El Gobierno publica la orden para que los agricultores de Doñana dejen sus cultivos

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) colgó ayer la orden de subvenciones destinadas a los productores que tienen sus fincas en el entorno de Doñana, en concreto en los 14 municipios incluidos en el Acuerdo alcanzado por Junta y Gobierno hace año y medio, para que puedan abandonar sus cultivos y renaturalizar sus explotaciones. Se trata, como se ha insistido en repetidas oportunidades y así figura en la orden de recuperar el acuífero del Parque Nacional porque “en los últimos 25 años se ha producido un gran crecimiento del uso agrícola”, que ha dado como resultado “que tres de las cinco masas de agua subterránea –La Rocina, Almonte y Marismas– que forman dicho acuífero, se hayan calificado como en mal estado”.

A comienzos de agosto, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunciaba la publicación del marco general de actuaciones a través de la Fundación Biodiversidad. Lo que faltaba era esta orden específica dirigida a los agricultores del entorno de Doñana que quisieran acogerse a las mismas. Esa orden ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, aunque este periódico pudo acceder al contenido de la misma en el día de ayer. De hecho, el plazo para solicitar dichas ayudas comienza hoy mismo y está abierto hasta el próximo 8 de septiembre.

Será entonces y a través de los mecanismos establecidos en la propia orden, cuando se comience el proceso de evaluación que deberá conducir al reparto de los 28,5 millones de euros (medio millón más de lo anunciado por el Miteco en un primero momento). Se trata de la primera convocatoria de las ayudas, por lo que de ser necesario alguna más, se plantearían nuevas líneas de subvenciones. No obstante, esta cantidad daría para que 407 hectáreas dejaran de estar en situación productiva.

Las ayudas del Miteco llegan hasta los 70.000 euros por hectárea, a través de diez pagos anuales durante una década para quienes transformen sus tierras de cultivo en forestal durante al menos 30 años. La cantidad llegará hasta los 100.000 euros en la Corona Norte gracias a la aportación adicional de la Junta de Andalucía (20.000 euros por hectárea) y la Diputación de Huelva (10.000 euros). Ambas instituciones quedan pendientes de publicar sus respectivas órdenes en los boletines oficiales de ambas, algo que las dos prometieron hacer tan pronto como lo hiciera el Gobierno central. Se espera, por lo tanto, que lo hagan a lo largo de la próxima semana.

El proyecto expresa su intención de contribuir a “revertir la degradación ambiental y a recuperar el funcionamiento ecológico de espacios degradados, con una proyección de futuro que permita nuevas posibilidades de desarrollo más sostenible, innovador y justo”.

Los conceptos que serán subvencionables servirán para la puesta en marcha de procesos de forestación y la creación de superficies forestales; operaciones de inversión para la forestación y la creación de superficies forestales; o el mantenimiento de la forestación y del uso natural de la superficie forestada, la cual se “subvencionarán a lo largo del tiempo mediante una serie de pagos periódicos que adoptarán la forma de prima anual por hectárea que cubrirá las rentas no percibidas y de mantenimiento”.

Los beneficiarios serán tanto personas físicas como personas jurídicas que sean titulares de derechos reales que permitan realizar sobre los terrenos, la actividad objeto de la ayuda, así como aquellas que sean titulares de una explotación agraria o silvícola inscrita en los registros correspondientes, incluyendo arrendatarias y aquellas que ostenten una concesión administrativa por derecho de uso mediante canon.

También se incluye a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades relacionadas con I+D+i; organismos públicos de investigación; administraciones públicas; Centros Tecnológicos de ámbito estatal sin ánimo de lucro y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica sin ánimo de lucro de ámbito estatal; y Universidades públicas; y agrupaciones de personas físicas y jurídicas, públicas o privadas que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actuaciones objeto de subvención.

Tal y como adelantó este periódico el pasado día 9, entre los requisitos necesarios para poder optar a estas ayudas, se encuentra el estar al día del pago de sanciones por falta de regularización de cultivos. Se trata de evitar que estas cantidades se destinen al pago de las multas pendientes, o que las mismas supongan una especie de amnistía encubierta. Cualquier productor con algún tipo de sanción, deberá abonarla y justificarla antes de poder acceder a estas cantidades.