María Jesús Montero defiende que el ahorro de la deuda sí se puede emplear en gasto social

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que el ahorro que las comunidades autónomas obtengan por la quita de su deuda no se pueda usar en gasto social, tal como defiende el PP como argumento contra la condonación. "Es falso", ha indicado la también vicepresidenta del Gobierno al presentar el proyecto de ley que perdonará a las autonomías 83.252 millones de euros. 18.791 millones de euros en el caso andaluz. "Es una medida histórica -ha indicado después del Consejo de Ministros-, es una medida excepcional que beneficia a todas las comunidades, incluidas las que, como Madrid, no tienen deuda con el Estado, todas ganarán autonomía financiera y autonomía política".

El ahorro de las comunidades viene ligado a la disminución del pago de intereses. Según Montero, las autonomías dejarán de pagar entre 6.600 y 6.700 millones de euros que, en su opinión, sí se pueden destinar a gasto social. Que esta cantidad se pueda emplear o no en sanidad o educación depende de la evolución de la llamada regla de gasto, que es un cinturón presupuestario que tienen las administraciones públicas. Lo que sí es indudable es que la quita conlleva un ahorro en el pago de intereses.

La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) sostiene, sin embargo, que esta medida supondrá un ahorro en intereses y que implicará una reducción del déficit, pero defiende que “este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas".

Montero ha explicado del siguiente modo por qué se podrá utilizar ese dinero. Cuando se elaboren los presupuestos, por ejemplo los de la Junta de 2026, hay que hacer una previsión de gastos y ya no habrá que presupuestar el pago de 300 millones de euros en intereses. Ese fondo repercutirá o en más gasto corriente (capítulo 2) o en más inversiones (capítulo 6), ya que se pagará menos en el capítulo 3, que es el de los intereses. El bloque de gasto no financiero, que es lo que vigila la regla de gasto, no se alteraría de este modo.

"Se inventan que el ahorro no se puede emplear en el Estado del bienestar porque no saben cómo explicarle a los ciudadanos que rechazan esa quita", ha añadido. "La regla fiscal no limita el gasto según el origen de los ingresos", ha añadido.

El proyecto de ley debe pasar ahora por el Congreso de los Diputados, donde se necesita una mayoría absoluta para sacarla adelante. De momento, ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP acudirá a la condonación en el caso de que se apruebe. Andalucía es una de ellas.

Montero ha asegurado que el proyecto de ley no paraliza su intención de reformar el modelo de financiación autonómica y ha negado que beneficie, de modo especial, a Cataluña. "La comunidad autónoma con mayor condonación en términos absolutos es Andalucía -ha señalado-, la más beneficiada en términos de población ajustada es Valencia y la más beneficiada en porcentaje es Canarias, todas donde el PP gobierna".

Juanma Moreno ha empleado este martes un argumento nunca utilizado hasta ahora para oponerse a la quita de la deuda autonómica. "Andalucía no tiene un problema de deuda", ha asegurado el presidente andaluz de Santander, donde ha defendido que el pasivo de la Junta es bajo en comparación contras comunidades. No obstante, la deuda actual de la administración autonómica es de 40.490 millones de euros, el 18,8% del PIB.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta misma mañana el proyecto de ley de condonación de deuda a las autonomías, se trata de una quita total de 83.252 millones de euros, de los que Andalucía podría beneficiarse en 18.791 millones de euros. Sin embargo, Moreno, como el resto de presidentes autonómicos del PP, no acudirá a la quita.

En Santander, el presidente de la Junta ha defendido que la condonación se debe "a una operación política para cumplir el compromiso de Pedro Sánchez con ERC, se trata de salvar a Sánchez". La opinión de Moreno, compartida con su consejera de Hacienda, Carolina España, es que la deuda andaluza se puede conllevar sin un gran esfuerzo y, aunque así fuese, entienden que la condonación no les daría margen para gastar más dinero en los servicios públicos fundamentales, tales como sanidad y educación.

La quita sí lleva aparejada un ahorro inmediato del pago de intereses que se paga por el pasivo, y que se calcula en 1.400 millones de euros a lo largo de la próxima década para el caso de Andalucía. Está por ver si ese ahorro serviría para incrementar el gasto social: esto depende de la llamada regla de gasto, que actúa como un cinturón presupuestario para que las administraciones no se comprometan en obligaciones en los momentos de bonanza económica.

La quita de la deuda procede de un compromiso del PSOE con ERC cuando se acordó la investidura de Pedro Sánchez, y de ahí procede la oposición del PP. El Gobierno justifica la medida, que es para todos y voluntaria, porque las comunidades debieron asumir costes excepcionales durante la Gran Recesión, unos desequilibrios que se solventaron con el envío de fondos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Este fondo es el que ahora asume, en parte, el Gobierno central.