El Partido Popular advierte en su programa electoral que no negociará con ETA ni por la presión de la violencia, ni por el anuncio de su cese. Según el resumen del citado programa, los populares dejan claro que éste será el "principio básico de la política de seguridad del Estado".

La banda terrorista ETA emitió el jueves 20 de octubre un comunicado en el que anunciaba el cese definitivo de la violencia pero pedía a los estados español y francés negociar las consecuencias de lo que los terroristas denominan "conflicto" vasco. Los populares dejan claro en su programa, en un capítulo titulado La derrota de ETA, que no van a negociar ni por anuncio de cese de la violencia y además, anuncian que van a promover el reconocimiento y la memoria de las víctimas y que apoyarán las iniciativas de la sociedad civil en este sentido.

Los padres pagarán los desperfectos y más Guardia Civil

En el capítulo de seguridad, los populares también han incluido una propuesta para controlar las infracciones por "incivismo". Para ello, se proponen que los infractores paguen la reparación de los desperfectos originados en la vía pública y reforzarán esta exigencia de responsabilidad a los padres o tutores legales si quienes han causado daños son menores de edad. Junto con ello, impulsarán un plana de "seguridad rural" para luchar contra robos en explotaciones agropecuarias. Para ello, la propuesta es aumentar la "vigilancia y los controles", con la realización de mapas de delincuencia, endureciendo las penas por hurtos y potenciando el despliegue de la Guardia Civil.

Recuperarán el recurso previo de inconstitucionalidad

El Programa incluye todo un capítulo sobre la "regeneración política e institucional" y en él se compromete con "sincera actitud de diálogo" a promover todas las "acciones y acuerdos políticos" que favorezcan el "entendimiento y la concordia entre todos los españoles en torno a los valores constitucionales".

Una de las medidas que incluye en esta parte es la de recuperar el prestigio del Tribunal Constitucional, para lo que proponen modificar la elección de los magistrados del TC de modo que "se eviten dilaciones indebidas". Como ya había anunciado el PP en multitud de ocasiones, han incluido en su programa la recuperación del "recurso previo de inconstitucionalidad en la tramitación de las reformas de los Estatutos de autonomía". Y, para agilizar el trabajo del TC, se proponen atribuir a la "jurisdicción ordinaria" el amparo para garantizar los derechos fundamentales, reservando al Tribunal Constitucional "el ejercicio de su competencia en los supuestos de interés constitucional de acuerdo con lo que disponga la ley".

 La Doctrina Parot, por ley

En cuanto al funcionamiento ordinario de la Justicia, los populares se proponen promover un cambio de modelo de la oficina judicial, de tal manera que sea "eficaz, accesible y transparente para el justiciable, y que asegure la unidad de gestión en todos los órganos jurisdiccionales." Además, impulsarán una agencia que articule un "sistema informático único" y permita el conocimiento "inmediato" en red de los datos judiciales y de los que constan en los registros públicos relacionados con la administración de justicia.

Y tal y como anunciaron en la Convención Nacional que celebraron en Málaga los pasados 13, 14 y 15 de octubre, reformarán el sistema de penas del Código Penal, "introduciendo la pena de prisión permanente revisable", así como la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad postpenales". En cuanto al cómputo de beneficios penitenciarios, quieren que se haga sobre cada una de las penas impuestas, tal y como establece ahora la llamada doctrina Parot y que está recurrida por más de un centenar de etarras en el Tribunal Constitucional. Los populares también quieren poner en marcha una nueva regulación de la multirreincidencia en los delitos y fortalecer la función casacional del Tribunal Supremo. El PP fomentará fiscalmente el ahorro a largo plazo con una nueva deducción del IRPF si llega al Gobierno.

Medidas económicas

El PP se ha comprometido a fomentar fiscalmente el "ahorro a largo plazo" si gana las elecciones del próximo 20 de noviembre, a través de la creación de una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el incremento anual del ahorro, que incluya la adquisición de vivienda habitual.

