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"A las universidades les ha sobrado dinero"

Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento

El consejero admite una deuda con las universidades de 228 millones de euros, pero insiste en que durante la crisis éstas contaron con fondos suficientes para un buen funcionamiento

El máximo responsable del departamento de Economía y Conocimiento posa en su despacho, en la isla de la Cartuja. / Fotos: José Ángel García
Cristina Díaz Sevilla

13 de noviembre 2016 - 02:34

Antonio Ramírez de Arellano (Sevilla, 1964) asegura que las universidades públicas andaluzas tienen sus cuentas saneadas, además de suficientes recursos para su buen funcionamiento diario. No obstante, reconoce que la Junta le adeuda a estas instituciones académicas cerca de 230 millones de euros, que corresponden a subvenciones y convocatorias anteriores a 2015.

-Los rectores llevan meses criticando el modelo de financiación y reclamando más recursos. ¿Cómo está abordando esta crispación?

-No creo que haya una situación de crispación. Lo que se ha trasladado públicamente son preocupaciones perfectamente razonables, que tenemos que escuchar y atender. Pero esas preocupaciones hay que contextualizarlas. Hay que analizar si hemos acertado o no con la estrategia universitaria que hemos seguido estos años.

-¿Qué balance hace usted?

-Creo que es para estar satisfechos. Hace 20 años, el sistema universitario andaluz quedó constituido por nueve universidades públicas. En estos años se ha ido trabajado para que todas ellas respondan a unos niveles de calidad suficientes y estén dentro de los promedios nacionales e internacionales. Hoy, todas se encuentran dentro de los mil primeros puestos de los rankings internacionales, lo que supone estar entre el 5% de las mejores universidades del mundo. Y su producción científica tiene una visibilidad internacional. Algunas, como la Universidad de Granada, destacan especialmente en este campo. Las universidades han funcionado como auténticos igualadores sociales, con un sistema donde ha primado la igualdad de oportunidades y la libertad de estudios. Tenemos un modelo coherente y sólido.

-Algunos sectores consideran que hay demasiadas universidades en Andalucía y critican la duplicidad de títulos en un mismo territorio.

-No estoy de acuerdo con ese planteamiento. En Andalucía hay nueve universidades públicas convencionales y algo más de 400 grados. Si uno hace las cuentas, la media son unos 22.000 estudiantes y unos 40 grados por cada universidad. Si se revisan los datos a nivel mundial, 40 grados no es un promedio muy alto, es lo normal. En cuanto a los másteres, hay en torno a unos 500. En esta cuestión, Andalucía no ha crecido mucho durante la crisis y no hay problemas de titulaciones con muy pocos alumnos, como sí ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Es más, en 2010 se aprobó un mapa de titulaciones y no se han puesto todas en marcha.

-¿No le resulta abusivo que en una misma ciudad, como es el caso de Sevilla, haya dos facultades de Derecho, por ejemplo?

-Y ambas se llenan. Sí, es cierto que hay casos puntuales que hay que analizar, pero hay que verlo desde una perspectiva general. En Andalucía se ha actuado con una gran dosis de racionalidad en lo que respecta al mapa de titulaciones, no como en otras comunidades. En algunos territorios ha habido barra libre y, cuando han llegado años difíciles, se han encontrado títulos con pocos alumnos y muchos profesores. Nosotros hemos apostado por un modelo coherente, con universidades en cada territorio para dinamizar la economía.

-¿Cómo influye estas instituciones académicas en la economía local?

-Las universidades son un dinamizador de la economía local. Por cada euro que recibe, devuelve cuatro a la economía local. Por ejemplo, si a la Universidad de Sevilla se le transfiere en torno a 400 millones de euros, ésta mueve la economía local en unos 1.600 millones. Si en Almería no hubiera una universidad, las rentas de sus 14.000 estudiantes se irían a otros lugares.

-Usted dice que el modelo es bueno pero los rectores andaluces insisten en la insuficiencia financiera y hablan de "asfixia económica".

-Es cierto que el actual modelo financiero entró en vigor en 2007 por un periodo de cinco años y que se ha prorrogado cinco años más a causa de la crisis. Está claro que no vamos a prorrogar más este modelo. Pero analicemos los datos. En los últimos 9 años, hasta el 31 de diciembre de 2015, las universidades ingresaron 16.000 millones de euros en total y gastaron 15.500 millones de euros, de tal manera que, las universidades, en su conjunto, en este periodo han acumulado un superávit de unos 500 millones de euros. Según estos datos, creo que no se puede afirmar que las universidades hayan pasado por una época en las que les hayan faltado los recursos. Les ha sobrado dinero. Los gastos generales y de personal estaban cubiertos.

-Si tenían recursos suficientes, ¿cuál ha sido el problema?

-Primero, los problemas de tesorería que sufrieron todas las administraciones. También de certidumbre, porque el modelo establecía un reparto básico de recursos y el resto dependía de convocatorias y subvenciones. Y tercero, los problemas relacionados con la carga burocrática. Tú le concedes una subvención a una universidad, pero el proceso de evaluación y justificación es tan complejo que hasta que reciben el dinero pasa mucho tiempo. Esto siempre ha sido así, pero llegó un momento en que los trámites burocráticos colapsaron el sistema.

-Pero sí ha habido recortes presupuestarios.

-Los verdaderos recortes han venido de los planes de estabilidad presupuestaria impuestos por el Gobierno de España. Esto ha supuesto que de las cantidades que inicialmente estaban previstas presupuestar, hemos tenido que detraer casi 500 millones de euros en total en estos años. No hemos podido llegar al objetivo del 1,05% del PIB porque estábamos obligados a cumplir los planes de equilibrio.

