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Economía

Santa Bárbara niega que el traslado del montaje de los blindados suponga destrucción de empleo

Presentación de los nuevos blindados del Ejército en junio de 2020

Presentación de los nuevos blindados del Ejército en junio de 2020 / Antonio Pizarro

Santa Bárbara, propiedad de General Dinamics, ha salido a la palestra por primera vez -al menos de forma oficial- para negar que el traslado de Alcalá de Guadaíra a Trubia (Asturias) del montaje  del nuevo blindado del Ejército, el VCR 8x8 Dragon, suponga pérdida de empleo para la factoría sevillana y mucho menos el cierre. "Santa Bárbara Sistemas rechaza rotundamente que el plan de reconfiguración suponga destrucción de puestos de trabajo en Andalucía ni el cierre de sus instalaciones en la región", afirma textualmente.

La empresa reacciona así a una carta que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, envió a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que intermediara para evitar la pérdida de empleo en la fábrica por el traslado del programa y su desmantelamiento.

Con el "plan de reconfiguración" se refiere Santa Bárbara a la reestructuración con la que pretende especializar a Trubia en un centro donde se fabriquen los chasis de los vehículos militares (algo que hace ahora) y se monten (algo que hace ahora Alcalá); y a Sevilla en una fábrica focalizada en el mantenimiento, reparación y modernización de unidades.

Santa Bárbara rechaza que el contrato fuera a generar 2.000 empleos directos e indirectos

Este cambio -unido al despido de 23 trabajadores, 21 en Alcalá, que luego se revirtió- ha motivado la protesta (con varios días de huelga) de los sindicatos, que temen un vaciamiento de la fábrica e incluso su cierre. Temor que se ha trasladado, también, a las patronales sevillanas, que alertan de los graves efectos que tendrá el cambio en la industria auxiliar, y ahora también a la Junta de Andalucía.

Santa Bárbara sale al paso de estos temores. Los niega, directamente. "Santa Bárbara Sistemas -reza el comunicado- asegura públicamente que la especialización de la actividad de la fábrica alcalareña en mantenimiento, reparación, actualización, modernización y apoyo en el ciclo de vida de vehículos y sistemas de armas consolida su nivel de actividad presente y futura, reforzando las capacidades que ya posee en este sentido para dar respuesta a las necesidades, presentes y futuras, de las Fuerzas Armadas". Desde la empresa se recuerda que Defensa ya ha manifestado que no ofertará contratos de nuevas unidades al menos hasta 2026 por razones presupuestarias, por lo que las oportunidades van a estar en el mantenimiento. Y pone como ejemplo los carros de combate Leopard, que llegan ya a la vida media y necesitan pasar por taller.

Santa Bárbara reitera que esta reconfiguración de la fábrica "no tendrá efectos negativos en los puestos de trabajo directos en Alcalá de Guadaíra ni en la industria auxiliar de la región". Cuando habla de empleos directos, la compañía se refiere a los operarios -los que trabajan directamente en planta- y los vinculados a ellos, como jefes de seguridad, personal de prevención de riesgos, de salud, etc. El empleo del resto, los de estructura (el trabajo de oficinas, ventas, márketing, etc.) va a depender de los contratos que se obtengan y de sus condiciones. Muchos países, dicen desde Santa Bárbara, prefieren que este tipo de trabajo se haga en origen. En cualquier caso, la intención de la empresa, repiten, es fortalecer el emplazamiento de Alcalá de Guadaíra, y no debilitarlo.

Santa Bárbara niega, además, que el contrato del VCR 8x8 vaya a generar en Sevilla 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante varias décadas, como se había informado desde diversos medios y recogió el presidente de la Junta en su misiva. "Se trata de una especulación no ajustada a la realidad", dice el comunicado. La compañía afirma que esa cantidad de empleo se refiere a todo el programa -en el que participan con diversas funciones cuatro empresas, Indra, Santa Bárbara, Sapa y Escribano- y a varios centros de producción. Además, añade, el programa es para siete años (no para décadas, como dice la carta) y a Santa Bárbara le corresponden 700 de los 2.000 millones en los que está valorado el contrato.

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