Estas son las indemnizaciones a las que tienen derecho las personas heridas en accidentes ferroviarios

La cobertura del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) será compatible con el resarcimiento de la responsabilidad civil

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Adamuz, días después de la tragedia.
Adamuz, días después de la tragedia. / EFE/EP

Los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) han sacudido a la sociedad española la última semana. Ambos siniestros han dejado cerca de dos centenares de personas heridas de diversa gravedad, quienes tienen derecho a recibir una indemnización por los daños causados. Con independencia de en quien recaiga la responsabilidad, el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) cubre a todos los usuarios que han adquirido un billete de tren.

Antes de iniciar cualquier acción legal, los usuarios afectados deben reunir la siguiente documentación para poder reclamar una indemnización por accidente en transporte público:

  • Se debe conservar el billete de tren tras el accidente. Se trata del contrato que da derecho a la cobertura del seguro obligatorio y el justificante de que se viajaba en el medio de transporte
  • Ante cualquier lesión, por leve que sea, solicita asistencia médica en el plazo de 72 horas y obtén la copia de cada parte, que constituirán la base para tu reclamación
  • En cuanto a los daños materiales, aporta las facturas de los objetos que se hayan dañado o extraviado, como móviles, portátiles, etc

El plazo para reclamar tu indemnización es de un año después de recibir el alta médica. Si esta fuera a cargo del Seguro Obligatorio de Viajeros, la cuantía variará en función del tipo de lesión y su gravedad. Además, esta es compatible con el resarcimiento de la responsabilidad civil, aunque para ello se ha de esperar a que concluya la investigación sobre el origen del accidente. Del mismo modo, los afectados pueden solicitar la cobertura de otras pólizas de accidentes o vida que hayan contratado.

Las compañías ferroviarias deben abonar anticipos a las personas lesionadas

Los viajeros en la Unión Europea están amparados asimismo por el Reglamento 2021/782, que obliga a las compañías ferroviarias a informar sobre el accidente, proporcionar asistencia inmediata y anticipos económicos en caso de fallecimiento o lesiones. En concreto, el artículo 15 establece que las empresas deben abonar en el plazo máximo de 15 días tras la identificación de cualquier persona con derecho a indemnización los anticipos necesarios para atender las necesidades económicas inmediatas. Esta cuantía será proporcional a los daños sufridos y, en caso de muerte, no podrá ser inferior a los 21.000 euros.

Si bien este anticipo no constituye reconocimiento de responsabilidad y puede deducirse de cualquier suma que se abone con posterioridad, no dará lugar a reembolso, salvo cuando el daño sufrido se deba a una negligencia o falta del viajero o que la persona que haya recibido el anticipo no sea quien tenga derecho a la indemnización.

Por su parte, el Real Decreto 627/2014, recogido por el BOE, establece que las compañías ferroviarias deben asegurar la asistencia de al menos tres familiares por cada uno de los fallecidos o heridos graves en accidente de tren. En este sentido, las empresas deben proporcionar el traslado hasta el lugar del siniestro y su aojamiento y manutención durante el tiempo necesario, en función del curso de las labores de rescate e identificación.

Derechos de los consumidores ante trenes cancelados

En paralelo, los usuarios afectados por la suspensión de la circulación ferroviaria pueden solicitar a la compañía la devolución íntegra del importe del billete o viajar en un medio de transporte alternativo. Esta alternativa debe habilitarse en un plazo máximo de 100 minutos desde la hora de salida prevista. En caso de que el viajero deba contratarla por sus propios medios, podrá reclamar el coste del billete a la compañía. Además, si los pasajeros viajaban a sus domicilios, la compañía debe facilitarles alojamiento mientras procuran un transporte alternativo.

Desde la asociación de consumidores Facua recuerdan que los afectados pueden reclamar una indemnización por los daños y perjuicios morales o patrimoniales derivados de la cancelación de los trenes.

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