La oposición carga contra Pedro Morenés por 'plantar' al Congreso y amenaza con su reprobación

Los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción del PP, han cargado contra el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, por no asistir a la comisión del ramo, donde se había solicitado su comparecencia, algo que consideran una "falta de respeto" hacia las instituciones y también a los ciudadanos, por lo que partidos como Ciudadanos y ERC han amenazado con su reprobación. Los populares les han acusado de "deslealtad" y de querer asegurarse únicamente una "cuota de pantalla".

La Mesa de la Comisión de Defensa había aprobado por mayoría la celebración de esta comparecencia con intención de que Morenés informara de la última reunión de ministros de la OTAN en la que se decidió que la agrupación naval aliada en el Mediterráneo se trasladara al mar Egeo para tratar de frenar a las mafias que trafican con inmigrantes y refugiados. Sin embargo, el ministro ha decidido no asistir en virtud de la decisión tomada por el Gobierno de no someterse al control parlamentario por estar en funciones. Según ha explicado el presidente de la Comisión de Defensa, el socialista José María Barreda, Morenés le había comunicado que no acudiría, de modo que la Mesa de la comisión dará cuenta de lo sucedido a la Mesa del Congreso para que tome las medidas que considere oportunas.

El portavoz de Defensa del Grupo Socialista, Germán Rodríguez, ha afirmado que es "un mal día para la democracia" porque el Gobierno en funciones "se quiere situar fuera de ningún control" y en una situación "de rebeldía". "El Gobierno ha faltado al respeto a los ciudadanos y a los que trabajamos en la Cámara. Con esta imagen de hoy, la de la silla vacía, el Gobierno del PP está abriendo un conflicto sin precedentes entre instituciones. Pero es un merecido epitafio para un Gobierno que no ha respetado ni al Parlamento ni a los ciudadanos", ha subrayado. Rodríguez no ve incompatible que un Ejecutivo en funciones dé el visto bueno a una nueva misión militar, pero cree que debe informar de ella al Parlamento porque es una operación que va a heredar el próximo Gobierno. El diputado socialista, que pertenece al grupo que solicitó la comparecencia, considera que el ministro "no habría tenido ningún problema" en comparecer en la comisión, pero opina que no ha asistido porque el Gobierno está "empeñado" en evitar que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, comparezca en la Cámara "para dar explicaciones" sobre cualquier asunto que se le plantee.

Para el diputado de ERC Joan Baptista Olòriz, "un gobierno en funciones es un gobierno, no existe el gobierno fantasma", por lo que tiene que tener control legislativo. Por eso, ante la ausencia de Morenés, ha propuesto que los grupos puedan reprobarle aunque "no tenga carácter jurídico". El diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez se ha mostrado de acuerdo con este planteamiento y ha adelantado que su grupo estudiará si esa reprobación puede tener un "mayor calado" que la mera enunciación, ya que ve "de sentido común" que los ministros en funciones acudan a comparecer cuando se les convoca. A su juicio, con su "oscurantismo" el Ejecutivo no sólo "hurta" a los parlamentarios de su derecho de controlar la gestión gubernamental, sino también a "todos los miembros de las Fuerzas Armadas para poner en prestigio su labor". Además, ha recordado que el Grupo Popular en el Parlamento de Cataluña pidió la comparecencia del entonces presidente autonómico en funciones, Artur Mas, así que ha preguntado a los representantes del PP en el Congreso "por qué para unos casos sí" se puede controlar al gobierno "y para otros no".