-¿Afirma que la Junta cumplió con las universidades en el aspecto financiero?

-De los 16.000 millones que han recibido las universidades en estos 9 años, 12.000 millones procedían de la Junta. El resto debían aportarlo las propias instituciones académicas a través de recursos propios u otros medios. Si uno echa las cuentas, sale que la Administración le ha transferido a las universidades el 75% del total de sus recursos y las universidades, por su cuenta han captado el 25%. El compromiso era del 70%-30%, por lo que la Junta ha más que cumplido su compromiso.

-Pero el objetivo era llegar con recursos públicos y privados al 1,3% del Producto Interior Bruto regional y esto no se ha conseguido. ¿Por qué?

-La Junta está poniendo el 0,97% del PIB, aunque el compromiso es del 1,05%. Sí, es cierto, faltaría el 0,08%. Estamos de acuerdo. La pregunta es ¿cuánto están poniendo las universidades? Deberían poner el 0,25% del PIB regional. ¿Lo están poniendo? No, porque también ellas están pasando serias dificultades. No hemos estado dando lo que deberíamos y las universidades tampoco, pero la Junta ha cumplido más que las propias universidades.

-¿Y la deuda que reclaman las universidades a qué se debe?

-La deuda corresponde a convocatorias y subvenciones anteriores al 31 de diciembre de 2015 que no llegaron a abonarse. Hay que dejar claro que las universidades ya liquidan bien y en equilibrio. No tienen deudas con los proveedores.

-¿A cuánto asciende la deuda de la Junta?

-La deuda acreditada es de 228 millones de euros. No a todas las universidades se les debe dinero. A la Pablo de Olavide, la Universidad de Córdoba o a la de Huelva se les debe cero euros. La Junta llegó a deber a las instituciones académicas casi mil millones de euros. Ahora estamos dentro de los parámetros normales. Antes de la crisis, la deuda corriente con las universidades era de 300 millones de euros.

-Las instituciones académicas, sin embargo, reclaman 333 millones. ¿A qué se debe esa diferencia de más de 100 millones?

-Nosotros llamamos deuda a aquellos documentos que se encuentran en una fase administrativa que se denomina obligación de pago anteriores al 31 de diciembre de 2015. Puede haber asuntos de 2016 que aún no se han abonado, pero aún estamos dentro de plazo. Por otro lado, existen compromisos adquiridos que aún no se han abonado. Ahí está la diferencia. Es una cuestión de matiz, no es un problema grave. Estas discrepancias las entendemos, no las vemos graves.

-¿Cuál es el presupuesto para la educación superior para 2017?

-El presupuesto global de la Consejería de Economía y Conocimiento es de 1.730 millones. Las universidades recibirán seguro 1.400 millones, pero podrán aprovecharse de otras partidas del departamento, como por ejemplo, las vinculadas a la investigación, y concurrir a más de 1.500 millones de euros.

-De forma unánime, los rectores andaluces han firmado un comunicado donde se quejan de las diferencias entre departamentos y destacan que su presupuesto sólo aumenta en un 1,6%, mientras que el de otras consejerías lo hacen hasta en un 14%. ¿Qué opina?

-Ahora mismo, esta Consejería está más ligada a cuestiones cualitativas que cuantitativas. La estrategia ha sido garantizar las transferencias, aumentar los planes de apoyo y excelencia y reducir las convocatorias para que las universidades ganen en certidumbre y seguridad. Hay departamentos que este año tendrán que terminar de consolidar proyectos que ya avisaron que serían caros, como la puesta en marcha de la Lomce o las infraestructuras sanitarias.

-¿Qué va a ocurrir con el acceso a la universidad el próximo mes de junio?

-Yo creo que el Gobierno debe recapacitar, se ha metido en un callejón. Según he leído, porque no tenemos la información, el Gobierno quiere mantener la reválida de Bachillerato, pero que no sea obligatoria. La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) está muerta y para recuperarla se debe modificar la Lomce, que es una ley orgánica, pero parece que el Gobierno no quiere ir al Parlamento a hacerlo, como debería. Si no hay distrito único y cada comunidad o cada universidad tiene un sistema distinto, ¿cómo se va un estudiante andaluz a estudiar a Valencia? En Andalucía, vamos a realizar una prueba lo más parecida posible a la PAU, vamos a mantener el distrito único y establecer acuerdos con otras comunidades.

-¿Cree que la PAU era un buen sistema o modificaría algo?

-La PAU funcionaba perfectamente y nunca jamás nadie puso ninguna pega. ¿Por qué se pone ahora en duda? Los que están sufriendo las consecuencias de todo esto son los jóvenes. Se les somete a las mayores incertidumbres, se les sube las tasas universitarias, se les impone pruebas nuevas, se habla de 3+2 de manera apresurada cuando los másteres valen más del doble que los otros títulos. ¿Qué le han hecho los jóvenes de este país al Gobierno para que se les trate de esta manera cuando son el futuro del país?

-El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio carpetazo a la denuncia contra usted al no ver indicios suficientes de prevaricación y falsificación. ¿Cómo vivió la investigación? ¿Le dolieron las acusaciones?

-Me pareció un proceso muy largo. Un proceso de esta naturaleza que se prolongara durante más de un año le veo poco sentido y, por lo demás, poco más que decir. Estaba convencido del resultado final desde el primer momento. Prefiero no hacer más valoraciones.

-¿Se sintió apoyado?

-Me sentí apoyado en todo momento por las personas que tenían que apoyarme. Sé en el mundo en el que estoy. Sé que estas cosas generan titulares e intervenciones poco afortunadas de la gente. Yo miro para delante siempre. La única objeción es que estas cosas duran demasiado tiempo, deberían ser más ágiles.

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