En el capítulo de la reforma fiscal que propone el PP, se incluye la elevación de los mínimos familiares en el IRPF, para adaptarlos "mejor a las circunstancias de los contribuyentes", especialmente para las familias numerosas. Igualmente, contempla que en el impuesto de sociedades se generalizará la aplicación a las empresas de reducida dimensión el tipo impositivo del 20 por ciento y se extenderá el ámbito de aplicación del tipo del 25 por ciento.  Del mismo modo, el PP quiere "homogeneizar" las retribuciones de los cargos electos locales, teniendo en cuenta la dimensión de los municipios; racionalizará las estructuras administrativas y costes; reducirá el número de altos cargos, personal eventual y los gastos corrientes y hará un uso más eficiente de los coches oficiales, así como una reducción del número de entes y organismos públicos.  Además, van a exigir a las administraciones que diferencien entre los gastos correspondientes a servicios públicos básicos de aquellos que no lo son y habrá un catálogo de servicios públicos esenciales.

Para evitar conflictos competenciales entre las diferentes administraciones, los populares quieren delimitar "con mayor precisión" el marco competencial de cada una, "evitando los solapamientos innecesarios, la proliferación de estructuras burocráticas y el aumento excesivo del personal al servicio de las administraciones". En este contexto prevén desarrollar indicadores de evaluación e intercambios de información que permitan el contraste público de la eficacia y eficiencia de las distintas Administraciones en la prestación de servicios públicos.

En cuanto a los ayuntamientos, fomentarán la agrupación voluntaria de municipios teniendo en cuenta la capacidad organizativa y financiera. A ello sumarán la aprobación de una ley básica que, "partiendo del pleno respeto a la autonomía" atribuya "con mayor precisión" las competencias y les dote de instrumentos más adecuados para la gestión". Finalmente, anuncian que impulsarán su tramitación conjunta con el nuevo modelo de financiación local.

Orden en las cuentas públicas

La primera de las actuaciones que quiere llevar a cabo el PP, si llega a La Moncloa, es "poner orden en las cuentas públicas". Para ello promoverá una "ley orgánica de estabilidad presupuestaria para el desarrollo de la reciente reforma constitucional" en la que se establecerán los "mecanismos de participación" del Consejo de Política Fiscal y Financiera" y se precisarán los "procedimientos de distribución de los límites de déficit y deuda" entre las distintas administraciones, los "supuestos excepcionales", la "forma y plazo de corrección de las desviaciones, y las responsabilidades derivadas de sus incumplimientos".

Todo ello irá acompañado de un "plan de austeridad" que comprometerá al conjunto de las administraciones, "eliminará gastos superfluos y duplicidades, e introducirá incentivos a la eficiencia". Esto puede implicar "eventualmente" la supresión de los organismos, entes públicos y entidades instrumentales "cuyas funciones pueda asumir la administración".

Mecanismo no bancarios de financiación

Del mismo modo, el PP quiere potenciar el desarrollo de los mecanismos "no bancarios" de financiación empresarial desarrollando los mecanismos de participación en el capital empresarial como business angels (inversor individual que arriesga sus fondos en un proyecto a cambio de participación accionarial), capital semilla o private equity.

Además, impulsarán el "desarrollo de los mercados de capitales" a través de la modernización y mayor eficiencia de sus infraestructuras y del fomento del ahorro a largo plazo y provisional. Entre las medidas para que haya más emprendedores y favorecer la creación de empleo, el programa incluye la simplificación de los contratos laborales; la reforma de la estructura de la negociación colectiva; o que autónomos y pymes no tengan que pagar el IVA hasta que hayan cobrado efectivamente las facturas. También está la ley para el apoyo a los emprendedores que anunció Mariano Rajoy el pasado verano y el apoyo fiscal de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador que no tenga la condición de socio de una empresa de nueva creación. Además, bonificarán las cotizaciones sociales para los autónomos empresarios que contraten su primer trabajador no socio.