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Coronavirus La letra pequeña del decreto: fin de la portabilidad, freno a los concursos de acreedores, obligación de mantener seis meses el empleo en ERTE...

  • La batería de medidas del Gobierno no se queda sólo en los 200.000 millones movilizados o la agilización de los ERTE

El presidente del Gobierno, este miércoles en el Congreso El presidente del Gobierno, este miércoles en el Congreso

El presidente del Gobierno, este miércoles en el Congreso

Aparte de la movilización de 200.000 millones de euros, 114.000 de ellos públicos, la flexibilizacion de los ERTE, el derecho a paro de todos los trabajadores afectados independientemente del periodo de cotización o la prohibición de suprimir servicios básicos a colectivos vulnerables, el Gobierno ha aprobado muchas más medidas, todas destinadas a afrontar la situación de urgencia provocada por la crisis sanitaria.

Estas es la letra pequeña del decreto:

Suspensión de la portabilidad

El Gobierno ha suspendido todas las operaciones de portabilidad de servicios de telecomunicaciones, tanto en telefonía móvil como fija, para evitar los desplazamientos de ciudadanos a los establecimientos de las compañías y de los técnicos de instalación a los domicilios de los clientes. La organización de consumidores Facua ya ha pedido que, ante la imposibilidad del usuario de cambiar de compañía, el Gobierno prohíba que las operadoras suban los precios.

Tampoco es posible suspender la relación contractual entre operadores y clientes, aunque en el contrato figure esa posibilidad. 

Suspensión del plazo de devolución de productos

El Gobierno interrumpe de "manera excepcional" los plazos de devolución de los productos comprados tanto en tienda física como por internet para impedir el desplazamiento de los consumidores y en coherencia con la interrupción de plazos procesales y administrativos ya previstos en el decreto ley del pasado 14 de marzo.

La declaración de la renta no se suspende

El Gobierno ha modificado el decreto de estado de alarma que aprobó el pasado sábado para que la suspensión de los plazos administrativos no afecte a los procedimientos de afiliación, liquidación y cotización de la Seguridad Social, ni a los plazos tributarios como la declaración la renta. De esta forma, el Ejecutivo se asegura la recepción de los ingresos tributarios

Sí podrán continuar también procedimientos administrativos referidos a situaciones "estrechamente vinculadas" a los hechos justificativos del estado de alarma.

La moratoria del pago de hipotecas se podrá solicitar hasta el 3 de mayo

Los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia del coronavirus podrán solicitar al menos desde mañana, jueves, y hasta 15 días después del fin de la vigencia del real decreto-ley de medidas extraordinarias por el Covid-19, el próximo 3 de mayo, una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual. La entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días desde la realización de la solicitud.

Los insolventes no tendrán la obligación de solicitar el concurso de acreedores

Los deudores que se encuentren en estado de insolvencia (individuales o empresas) no tendrán el deber de solicitar la declaración de concurso mientras esté vigente el estado de alarma, según el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias. La norma establece que hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario. En el caso de que se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.

Mantenimiento obligatorio del empleo de seis meses en los ERTE

El Gobierno vincula las medidas extraordinarias en el ámbito laboral aprobadas ante el avance del coronavirus al compromiso de las empresas de mantener el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

No se podrán acoger a las medidas que acortan los plazos de tramitación las empresas que, afectadas por el impacto del coronavirus, hayan presentado expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) antes de este miércoles, pero sí se protegerá a los trabajadores afectados con la ampliación de los derechos del cobro del paro.

Exoneración del 75% de cotizaciones empresas de más de 50 trabajadores

La exoneración del pago de las cotizaciones sociales en un ERTE vinculado al coronavirus será del 100% si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y del 75% si tiene 50 trabajadores o más.

En el supuesto de los ERE de fuerza mayor (aquellos negocios que han tenido que cerrar por el impacto del coronavirus) se deja en cinco días el plazo de la autoridad laboral para resolverlo desde la recepción de la solicitud.

En los ERTE por razones económicas o técnicas, el periodo de consultas entre la empresa y la representación de los trabajadores se rebaja a un máximo de 7 días, frente a los 15 anteriores, y se dan 7 días para el informe de la Inspección de Trabajo.

Prorroga automática de los subsidios de desempleo

El decreto también autoriza a los servicios de empleo a prorrogar "de oficio" el subsidio por desempleo aunque no pueda ser solicitado por el perceptor, una continuidad que también garantiza a aquellos que perciben el de mayores de 52 años.

Reducciones de jornada de hasta el 100% por cuidar dependientes

El Gobierno señala que deberá comunicarse a la empresa con 24 horas de antelación la intención de rebajarla jornada. Podrá alcanzar el 100% de la jornada si resultara necesario, frente al 50 % de límite actual.

Los inversores de fuera de laUE no podrán tener más del 10% en empresas estratégicas

El Gobierno suspenderá las inversiones de fuera de la Unión Europea (UE) en compañías españolas de sectores estratégicos mientras dure la crisis del conoravirus cuando estas operaciones sitúen la participación del inversor por encima al 10% del capital social de la sociedad española o le permitan tomar el control del órgano de administración de dicha empresa.

Ampliación de plazo para las juntas de accionistas de las cotizadas

Las empresas que cotizan en Bolsa dispondrán hasta finales del mes de octubre de plazo para celebrar sus juntas generales de accionistas, de forma que contarán con cuatro meses más para cumplir con su asamblea anual de socios, frente al actual plazo de finales de junio.

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