el caso andaluz, apuntan desde el IAM.

El último balance nacional de acusaciones de maltrato es del tercer trimestre de 2012. En sólo tres meses se recibieron 33.814 denuncias -algo más de 375 al día-, la mayoría de ellas, 22.004 (un 65,7%) a través de los atestados policiales presentados en comisaria. De entre todos los casos, 3.948 se quedaron por el camino (un 11,68%) porque las víctimas decidieron renunciar al proceso judicial, el 42% de ellas, extranjeras.

La estadística andaluza arroja idénticas conclusiones: de los 7.042 expedientes registrados de julio a agosto de 2012 (al día unas 79 quejas) 778 renunciaron al proceso. Con todo, de las 1.581 órdenes de protección incoadas, los jueces acordaron 1.043 (se denegaron 538). Un auxilio que no fue suficiente o nunca fue pedido, porque no medió denuncia previa, para las ocho andaluzas (48 en España) que perdieron la vida a manos de la persona que un día se convirtió en bestia.