Las megaplantas solares y el mundo rural

La instalación de plantas de energía fotovoltaica es cada vez más frecuente en el paisaje rural andaluz. Su impacto medioambiental y social es evidente. Cada vez más asociaciones ecologistas, agricultores o vecinos se oponen a su instalación. Desde las patronales del sector, autistas a las quejas vecinales, se insiste que el porcentaje que representan sobre la totalidad del territorio es mínimo. Eso es así si computamos, por ejemplo, las masas forestales o espacios protegidos donde su instalación no está permitida. Si descontamos dichos territorios el espacio que ocupan no es tan irrelevante y, en algunos municipios, caso de Alcalá de Guadaíra, Carmona, Guillena o Gerena los desarrollos realizados o previstos ocuparán una parte sustancial de su término municipal.

Paradójicamente, la instalación de estas plantas ayudan a la transición energética a un alto coste medioambiental y social. Estas plantas no solo inciden negativamente en la flora y la fauna o, por el uso intensivo del suelo, en el paisaje rural. También afectan al desarrollo económico y a la fijación de la población en las comarcas afectadas. Durante su construcción tiene un impacto positivo en el empleo y, de manera permanente, en las arcas municipales. Terminada la obra, genera poco empleo, prácticamente ninguno. Deja yerma, para siempre, grandes superficies de suelo, aportando poca o nula riqueza a la economía local. Favorece el absentismo rentista. La actividad agrícola, por el contrario, mantiene el ecosistema y ayuda a la fijación de la población rural, creando empleo constante y duradero de manera directa en las labores agrícolas e indirecta en toda la industria auxiliar, así como de transformación. Para la instalación de una planta solar debería analizarse no solo el impacto medioambiental, sino también el impacto económico y social que, a largo plazo, genera en la comarca su instalación. Así, tiene sentido, con las correspondientes medidas correctoras medioambientales, la instalación de plantas solares en tierras pobres, de secano, con poca o nula rentabilidad y aportación al PIB local. No tiene sentido, salvo para autoconsumo, la instalación de plantas solares en otro tipo de tierras susceptibles de ser destinados a cultivos intensivos de riego con una razonable rentabilidad y aportación al PIB local en términos de empleo directo o indirecto. Y mucho menos sentido tiene su instalación en tierras dedicadas a la arboleda, por ejemplo el olivar, quizás con los cítricos el cultivo más social por el empleo directo e indirecto que genera, la riqueza que aporta a las comarcas olivareras y que, por si no fuera suficiente, actúa como sumidero de carbono ayudando a mitigar el cambio climático.

Desde las administraciones, tanto estatal como autonómica, se ha optado, con dispensas singulares y una legislación 'ad hoc', por favorecer la implantación masiva de grandes plantas solares, con absoluto desprecio al mundo rural. La vigente ley del suelo andaluza (Lista) equipara las instalaciones fotovoltaicas a los usos, ganaderos o agrícolas, propios del suelo no urbanizable. De esa manera su implantación no necesita de alteraciones o modificaciones de planeamiento como, por el contrario, sí se exige en suelo no urbanizable a cualquier otra actividad industrial. Se facilita y simplifica así su instalación en cualquier suelo no urbanizable, salvo aquellos especialmente protegidos. Para su aprobación se necesita, eso sí, el correspondiente estudio de impacto ambiental, no así estudios de impacto social o sostenibilidad económica. Siempre, en caso de negativa u oposición de los afectados, la declaración de interés público y social por la administración competente supondrá, amparándose en una antigua legislación pensada para proyectos de naturaleza pública y que ahora se utiliza en beneficio de particulares, la expropiación de los terrenos a favor de la empresa promotora beneficiaria del proyecto. Todo está a favor del promotor. El agricultor, hombre curtido por la tierra, sabe que poco o nada podrá hacer contra estos proyectos que asolan sus campos, despueblan sus pueblos y borran la memoria colectiva.

La energía solar es necesaria para la transición energética. Andalucía puede y debe jugar un papel importante. Pero se debe hacer de manera equilibrada y ordenada. Urge la aprobación de un Plan de Ordenación del Territorio, participativo y trasparente, que limite, regule y ordene el desarrollo de las plantas solares, dónde y cómo se deben implantar. Su limitación, con las facultades muy mermadas, no se puede dejar en manos de la autonomía municipal. Las plantas solares no deben servir solo para suministrar energía barata a otros territorios, sino que deben coadyuvar a la cohesión social y al desarrollo local e industrial de Andalucía. Hubo un tiempo que Andalucía fue líder mundial en desarrollo solar, aquí se creaba, desarrollaba y exportaba tecnología punta. Ese sueño quebró un otoño de 2015. Desde entonces el sector ha quedado, con el beneplácito del gobierno autonómico, en manos de multinacionales foráneas, fondos y especuladores oportunistas que entienden esta tierra como un lugar de explotación y no de desarrollo.

Como hemos dicho al principio, el mundo rural empieza a oponerse a las plantas solares. Algunos Ayuntamientos, con lo que pueden, empiezan a limitar y ordenar su desarrollo. No se oponen a la energía solar, exigen un desarrollo más racional y sostenible no solo medioambiental sino también económica y socialmente. Que se le escuche y se le respete. Que las plantas solares sirvan para el desarrollo del mundo rural, fijen a la población, creen empleo estable y ayuden a su transformación y modernización. Que en los pueblos de Andalucía las plantas se empiecen a ver como generadoras de vida y no como instalaciones exógenas que, sin nada a cambio, les confisca su propio territorio.