El Gobierno privatiza el 30% de Aena, la joya de la corona del sector público

El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a las líneas básicas del nuevo modelo de gestión aeroportuaria, que da entrada al capital privado y a las comunidades autónomas en el sistema. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, confirmó que el capital privado controlará hasta el 30% de la nueva sociedad que se encargará de gestionar los aeropuertos en lo que es la primera gran privatización de una empresa pública en años. Las comunidades autónomas podrán participar en la gestión de los aeropuertos siempre que el volumen de pasajeros supere los 30 millones, algo que, de momento, sólo cumplen Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona), quedando fuera otros de gran tránsito como el de Palma de Mallorca (23,2 millones de pasajeros) y Málaga (13,5 millones).

Álvarez matizó que el Estado se reservará una participación mayoritaria en todas las sociedades y señaló que el proceso llevará un mínimo de dos años, aunque lo importante no es el tiempo, sino conseguir un modelo "solvente, sólido y útil".

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), considerada la joya de la corona del sector público español, se mantendrá como entidad pública empresarial estatal, con una separación clara entre la navegación aérea y la gestión aeroportuaria. El primer paso del nuevo modelo será crear una nueva sociedad estatal que será la empresa gestora de los aeropuertos del Estado, cuyo capital será controlado incialmente al 100% por AENA. Posteriormente, se dará entrada al capital privado "en un porcentaje de alrededor del 30%. Más tarde, se crearán dos sociedades filiales gestoras de los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

La titular de Fomento aclaró que el Gobierno encargará a un banco de negocios que estudie la mejor vía para la privatización del 30% de la nueva sociedad, aunque se atrevió a dar una valoración del conjunto de AENA, que cifró en 30.000 millones de euros, de los que 23.000 millones corresponderían a fondos propios, y 7.000 a endeudamiento. Álvarez, quien destacó que AENA es actualmente la primera empresa aeruportuaria del mundo y una entidad "muy rentable", matizó que el informe que elabore el banco de inversión será meramente consultivo, y que el Ejecutivo tendrá la última palabra al determinar el proceso de privatización, teniendo en cuenta "no sólo la rentabilidad de la operación", sino que el se realice "de forma satisfactoria para los españoles".

Compañías privadas como FCC o Abertis ya han mostrado su interés por hacerse con la parte del pastel que saldrá a bolsa. No es de extrañar: AENA cerró el año 2007 con unos ingresos de 2.982 millones, un 13% más que en 2006.

Por lo que respecta a la otra clave del nuevo modelo, la participación en la gestión de las comunidades autónomas, una vieja reivindicación de la Generalitat, no quiso aclarar cuál será el peso concreto de los gobiernos de Catalula y Madrid, los únicos que inicialmente tendrán entrada en el modelo. Álvarez, quien afirmó que la Generalitat conoce ya el modelo del Gobierno, señaló que es "prematuro" hablar de la porcentaje que tendrán las comunidades, ya que primero habrá que definir las funciones.

La ministra dejó además la puerta abierta a que en el futuro puedan participar otras autonomías, aunque matizó que los siguientes aeropuertos en tamaño, Palma de Mallorca y Málaga, todavía están lejos de la cifra de 30 millones de pasajeros puesta como límite para autorizar la implicación de las autonomías. Álvarez comparecerá a petición propia en el Congreso para explicar los detalles del nuevo sistema.

La ministra tenía previsto reunirse ayer mismo con los sindicatos para discutir sobre las líneas básicas del modelo que pretende garantizar la "seguridad y calidad" del sistema aeroportuario español, que gestiona 210 millones de pasajeros y 2,5 millones de operaciones. Álvarez recordó que hay 6.200 empresas implicadas en la gestión de los aeropuertos españoles, con 140.000 empleados (más de 12.000 de AENA) que se suman a los 430.000 empleos indirectos que genera, con un peso del 7% del PIB (10,2% en Madrid y 6,2% en Cataluña).