Andalucía se lleva la porción de tarta que le corresponde según su Estatuto, un triángulo de inversiones proporcional al peso de su población en el país, pero en 2011  el pastel será mucho más pequeño:  un tercio menor que en 2010.

Ésa es la cara y la cruz del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) por lo que se refiere a Andalucía. En 2011 se registrará una severa caída de la inversión en la comunidad autónoma, que se reflejará en un atraso de las obras previstas, aunque la Junta y el Gobierno han pactado que no se paralizará ninguna, sino que se "reprogramarán". Si en 2010 el Gobierno se propuso invertir en Andalucía 4.180 millones de euros; en 2011, la cifra caerá hasta los 2.970 millones de euros, un 29% menos. El recorte del gasto en infraestructuras es similar a la del resto del país, que el próximo año sufrirá uno de los presupuestos más restrictivos de las últimas décadas. El ministerio más inversor seguirá siendo el de Fomento, seguido del de Medio Ambiente; entre ambos suman 2.680 millones de euros. El gasto medio por andaluz es de 355,5 euros, justo en la media española.

Desde el PSOE y la Junta se intentó minimizar el impacto de esta caída comparando la inversión con la de los gobiernos del PP. Así, la cifra de 2011 será un 15% superior a la que en 2004 el último Gobierno de Aznar destinó a Andalucía, y es que durante esos ocho años fue Madrid la comunidad autónoma mejor tratada incluso en términos absolutos.

Las obras programadas por Fomento en la comunidad no pararán, pero se ralentizarán.  Se ha preferido eso a discriminar y dejar fuera a algunas de ellas. Eso fue lo que José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pactaron el pasado 23 de agosto en la Moncloa. De este modo, continuarán las obras de la entrada por Despeñaperros, el puente de la Bahía de Cádiz, las circunvalaciones de Granada y Málaga o la alta velocidad entre Sevilla y Cádiz, por citar los proyectos más costosos. 

Pero la Ley de los Presupuestos Generales del Estado incluye una importante novedad, y es que Andalucía se asegura que el Gobierno invertirá en la región el 17,8% del total, el peso similar al de su población. Se trata de una obligación del Estatuto andaluz, que los gobiernos socialistas han respetado desde que se aprobó el texto, aunque nunca se había asegurado que lo liquidado coincidiera con lo presupuestado. Es lo que se  llama blindaje de la inversión, que ya la consiguió Cataluña el año pasado.

A partir de ahora, el Gobierno destinará una partida para compensar a la Junta de Andalucía en el caso de que lo invertido no se corresponda, finalmente, con ese 17,8%. Cada año, los dos ejecutivos deberán estudiar la liquidación del presupuesto de inversiones y recurrir a ese fondo si fuera necesario. Esa obligación estatutaria es de siete años (en 2011 se cumplirá el cuarto), por lo que ahora también se debe comprobar cuánto se ha gastado en ejercicios precedentes. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, mantuvo ayer que el Gobierno central debe algunas cantidades de las anualidades precedentes, aunque aseguró que no conocerá la cifra hasta que se reúna la comisión encargada de ello.

Este blindaje está especificado en el proyecto de ley de los PGE como una transferencia a las comunidades de Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Baleares por valor de 950 millones de euros. La partida se irá renovando todos los años.