Caso Azud

El subdelegado del Gobierno y otros 13 detenidos en Valencia por corrupción

El ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, uno de los detenidos, saliendo de su domicilio tras el registro de la UCO.

El ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, uno de los detenidos, saliendo de su domicilio tras el registro de la UCO. / Kai Försterling (EFE)

La corrupción urbanística ha vuelto a la actualidad este jueves en la Comunidad Valenciana con el desarrollo de una operación judicial con 14 detenciones, entre ellas las del hasta ahora subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafa Rubio, y del que fue número dos de Rita Barberá, Alfonso Grau.

El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado este jueves a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que practicase varios registros en domicilios y despachos oficiales en el marco del caso Azud, cuyas primeras pesquisas se remontan a 2019.

Cuñado de Barberá

En esta causa, declarada secreta y abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, el principal investigado era hasta ahora el abogado José María Corbín, cuñado de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá, que ya fue detenido en abril de 2019 y a quien la UCO atribuye un papel responsable de una trama de comisiones a contratistas del Ayuntamiento.

Las diligencias de investigación del caso Azud intentan esclarecer posibles irregularidades en las labores de intermediación que ejerció Corbín mientras el PP de Barberà se mantuvo en el gobierno local, y por las que supuestamente cobró comisiones irregulares.

También figuran como investigados la mujer de este y hermana de la exalcaldesa, Asunción Barberá, y sus tres hijas.

Entre los detenidos este jueves constan, además de las del ya ex subdelegado del Gobierno en Valencia y ex edil socialista Rafael Rubio, el ex vicealcalde Alfonso Grau (PP), la hija de éste, el empresario Jaime María Febrer y el responsable de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra -dependiente de la Diputación de Valencia-, José Luis Vera.

Los registros, que se han prolongado durante más de diez horas y han requerido la presencia de un cerrajero para que abriese una caja fuerte en el domicilio de Rubio, seguirán este viernes, han informado a EFE fuentes de la investigación.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha ordenado el "cese inmediato" de Rubio tras conocer su detención y ha señalado que no podía consentir que "hechos ocurridos hace tanto tiempo puedan afectar a la normalidad del funcionamiento de la Delegación del Gobierno".

Igualmente, el PSPV-PSOE ha abierto un expediente disciplinario y ha suspendido de militancia al que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia entre 1996 y 2011, y el president de la Generalitat y secretario general de este partido, Ximo Puig, ha defendido "la contundencia" del partido en relación a Rubio.

Procedimiento secreto

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto público en Sevilla, ha afirmado que la detención de Rubio forma parte de un procedimiento judicial declarado secreto, y ha subrayado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mantendrán una "cooperación máxima con la autoridad judicial".

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha recordado que su formación (Compromís) ya denunció en 2014 la compra de los terrenos donde posteriormente se ubicaría el circuito urbano de Fórmula 1 y que supuestamente forman parte de la trama corrupta investigada.

Según han explicado desde Compromís, se denunciaron los sobrecostes de las obras del circuito de Fórmula Uno, así como la compra de los terrenos del PAI del Grao por 300 millones por la mercantil Acinelav Inversiones 2006, participada por el empresario y constructor detenido este jueves, a través de su marca Construcción Valencia Constitución.

Rafael Rubio lideró al PSPV en la ciudad de Valencia; fue elegido en 2000 secretario general del PSPV en la ciudad y llegó a ser su candidato a la alcaldía. Actualmente está procesado también en una de las piezas del caso Imelsa por la supuesta contratación irregular de personal (la causa de los trabajadores zombis).

Rubio mantuvo varios enfrentamientos con su entonces adversario político Alfonso Grau, quien llegó incluso a denunciarle en abril de 2005 por una supuesta intromisión en su honor al revelar que Grau era administrador de una empresa relacionada con actividades urbanizadoras; la demanda fue desestimada al año siguiente.

Grau acumula causas

Grau fue durante muchos años hombre de confianza de Rita Barberá y acumula varios vínculos con asuntos de posible corrupción, entre ellos con la causa de financiación ilegal del PP municipal o el caso Nóos, en el que resultó absuelto.

En febrero de 2020 la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano confirmó una condena de 4 años de cárcel para el que fuera vicealcalde por cohecho y blanqueo de capitales cometidos al aceptar relojes de lujo como regalo de un empresario que era contratista del Ayuntamiento.

Los abogados de los detenidos este jueves, consultados por EFE, han informado de que, en el transcurso de los registros practicados este jueves, la UCO no ha concretado las acusaciones ni les ha informado sobre el fondo de la operación, por estar declarada secreta la causa.

Así, esperan asistir de nuevo a sus clientes en las próximas horas, cuando los agentes de la Guardia Civil tomen declaración a los detenidos, posiblemente en la Comandancia Provincial, antes de que pasen a disposición del juzgado.

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