Sólo los fallos en los cribados con secuelas graves tendrán recorrido judicial

La alarma social por los fallos en el programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama sigue creciendo. Mientras la Fiscalía de Sevilla investiga la denuncia presentada por El Defensor del Paciente, la asociación advierte de que las vías judiciales "no serán sencillas" y reclama respuestas urgentes al Gobierno andaluz. A través de un comunicado, el organismo explica el recorrido legal de los posibles casos de diagnóstico tardío y advierte de los límites que impone la legislación vigente.

El comunicado llega tras la admisión a trámite de la denuncia presentada por la Fiscalía de Sevilla, que investiga las posibles negligencias en el programa de detección precoz, y apenas unas horas después de que las mujeres afecadas por los fallos denunciados, bajo el paraguas de la Asociación de Mujefes Afectadas de Cáncer de Mama (Amama) anunciara este martes el inicio del procedimiento para emprender acciones legales contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Un proceso jurídico limitado por la ley

En este contexto, El Defensor del Paciente asegura haber recibido "decenas de consultas de mujeres afectadas, abogados y medios de comunicación preocupados por las consecuencias estos fallos en el programa por lo que, según remarca en el comunicado dfundido este miércoles, "sólo los casos en los que pueda demostrarse una falta de comunicación de resultados sospechosos y un diagnóstico posterior en fases avanzadas -estadios III o IV- tendrían posibilidades de prosperar en los tribunales".

Por el contrario, recoge el escrito, "las pacientes diagnosticadas en estadios iniciales o sin secuelas relevantes difícilmente podrán reclamar una reparación económica", dada la naturaleza del derecho sanitario español, centrado en la compensación del daño causado.

La asociación insiste en la necesidad de un análisis individualizado de cada caso, con informes periciales específicos de oncólogos o anatomopatólogos. "No existen dos casos iguales; cada paciente requiere un estudio propio", recuerda el comunicado, que advierte del elevado coste que puede suponer para las afectadas iniciar una demanda sin garantías de éxito.

Otro de los obstáculos señalados por la organización es el criterio jurisprudencial de la "pérdida de oportunidad terapéutica", que tiende a reducir las indemnizaciones incluso cuando se demuestra una mala praxis médica. "En casi todos los casos oncológicos, las cuantías se aminoran de manera significativa", detalla el texto.

La entidad diferencia entre las responsabilidades políticas o penales y las civiles, que buscan la reparación individual del daño. "Nos parece lamentable que nadie haya asumido todavía la gravedad de este error", afirma la asociación, que exige a la Junta de Andalucía “una respuesta clara y medidas reparadoras concretas para las afectadas”.

El Defensor del Paciente concluye su comunicado reclamando a la Administración autonómica que detalle si prevé poner en marcha algún mecanismo de compensación extrajudicial o si permitirá que las mujeres afectadas se vean obligadas a afrontar "procesos largos, costosos y emocionalmente desgastantes" en los tribunales.