CASI simultáneamente a la celebración de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció ayer que planteará la reforma del desfile del 12 de octubre, tras los abucheos y silbidos recibidos por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. A la sucesora no le faltaban razones para intentar cargarse el actual formato de la Fiesta Nacional. La presencia de banderas preconstitucionales y los abucheos durante la ofrenda a los caídos resultaron intolerables. Pero de ahí a plantear el asunto como una urgencia nacional, dista un abismo. Legislar en caliente -aunque en este caso se trate de un acuerdo entre grupos parlamentarios-, suele ser un error. Demos tiempo al tiempo para que ningún cachondo pueda mofarse de la ministra planteando una evacuación forzosa de los ciudadanos madrileños de la zona centro ante la gravedad del asunto. O alguna que otra befa más sangrante, aprovechando el reciente desfile norcoreano.

De vuelta a la sesión de control, Rodríguez Zapatero se enfrentó de lleno a la congelación de las pensiones, que llegó a través de sendas preguntas del portavoz de ERC, Joan Ridao, y del máximo responsable del PP, Mariano Rajoy. Ambos, desde la izquierda y desde la derecha, le acusaron de hacer saltar por los aires el Pacto de Toledo. Pero el popular, además, anunció una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para la revalorización de las pensiones, y le exigió que no impida el debate de la misma en las Cortes. Todos quedaron emplazados en un consenso que se antoja difícil.

Ante ERC, el presidente del Gobierno defendió que el gasto social del Presupuesto de 2011 alcanzará el 58%, y subrayó que desde 2004 la pensión media acumulada subió un 16%. Y ante Rajoy, puso el retrovisor y comparó la evolución de las pensiones mínimas durante sus mandatos -un 27%- con los de Aznar -un 3,6%-. El popular le replicó casi automáticamente: "Sólo le voy a recordar que en 1996 el Gobierno del PP tuvo que pedir un crédito para poder pagar la paga de Navidad de los jubilados".

En el segundo escalafón parlamentario, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, buscó contradicciones en el Gobierno, un trabajo nada complicado. En concreto, le preguntó a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, si el Ejecutivo tenía un plan Bono por si el ajuste de las cuentas públicas puesto en marcha era insuficiente.

De la Vega acusó a los populares de estar "faltos de ideas" y de liarse. La respuesta propiamente dicha fue: "Sí, tenemos un plan que aplicamos para superar la crisis, para sanear las cuentas, para crecer más y de forma más competitiva, con empleo más estable y de calidad. Su plan solamente tiene una idea o si me lo permite cinco palabras: ALMCS, a La Moncloa como sea; para los ciudadanos, nada".

Como la cosa iba de siglas, la portavoz del Grupo Popular tiró de las que más a mano tenía: J. A. G. -atribuidas por un abogado defensor del caso Malaya al jefe de la Policía Judicial-. Y remató asegurando que el único plan que tenía el Gobierno era para "salvar los muebles, empezando por los únicos que les gusta, los sillones".

La vicepresidenta primera se sacudió la "retahíla de descalificaciones permanente", se mostró escéptica ante la respuesta del PP al Pacto de Toledo y al de energía y terminó con el refranero español: "Y ahora dice su señoría que vienen con un plan de empleo juvenil; a buenas horas, mangas verdes".

La traca final de la sesión de control la pusieron los diputados populares Hernando y Gil Lázaro y el ministro del Interior a propósito de las siglas de marras, las del jefe policial. Rubalcaba despachó al primero recordándole el archivo del asunto. Con el segundo, que mezcló los casos Malaya y Faisán, se empleó algo más a fondo: "Ustedes tienen un nuevo lema, y es que para luchar contra la corrupción vale todo -mancillar el honor de las personas, de las instituciones, deslegitimar al Estado-, salvo lo que tiene que hacer, que es limpiar la corrupción en su partido".