IU denuncia ante la Fiscalía General a los consejeros de Salud de Juanma Moreno por los errores en el cribado del cáncer de mama

La denuncia ante la Fiscalía General del Estado presentada por IU Andalucía señala posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones y omisión de servicios sanitarios en la gestión del cribado de cáncer de mama. Los tres últimos consejeros de Salud del Gobierno del PP en Andalucía —Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández— aparecen como principales responsables en un caso que, según la formación política, ha expuesto a "miles de mujeres a un riesgo cierto y grave para su salud".

El escrito presentado argumenta que las deficiencias en el seguimiento clínico del programa de detección precoz podrían haber provocado diagnósticos tardíos de cáncer de mama con consecuencias potencialmente fatales. "De haberse producido el fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado y haya recibido un resultado dudoso sin el seguimiento correspondiente, estaríamos ante un supuesto de homicidio imprudente", recoge textualmente la denuncia.

Esta situación salió a la luz a finales de septiembre de 2024, cuando la asociación AMAMA hizo públicas las irregularidades detectadas en el programa de cribado. Según IU, esta organización habría alertado previamente a los anteriores consejeros sobre estos fallos sistemáticos, sin que se tomaran las medidas correctoras necesarias.

Cronología de la crisis sanitaria en Andalucía

El caso ha ido escalando desde que la asociación de mujeres afectadas por el cáncer de mama (AMAMA) denunciara públicamente las graves deficiencias en el programa de detección precoz. La principal irregularidad detectada consiste en que numerosas pacientes con resultados dudosos o que requerían seguimiento adicional no fueron convocadas para las revisiones necesarias, quedando sin control médico durante periodos prolongados.

Toni Valero, coordinador de IU Andalucía, ha calificado la situación como un "escándalo" que mantiene "en vilo a miles de mujeres con la incertidumbre de no saber si tienen cáncer de mama". Según sus declaraciones, esta crisis sanitaria "no es fruto de un error, sino consecuencia del maltrato de Moreno a la sanidad pública mientras engordan las cuentas de las clínicas privadas".

La denuncia señala directamente a tres altos cargos que han ocupado la Consejería de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla: Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento andaluz; Catalina García, ahora al frente de la Consejería de Medio Ambiente; y Rocío Hernández, actual titular de Salud.

Implicaciones legales de la denuncia

El escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado apunta a tres posibles delitos de especial gravedad: homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión de prestar servicios sanitarios. La argumentación jurídica se basa en que la falta de seguimiento adecuado habría impedido diagnosticar a tiempo casos de cáncer, derivando en tratamientos más agresivos o incluso en fallecimientos que podrían haberse evitado.

Según explica IU en su denuncia, los hechos "reflejan un fallo sistémico en la gestión sanitaria que no solo ha generado un perjuicio potencial a miles de mujeres andaluzas, sino que también constituye una grave quiebra de la confianza ciudadana en las instituciones sanitarias públicas".

La formación política sostiene que existirían "posibles responsabilidades administrativas y penales por parte de los responsables de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud", especialmente tras las advertencias que AMAMA habría realizado a los anteriores gestores sanitarios.

El programa de cribado de cáncer de mama en España

Los programas de cribado de cáncer de mama constituyen una herramienta fundamental para la detección precoz de esta enfermedad oncológica, que afecta anualmente a más de 34.000 mujeres en España. Estos programas se basan en la realización periódica de mamografías a mujeres entre 50 y 69 años, aunque algunas comunidades autónomas han ampliado este rango de edad.

El protocolo estándar establece que, ante un resultado dudoso o que requiera seguimiento, las pacientes deben ser citadas para pruebas complementarias en un plazo máximo recomendado. El incumplimiento de estos plazos o la ausencia de seguimiento pueden comprometer gravemente la efectividad del programa y la salud de las afectadas.

En Andalucía, el programa de detección precoz de cáncer de mama se implementó en 1995, y desde entonces ha sido una herramienta clave en la política sanitaria preventiva de la comunidad. Las irregularidades denunciadas suponen un importante retroceso en la calidad asistencial y en la confianza de la población en este servicio esencial.

¿Qué consecuencias puede tener un diagnóstico tardío?

Los especialistas en oncología coinciden en señalar que la detección temprana del cáncer de mama es determinante para el pronóstico de la enfermedad. Un diagnóstico en fases iniciales permite tratamientos menos invasivos y tasas de supervivencia que pueden superar el 90% a cinco años.

