Un antes y un después. Eso es lo que espera Fermín Bohórquez, presidente de Alianza Rural, que represente la gran manifestación del mundo rural en Madrid del próximo domingo. No solo están todas las organizaciones agrarias y las cooperativas, sino también regantes, cazadores, criadores del toro de lidia, pescadores y, en general, todos los colectivos vinculados a la llamada España vaciada.

Se manifiestan por su propia supervivencia, dicen. Por el respeto a sus costumbres y tradiciones y contra una visión urbana llena de prejuicios sobre su forma de vida. Eso, añaden, se refleja en una política gubernamental “alejada del medio rural, con una legislación ambiental excluyente y sin visión social” y, según afirma Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, “con mucha palabrería y parafernalia que se queda en nada”.

Los temas son tantos que es difícil resumirlos en un artículo periodístico. Los agricultores y ganaderos sufren una subida brutal de electricidad, gasóleo y materias primas (agudizada con la guerra en Ucrania) que no se trasladan al precio de sus productos; se quejan de la competencia desleal de países terceros y no entienden una reforma laboral que les obliga a hacer fijos discontinuos a un gran volumen de trabajadores, algo que, dicen, no es asumible. “Muchos van a dejar de trabajar porque no se lo pueden permitir”, dice Serra. Estas son solo pinceladas, porque los problemas son muchos más. Y por ello el presidente de Asaja Andalucía apela al ciudadano: “Los consumidores no pueden esperar que sigamos produciendo alimentos en una situación límite”.

Esto se produce, además, en un contexto de sequía y con un decreto recién aprobado que, según Serra, es “literalmente nada” y que no incluye medida alguna para paliar la crisis energética, afirma el dirigente agrario.

A la manifestación se han sumado, también, los regantes, muy descontentos con la política hidrológica del Ministerio de Transición Ecológica. Pedro Parias, secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), afirma que la estrategia gubernamental es “de marcado carácter conservacionista y se olvida de las demandas que pide el regadío”. Según asegura, se aumentar los caudales ecológicos sin justificación y no acomete obras de regulación (embalses, sobre todo) previstas en los planes hidrológicos. “Están en el cajón, durmiendo el sueño de los justos”, dice Parias, quien cree que dejar en manos de la naturaleza la política hidrológica es “volver al pasado; se quiere deshacer lo andado hasta ahora”.

Los regantes siguen, además, esperando que el Gobierno tome medidas para reducir el altísimo coste energético de sus explotaciones. No entienden que tengan el IVA en el 21% cuando en países del entorno como Francia, Italia y Portugal está entre el 5% y el 11%. Y siguen sin ver la prometida rebaja del término de potencia (ahora pagan por todo el año pese a que solo trabajan la mitad), pese a haber sido aprobada en tres leyes. Sin desarrollo reglamentario –aún en espera– no se puede aplicar.

El sector cinegético, por otro lado, mueve en Andalucía 2.000 millones de euros (nos referimos a toda la cadena de valor). Hay 220.000 licencias y la Federación Andaluza de Caza tiene 100.000 federados, la segunda del ranking solo superada por el fútbol, según informa su presidente, José María Mancheño. “Somos los grandes desconocidos. Todo se queda en los prejuicios de la sociedad”.

Los cazadores irán el domingo con un mono naranja para hacerse visibles. Dicen que reciben insultos en redes sociales, que se les toma casi por criminales por tener armas y que casi se tienen que esconder como si hicieran algo delictivo “cuando nuestra actividad es no solo legítima sino que contribuye a la mejora de la diversidad”, afirma un miembro de la Fundación Artemisan, ligada al sector.

El Gobierno, argumentan, “está legislando contra la caza” con proyectos legislativos como la Ley de Bienestar Animal. Esta norma obliga a tratar y gestionar a los perros de caza de la misma forma que a las mascotas (esterilizándolos, y prohibiendo la cría por un particular, entre otras cosas) y eso pone en peligro de extinción a estas razas y por ende la propia caza. “El 90 o el 95% de la caza es con perros; la ley supone la prohibición de la caza, pero como no son lo suficientemente valientes para hacerlo ponen tantas restricciones que en la práctica la vetan”, dice Mancheño.

Además, se reformará el código penal para equiparar el maltrato a animales domésticos a los salvajes y “alguien podría decir que cuando cazas estás maltratando”, dice una fuente del sector. Los cazadores se consideran los grandes conservadores de la naturaleza (al invertir en siembras para alimentar animales, mantener charcas, arreglar caminos, etc.) y creen que “para muchas especies la caza es una garantía de supervivencia porque lo que tiene un valor económico se cuida y se protege”.

La última pata de los convocantes de la manifestación es la de los criadores del toro de lidia. En Andalucía hay 250 ganaderías que ocupan 250.000 hectáreas, informa Juan Pedro Domecq, vicepresidente de la Unión de Criadores del Toro de Lidia. Creen estar sometidos a un maltrato porque soportan un IVA del 21%, frente al 10% del IVA cultural, cuando son parte fundamental “del espectáculo cultural que más aporta al Estado”, unos 650 millones de euros. Ven “abandonado” el patrimonio natural que sostienen, la dehesa, y no entienden que a los jóvenes se les dé un bono cultural para ir a cualquier espectáculo pero no a los toros, “y así una tras otra”, dice Domecq.