El Parlamento andaluz aprueba una ley de buenas intenciones por Navidad

Los representantes del tercer sector en Andalucía querían una norma que emanase del Parlamento y no del Gobierno andaluz o de cualquier grupo parlamentario de manera individual. Y, por una vez, sus señorías le han hecho caso a la sociedad civil aunque al final las cosas se hayan torcido un poco. El Parlamento acaba de aprobar, con los votos favorables del PP y el PSOE y la abstención de Por Andalucía y Adelante Andalucía y la sola oposición de Vox, la Ley del Tercer Sector en Andalucía, una norma que pretende regular a las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro proporcionándoles seguridad jurídica.

Se trata, en realidad, de una norma de buenas intenciones ya que no incluye fondos concretos para estas entidades pero sí un registro obligatorio para todas las ONGs que trabajan en la comunidad autónoma y a través del cual podrán acceder a las ayudas públicas. Y ha sido llevada a la Cámara por los grupos popular, socialista, el de Adelante Andalucía y también el de Por Andalucía, si bien estos dos últimos han optado al final por la abstención.

Los detalles

La iniciativa tiene como objeto "configurar y definir el tercer sector social de Andalucía a través de las organizaciones y redes que lo conforman, y adoptar y promover medidas orientadas a fortalecer dichas organizaciones y redes a fin de impulsar la cooperación y colaboración de las organizaciones entre sí, con el sector público y el tejido empresarial, para promover su participación y contribución en el ámbito de la intervención social en general y, específicamente, en las políticas y sistemas de responsabilidad pública relacionados con dicho ámbito".

Sitúa como "parte del tercer sector social de Andalucía" a "las organizaciones de iniciativa social, con sede y actividad en Andalucía, cuya finalidad principal es promover, a través de actividades de intervención social, la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia, o cualquier otra actividad contenida en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Andalucía".

La iniciativa detalla las características que debe reunir una entidad para ser considerada como parte del "tercer sector social", entre las que figuran la de que esté conformada, "total o parcialmente, por personas voluntarias o asociadas", así como que no tengan como finalidad la "obtención de beneficios económicos", y que los que "eventualmente obtenga" los revierta "en la actividad que le sirve de objeto", y no los distribuya "entre sus socios".

Define también los "principios de actuación" a los que deben someterse las organizaciones del tercer sector social de Andalucía, entre los que figuran los de "solidaridad y justicia" y "responsabilidad pública y corresponsabilidad en la inclusión social", así como reconoce a estas entidades el "derecho a participar en las políticas públicas que les conciernen en todas sus fases, incluida la fase de ejecución, (...) sin menoscabar las facultades de decisión que correspondan a los órganos de gobierno de cada institución".

En el colegio

Uno de los puntos de esta ley es la promoción del voluntariado en los centros escolares"introduciendo en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas, aquellos contenidos y referencias al tercer sector social precisos para su justa valoración como vía de participación de la ciudadanía y de los grupos en los que se integra la sociedad civil", y "reconocer" a estas organizaciones "la condición de entidades colaboradoras de la Administración autonómica con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente".

Contempla también la creación del 'Observatorio Andaluz del Tercer Sector Social', "dependiente de la Consejería competente en materia de servicios sociales", y concebido como "un instrumento técnico de la Junta de Andalucía encargado de la recopilación, sistematización, actualización y generación de información y conocimiento, así como de su difusión, en las esferas relacionadas con el tercer sector social y con las organizaciones y redes integradas en él".

La diputada de Vox Ana María Ruiz ha justificado el voto en contra de su grupo, el único en toda la Cámara, porque "se alinea de forma explícita" con la Agenda 2030, "un marco ideológico global que no ha sido sometido ni siquiera al debate democrático real de los ciudadanos españoles, y que se utiliza cada vez con más frecuencia como excusa para imponer políticas que nadie ha votado en España, y que no responde a nuestras prioridades más urgentes", según ha denunciado.

Problema legal

El texto legal se ha modificado en el último momento con la retirada de un punto de la ley en el que se reconocían competencias profesionales a las actividades de voluntariado, un asunto sobre el que los letrados de la Cámara han planteado reparos y que, finalmente, ha quedado fuera de la norma.