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Economía

El Congreso aprueba la reforma laboral con el apoyo de PP, CiU, UPN y Foro

  • La norma ha incorporado 85 enmiendas durante su tramitación parlamentaria, aunque las bases del texto no se han alterado.

El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la reforma laboral, con el apoyo de CiU, UPN y Foro, tras incorporar 85 enmiendas al texto durante su proceso parlamentario. La nueva Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral ha superado el último trámite desde que el Gobierno aprobó el real decreto ley que entró en vigor el pasado 12 de febrero. Tras la convalidación del decreto, el Ejecutivo aceptó que se tramitara como proyecto de ley para que los diferentes grupos políticos pudieran introducir cambios en el texto y, durante el proceso, la norma ha superado cinco enmiendas de totalidad y 656 enmiendas en el Congreso y tres vetos y 574 enmiendas en el Senado.

En el Congreso, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha agradecido las aportaciones de todas las formaciones políticas y especialmente el apoyo de CiU, y de los partidos UPN y Foro del Grupo Mixto. Báñez ha insistido en que la reforma es "para la confianza y el empleo" y dará respuesta a los más de cinco millones de parados que hay en España, además de oportunidades a muchos jóvenes "que hoy lo necesitan".

La reforma aprobada generaliza la indemnización por despido improcedente en 33 días con un tope de dos anualidades y facilita que las empresas puedan despedir por causas económicas con 20 días por doce mensualidades. También se crea un nuevo contrato indefinido para autónomos y pymes de menos de 50 trabajadores con un año de prueba y sin indemnización por despido, mientras la tasa de paro no baje del 15%. En caso de despido colectivo en el sector público, establece que tendrá prioridad de permanencia en el puesto el personal laboral fijo que haya obtenido su plaza por un proceso de selección.

La reforma también fija cómo se computan las lagunas de cotización a la hora de calcular una pensión contributiva. Este aspecto ha sido criticado por el diputado de CiU Carles Campuzano, quien opina que debería haberse debatido en el Pacto de Toledo. También por los portavoces de la Izquierda Plural Joan Coscubiela, del BNG Olaia Fernández y de UPyD Álvaro Anchuelo, porque aseguran que se reducirán las pensiones contributivas. No obstante, Campuzano se ha mostrado convencido de que la reforma servirá para crear empleo a corto y largo plazo y ha defendido que esta norma no es la causa de que en España se haya destruido tanto empleo, lo que ha achacado a la recesión.

El Grupo Socialista mantiene su enmienda a la totalidad de la reforma porque las razones que alegó tras su aprobación siguen estando de actualidad, según la diputada Concepción Gutiérrez. Gutiérrez ha manifestado su "enérgico rechazo" porque considera que rompe el equilibrio entre el poder de los empresarios y los trabajadores. En la misma línea se ha manifestado el diputado del PNV Emilio Olabarría, para quien la reforma supone un despido "barato y fácil". La diputada del Grupo Mixto Uxue Barkos (Geroa Bai) ha dicho que con la reforma han aumentado los ERE un 44,4% hasta abril y Olaia Fernández (BNG) ha criticado que ahora los salarios en España sean un 11% inferiores a la media europea. También han mostrado su rechazo Joan Baldoví, de Compromis, quien ha criticado al Gobierno por aprobar la ley sin consenso, y Pedro Quevedo CC-NC porque considera que es una ley "fuerte con los débiles y débil con los fuertes".

El diputado de ERC Joan Tarda ha "felicitado" irónicamente a la CEOE y a sus "brazos políticos, PP y CiU" por haber ganado, y la portavoz de Amaiur Onitza Enbeita ha subrayado que el Gobierno aprueba "el despido libre". El diputado de UPN Carlos Salvador ha justificado su voto a favor porque considera que la reforma laboral es la más reclamada por los expertos, y Enrique Álvarez, de Foro, ha valorado que se redujera a un año la ultraactividad (la prórroga automática de un convenio cuando expira). Los sindicatos CCOO y UGT han afirmado que reforma laboral supone la "mayor agresión" al derecho del trabajo desde su nacimiento.

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