Justicia anuncia que reducirá en un 80% las tasas judiciales

El Ministerio de Justicia ha anunciado a la defensora del pueblo que reducirá en un 80% las tasas judiciales variables de las personas físicas en primera instancia y en recursos en la jurisdicción civil, contencioso-administrativa y social. Además, devolverá las tasas cobradas a los beneficiarios de la justicia gratuita, según la comunicación remitida a la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que el pasado día 12 recomendó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la modificación de las tasas, cuya reducción fue anunciada posteriormente por el Ministerio. Por este motivo, Becerril ha informado en un comunicado de que ha decidido no interponer el recurso de inconstitucionalidad contra las tasas judiciales que diversos colectivos le habían reclamado.

Justicia ha comunicado a la defensora del pueblo que reducirá en un 80% las tasas variables de las personas físicas en primera instancia en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo (están exentos los órdenes penal y social), que pasarán del 0,50% del valor del litigio con el límite de 10.000 euros al 0,10% del valor del litigio, con el límite de 2.000 euros. También se van a reducir en un 80% las tasas variables de las personas físicas en los recursos en los procesos civil, contencioso-administrativo y social, que pasarán igualmente del 0,50% del valor del litigio con el límite de 10.000 euros, al 0,10% del valor del litigio, con el límite de 2.000 euros.

Justicia ha comunicado a la defensora del pueblo su decisión de eliminar por completo las tasas para un mayor número de personas, adelantando los efectos del anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, publicado el pasado enero. También se elevan los umbrales de renta para ser beneficiario de la exención de tasas, que también se aplica a víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, de accidentes de tráfico y menores o discapacitados víctimas de abuso o maltrato.

El Ministerio eliminará "por completo" la posibilidad de que el ejecutado hipotecario, o su avalista, de una vivienda habitual pague las tasas abonadas por el banco ejecutante en virtud de una condena en costas, así como la ejecución de las tasas en los casos de laudos arbitrales de consumo. En los procesos contenciosos relativos a multas y otras sanciones administrativas, además de producirse la reducción del 80% de las tasas variables antes indicada, se establece como límite de la tasa el 50% de la cuantía de las multas.

Justicia devolverá a los nuevos beneficiarios de justicia gratuita las tasas pagadas desde el pasado 17 de diciembre hasta la inminente entrada en vigor de la reforma legal anunciada. Asimismo, el Ministerio de Justicia se ha comprometido a estudiar una reducción de las tasas que paguen las empresas según su capacidad económica, en la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Las reformas que implican la aceptación de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo supondrán una modificación sustancial del sistema vigente de tasas judiciales.

La abogacía insiste en la derogación de las tasas judiciales

El Consejo General de la Abogacía Española ha insistido en pedir la derogación de la ley de tasas judiciales, pese a la rebaja anunciada por el Ministerio de Justicia. "La relación de reformas anunciadas por la defensora del pueblo tras la comunicación del ministro de Justicia no resuelve", a su juicio, "el ataque contra el derecho de acceso a la Justicia que ha supuesto la aprobación de la Ley de Tasas", ha dicho la Abogacía en un comunicado.

Según este colectivo, las reformas anunciadas no modifican ni la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni el ámbito de aplicación de la Ley, que mantiene la inclusión de las personas físicas. Tampoco modifican, aseguran, el hecho imponible ni las exenciones, ni introducen supuestos de no sujeción, por lo que "en suma, la ley de tasas seguirá vigente y adoleciendo de los defectos técnicos que se denuncian desde que comenzó a tramitarse". "La reducción de las tasas a abonar por la vía de reducir el variable determinará que, en la mayor crisis de los tiempos recientes, siga sin atenderse a la real capacidad económica de los ciudadanos, que seguirán obligados, en su caso, a abonar hasta 2.800 euros por presentar un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación civil", según el Consejo General de la Abogacía.