Montero no renuncia a aprobar este año los Presupuestos

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, afirmó este jueves que el Gobierno está haciendo todo lo posible para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 salgan adelante en “tiempo y forma”.

“La voluntad del Gobierno es poder aprobar los Presupuestos en tiempo y forma para que entren en vigor el 31 de diciembre”, señaló Montero durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Aunque reconoció que la situación política actual puede “retrasar” la aprobación de los mismos, pero afirmó que se está realizando todo el trabajo previo que implica el proyecto presupuestario, como determinar el perímetro donde se moverán las cuentas públicas de 2024 y los trabajos con Bruselas y en el interior del propio Gobierno, con las previsiones económicas que servirán de base a los PGE del próximo año.

“Vamos a seguir trabajando para que en el momento en que esté constituido el Gobierno se pueda impulsar ese proyecto, pero todavía es prematuro decir que se renuncia al proyecto de Presupuestos”.

La ministra de Hacienda insistió en que la instrucción que ha recibido del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es la de trabajar en el proyecto presupuestario.

Las palabras de Montero se contradicen con los plazos previstos, ya que según marca la legislación el proyecto de ley debe presentarse antes de que finalice septiembre para su tramitación parlamentaria. El debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para los días 26 y 27 de septiembre hace imposible que se cumpla al menos ese plazo. Y se hace muy difícil ajustarse en tiempo y forma a la previsión constitucional.

De hecho, la elaboración de los PGE suele arrancar en julio con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como a la Comisión Nacional de Administraciones Locales, para informar a comunidades autónomas y ayuntamientos de los objetivos de déficit marcados, trámites que no se han llevado a cabo al hallarse España en periodo electoral.

Pero el mismo artículo de la Constitución establece que “si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.

Un dato que augura la posible prórroga presupuestaria es que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no se plantea definir para 2024 un nuevo límite de gasto no financiero del Estado, conocido como techo de gasto, hasta que no se conforme un nuevo Gobierno.

Este límite o techo se trata de un paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y sirve, precisamente, como herramienta de gestión de los mismos, ya que es el tope con el que la Administración Pública tiene que cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Si finalmente se produce, Esta sería la novena prórroga de unos Presupuestos desde la llegada de la democracia. Las cuentas más longevas fueron las diseñadas por el ministro Cristóbal Montoro para 2018, que estuvieron en vigor durante tres ejercicios consecutivos, hasta 2021, cuando la socialista María Jesús Montero sacó adelante el primero de sus tres Presupuestos en tiempo y forma.

Los PGE es una de las normas más importantes de un Gobierno, ya que conforma el grueso de la política económica del Ejecutivo. En estas cuentas se contemplan las inversiones comprometidas, las transferencias a comunidades autónomas, las pensiones, las partidas sanitarias o las prestaciones de desempleo, entre otros puntos.

Ahora bien, la prórroga no supone una gran alteración en los planes económicos del futuro Gobierno, ya que puede adoptar algunas medidas por decreto ley para ajustar mejor la política económica y, en todo caso, siempre puede aprobar unos nuevos Presupuestos para 2024 que entren en vigor en cuanto se aprueben en las Cortes, aunque el ejercicio ya esté empezado.

La prórroga, en todo caso, no comprometería la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que se garantizó mediante la última reforma de pensiones.