Para la portavoz de Defensa de Podemos, Tania Sánchez, la decisión del Gobierno en funciones de no someterse al control del Parlamento responde a una "decisión política" y "partidista" del PP porque considera que ese control "no se puede suspender", y menos tras una reunión de la OTAN en la que se tomaron "decisiones importantes". Sánchez opina que las medidas que se tomen para hacer frente a la crisis de los refugiados "no son temas menores", sobre todo si va a haber intervención militar. "Si no se debate en el Parlamento de una política de Estado, ¿qué es una política de Estado?", ha cuestionado. Como otros diputados, la portavoz de Democracia y Libertad (DL), Miriam Nogueras, ha recordado que otros miembros del Gobierno como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, sí han comparecido estando en funciones y lo contrario lo considera un "insulto" y una "falta de respeto a las instituciones". En este sentido, ha censurado a los que "se llenan la boca con la legalidad y la Constitución" al rechazar un referéndum de independencia en Cataluña y luego se niegan a someterse al control del Congreso. El diputado del PNV Iñigo Barandiaran ha manifestado que no puede "admitir" que "haya quien entiende que existen espacios de impunidad", mientras que el representante de UPN, Carlos Salvador, ha dicho que las decisiones que toma el Ministerio de Defensa son lo suficientemente "importantes" como para tener que informar de ellas.

A todos ellos, el portavoz de Defensa del Grupo Popular, Ricardo Tarno, ha respondido acusándoles de que "no les interesa nada lo que se plantea en la petición de comparecencia" y que "les preocupan poco las instituciones, el papel de España en el exterior y los españoles", sino que sólo quieren su "cuota de pantalla" y "desgastar" al PP. "Ahora han demostrado que sólo disfrutan haciendo oposición al PP. Están enormemente felices haciendo oposición. Todos contra el PP vale para todo. Lo que querían hoy era abrir el telediario", ha afirmado Tarno, quien ha reprochado que ningún partido en el Parlamento andaluz pidiera la comparecencia del Gobierno de Susana Díaz cuando estuvo en funciones el año pasado. Según el portavoz popular, "el Gobierno tiene limitadas su facultades" y, puesto que "no hay actividad política en el Gobierno, ni puede ni debe haber control político", hasta que no haya un ejecutivo que obtenga la confianza de la Cámara.

López mediará con el Gobierno para evitar una "guerra institucional"

El presidente del Congreso, Patxi López, se reunirá este viernes con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, para tratar de "convencerle" de que el Gobierno debe someterse al control parlamentario aunque esté en funciones y evitar abrir así "una guerra institucional". En la reunión, López intentará llegar a un punto de encuentro "razonable" para que el Ejecutivo pueda someterse al control del Congreso y explicar sus actuaciones, si bien es partidario de que el Constitucional "clarifique" esta situación. Otro nuevo intento para zanjar esta polémica que se produce después de que Morenés no haya acudido al Congreso. El miércoles presidente del Congreso recibió una carta de la Vicepresidencia del Gobierno -la segunda ya que le remite el Ejecutivo en relación con este asunto-, en la que mantiene que un Gobierno en funciones no debe estar sometido a la fiscalización del legislativo. Carta que contesta a una anterior del presidente del Congreso y que López ya ha remitido a todos los grupos parlamentarios.

En declaraciones en el Congreso, López ha subrayado que es necesario aclarar hasta dónde pueden llegar las atribuciones del Parlamento con un Ejecutivo interino porque vendrá bien también para el futuro y para cualquier Cámara, incluidas las territoriales, que afronten esta circunstancia. "Mi obligación es insistir, soy incansable al diálogo", ha subrayado el presidente, quien ha recordado que el Congreso no pretende ejercer un control "rutinario" como cuando el Gobierno tiene la confianza plena del Congreso sino sobre aquellas decisiones que pueda adoptar cuando está de manera transitoria. Por este motivo, es partidario de que el Tribunal Constitucional deje claro si el legislativo tiene sus competencias "limitadas" cuando hay un Ejecutivo en funciones, algo que no lo considera así la mayoría de la Cámara Baja, ha señalado. Ya advirtió de que el conflicto podría dirimirse con un recurso ante el alto tribunal ante un hecho que el PSOE y otras fuerzas políticas califican de "rebeldía" del Gobierno.