Por el contrario, los diagnósticos tardíos suelen requerir abordajes terapéuticos más agresivos, incluyendo cirugías más extensas, quimioterapia intensiva y radioterapia, con mayores efectos secundarios. Además, la tasa de supervivencia disminuye significativamente cuando el cáncer se detecta en estadios avanzados.

Expertos consultados explican que un retraso de varios meses en el diagnóstico puede suponer la diferencia entre un tratamiento conservador y uno radical, o incluso comprometer las posibilidades de curación. Esta es precisamente la base de la acusación de homicidio imprudente que plantea IU en su denuncia.

Reacciones políticas y sociales

La denuncia ha generado un importante revuelo político en Andalucía. Desde IU, su coordinador Toni Valero ha afirmado que el presidente andaluz "ya ha cruzado todas las líneas rojas", lo que habría motivado la presentación de esta denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, asociaciones de pacientes como AMAMA han mantenido una postura crítica con la gestión de la Consejería, reclamando responsabilidades y medidas urgentes para solucionar las deficiencias detectadas y garantizar la atención adecuada a todas las mujeres afectadas.

La oposición en el Parlamento andaluz ha solicitado la comparecencia de la actual consejera de Salud, Rocío Hernández, para que dé explicaciones sobre la gestión del programa y las medidas adoptadas tras conocerse las irregularidades. También han pedido la dimisión de los responsables políticos implicados en este caso.

A principios de 2025, el Gobierno andaluz anunció un plan de choque para revisar todos los casos pendientes y normalizar el funcionamiento del programa de cribado en toda la comunidad, aunque las críticas por la gestión previa continúan generando debate político y social en Andalucía.

Adelante también formaliza su denuncia

Adelante Andalucía ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía por la posible comisión de tres delitos por parte de responsables de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta en los fallos registrados en las pruebas de detección precoz del cáncer de mama.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha explicado este martes que este caso que se dio a conocer la semana pasada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) y diversas víctimas que manifestaban retrasos de hasta dos años a la hora de informar sobre los resultados del cribado de cáncer de mama, "no solo se están sobrepasando todas las líneas rojas, sino que también se pueden estar cometiendo delitos".

Desde la formación entienden que hay indicios de la posible comisión de los delitos de lesiones imprudentes, homicidio por imprudencia y de dejación de funciones del servicio público, o subsidiariamente, de omisión del deber de prestar servicios sanitarios.

La denuncia ha sido presentada contra la actual consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, la anterior responsable de este departamento, Catalina García, la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y la viceconsejera de Salud, María Luisa del Moral. "Queremos que se conozca la verdad, queremos que se conozca cuáles son los responsables políticos y queremos que se conozca si también hay responsabilidades penales y sobre todo, queremos que esto no vuelva a suceder", ha señalado García a los periodistas.

El portavoz de Adelante Andalucía ha lamentado que la sanidad pública no debería "estar nunca para poner en peligro la vida de ningún andaluz, de ninguna andaluza", y que el cáncer "debería estar por encima de todo debate político", algo que ha sido así hasta esta semana en la que, en su opinión, "la confianza se ha roto" y, por tanto, la justicia debe entrar a investigar lo sucedido.

Preguntado por si se sumará a la denuncia que presente Amama, García ha asegurado que "todo suma" en este tipo de casos, y que, por lo tanto, su formación "van a llegar hasta las últimas consecuencias". Si bien ha matizado que siempre se pondrán "detrás de la sociedad civil" porque la asociación y las víctimas son las "protagonistas" de lo que está ocurriendo.

Según el texto de la denuncia remitida a los medios de comunicación, el servicio jurídico de la formación entiende que concurren en el presente caso los requisitos que exige la jurisprudencia para poder hablar de los delitos de lesiones y homicidio imprudente.

Estos son una conducta -acción u omisión- voluntaria pero no intencional; la previsibilidad y evitabilidad del resultado dañoso de tal conducta; una infracción por el agente de un deber objetivo de cuidado; la producción del resultado dañoso o lesivo de bienes jurídicos legalmente determinados, y la existencia de una relación de causalidad entre la conducta y el resultado producido.

Además de Adelante Andalucía, también ha anunciado la presentación de una denuncia el Defensor del Paciente e Izquierda Unida, esta última ante la Fiscalía General del Estado.