El Gobierno moviliza 11 millones de euros para mejorar la vida de los temporeros de Doñana

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) ha encarrilado uno de los principales quebraderos de cabeza a la hora de dotar de contenido (económico) al Acuerdo de Doñana, próximo a cumplir dos años desde su firma. Los agricultores tienen garantizada por medio del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la promesa hecha por la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, de que se pondrán en marcha cuantas ayudas sean necesarias para que cualquier productor que quiera abandonar sus cultivos, pueda hacerlo. De momento hay movilizados 28,5 millones de euros de unas ayudas que comenzarán a estar operativas esta misma semana, una vez cumplido el trámite de información pública que se cierra este miércoles.

Ahora lo toca a la que es la imagen más dramática del cultivo de frutos rojos en el entorno del Parque Nacional. Según ha podido saber este periódico, las ayudas para la mejora de las condiciones de vida de los miles de temporeros que trabajan en unas condiciones infrahumanas en los campos de cultivo del entorno de Doñana, se aprobarán de manera inminente. La volatilidad de la población de los asentamientos, hace que sea complicado determinar el número de personas que malviven en ellos. Según los datos de algunas oenegés que trabajan en la zona, los residentes en poblados chabolistas en la provincia de Huelva, rondarían los 4.000. Se trata de un número muy variable según la época del año y los ritmos de la campaña agrícola, tanto de la propia provincia onubense como la de los cultivos de otras zonas de Andalucía y España que requieren puntualmente mano de obra en épocas concretas.

Son más de 11 millones de euros que implican a dos ministerios: el de Vivienda se ocupará de dotar de una residencia digna con la que erradicar los infames asentamientos, sobre todo en las localidades de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto en la provincia de Huelva (aunque se extienden a los 14 municipios del Acuerdo), unos poblados chabolistas que se convierten en actualidad cuando un incendio se lleva por delante las pocas pertenencias que tienen. El otro es el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se implicará en la más que necesaria mejora de la imagen de quienes vienen a Andalucía a ganarse la vida, a través de campañas que combatan el racismo, la xenofobia y que favorezcan su formación e incluso ayudarles con la tramitación de sus documentos con los que regularizar su situación laboral y de residencia.

La fórmula elegida por el Gobierno es la convalidación de dos reales decretos ya aprobados hace un mes. Dirigida por el Ministerio de Transición Ecológica, su responsable, Sara Aagesen, destacó que "se trata de un asunto clave" en el marco de actuaciones del Miteco para "recuperar el Parque Nacional, incorporando a quienes desarrollan su actividad económica en torno a él". Su homóloga en Inclusión, Elma Saiz, también quiso señalar que "se trata de una medida imprescindible para armonizar la protección del medio ambiente con las medidas de inclusión social que mejoren las condiciones de vida de la población local y temporera que reside en este espacio natural".

El aspecto más significativo es el de facilitar "un alojamiento digno" a los miles de temporeros que viven en los asentamientos chabolistas. El Ministerio de Vivienda, se ha hecho eco de los informes del Defensor del Pueblo andaluz y nacional, así como de las repetidas denuncias ante las administraciones sobre la necesidad urgente de atender la situación de unas personas que viven en unos asentamientos sin acceso a saneamiento, suministro de agua y electricidad, recogida de residuos, escolarización o las condiciones de habitabilidad de las viviendas. Las actuaciones que los ayuntamientos deberán poner en marcha una vez convalidados ambos reales decretos, son la adquisición de "módulos habitacionales, inmuebles ya construidos, suelo para la construcción de viviendas sociales y la rehabilitación de viviendas ya existentes".

En este sentido, se recuerda que el pasado 3 de junio se firmó un protocolo de actuación entre el Ministerio de Vivienda y los tres ayuntamientos con este tipo de asentamientos en sus términos municipales incluidos en el Acuerdo por Doñana. Con estos consistorios se tiene previsto firmar convenios bilaterales que supondrán una mayor concreción de las actuaciones que cada uno de ellos debe ejecutar.

Tal y como se recoge en el informe sobre el balance del Marco Socioeconómico del tercer trimestre del año al que ha tenido acceso este periódico "el objetivo final es lograr la erradicación de los asentamientos chabolistas en el horizonte del año 2027, mediante la integración de las personas que actualmente residen en ellos en el núcleo urbano de cada municipio en condiciones dignas de habitabilidad".

Un plan con un solo fruto

El 25 de junio del año 2023, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, aprobaba el Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformados por población migrante (EASEN).

Casi un año después, la consejera Loles López y el entonces alcalde de la localidad de Lepe (municipio no afectado por el Acuerdo de Doñana), Juan Manuel González, inauguraban la primera residencia de temporeros en la localidad. Se trata de un albergue de 152 plazas de capacidad repartidas en 38 habitaciones. El coste al día para sus usuarios es de apenas 5 euros. El coste fue sufragado por el Consistorio lepero y una aportación de la Junta procedente de fondos europeos.