España

El CGPJ pide al Gobierno que agilice las reformas para mejorar la Justicia

  • Gonzalo Moliner, que ha presidido su primer pleno como presidente del organismo, pide la colaboración de todos y muestra su compromiso para recuperar la confianza y la credibilidad judicial.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha trasladado al Gobierno y a las Cortes la necesidad de culminar las reformas previstas para modernizar la Justicia, entre las que se incluyen la revisión de la ley Demarcación y Planta o la nueva regulación del proceso penal. Este llamamiento se recoge en la Memoria del funcionamiento del Consejo y de los tribunales correspondiente a 2011, que, según ha informado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en rueda de prensa, se ha aprobado este miércoles en el primer pleno celebrado bajo la presidencia de Gonzalo Moliner, que tomó posesión de su cargo el pasado lunes.

 

Moliner ha reiterado ante los vocales su voluntad de ejercer como presidente con el máximo diálogo y la colaboración de todos y su compromiso para recuperar la confianza y la credibilidad tras la crisis que desencadenó el escándalo de los viajes de fin de semana de su antecesor, Carlos Dívar. Además ha ratificado su confianza en el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, y la portavoz, Gabriela Bravo, que seguirán ejerciendo estas mismas funciones.

 

Bravo también ha reiterado la voluntad de Moliner de ejercer de interlocutor con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y con el resto de los poderes del Estado para trasmitirles la necesidad de "apostar" por la Justicia, especialmente en estos momentos de crisis.

 

La Memoria de 2011 aprobada este miércoles, y que Moliner presentará en el Parlamento después del verano, incide en que para reducir la litigiosidad es necesario revisar el modelo de demarcación, impulsar la implantación de la nueva oficina judicial y aprobar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que regulará el proceso penal. Según los datos de dicha Memoria, en 2011 ingresaron en los tribunales 9.041.442 de asuntos, un 3,4 por ciento menos que el ejercicio anterior, y al finalizar el año, el número de asuntos pendientes de resolución fue de 3.063.263, un 5 por ciento menos. Esto supone que por segundo año consecutivo cae el volumen de litigiosidad y por primera vez desde hace años la Administración de Justicia ha sido capaz de resolver más casos de los ingresados.

 

Otro dato que destaca es que el 60% de las quejas presentadas por los ciudadanos se refieren a retrasos en los procedimientos que, en la mayoría de los casos, no han sido responsabilidad de los jueces, según ha dicho Bravo. Durante 2011 el CGPJ abrió expedientes disciplinarios por retrasos a 36 jueces y magistrados, de los cuales 28 fueron sancionados y en 8 de los casos se procedió al archivo. Otros 5 jueces fueron sancionados por diferentes motivos.

 

Bravo ha resaltado también la búsqueda de consenso con la que ha trabajado siempre el Consejo, que durante el pasado año aprobó el 89 por ciento de los acuerdos por unanimidad. Asimismo, ha puesto en valor el "encomiable" esfuerzo de los jueces y magistrados durante 2011 en un momento en el que la crisis económica ha derivado también en un aumento de la carga de trabajo para los tribunales. "La respuesta de la Administración de Justicia a esta demanda social ha sido el aumento de su capacidad de Justicia", ha afirmado la portavoz, que ha añadido que en esta complicada situación económica los jueces han aumentado su capacidad resolutiva, evitando el colapso de algunas jurisdicciones. Un esfuerzo que -ha recalcado- se ha podido ver desdibujado por las carencias de medios, por lo que ha insistido en la necesidad de que se acometan cuanto antes las reformas para garantizar la agilidad de la Administración de Justicia.

 

El Consejo entiende también que hay que potenciar medidas alternativas de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje. Por último, el pleno del CGPJ también ha aprobado una propuesta del vocal Félix Azón, que vuelve a reclamar al Gobierno la convocatoria de oposiciones en la carrera judicial. En opinión de Bravo, "la labor de los jueces puede ser un revulsivo" para poder salir de la complicada situación económica y por esa razón no se puede parar el "proceso selectivo". "Ahora más que nunca es necesario seguir invirtiendo en justicia y convocar oposiciones", ha dicho, al menos para las plazas de 2011 que han quedado vacantes.

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