La Audiencia de Sevilla ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular que ejerce el PP para que se pronuncien sobre el ingreso en prisión del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que fue condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE. En una providencia que tiene fecha de ayer miércoles, 24 de mayo, la Sección Primera informa de que ya se ha recibido el último informe de la forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, que la semana pasada citó precisamente a Griñán antes de emitir este dictamen.

El nuevo informe entregado en la Audiencia se produce después de que la semana pasada la forense volviera a examinar a José Antonio Griñán en la consulta del IML, en los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla.

En enero pasado y una vez que se le diagnosticó el cáncer de próstata, la forense del IML aconsejó que Griñán no entrara en prisión y eso llevó al tribunal, una vez conocida la opinión de la Fiscalía y de la acusación popular, a aplazar la entrada en el centro penitenciario de Griñán. La forense recomendó entonces que no entrara en prisión hasta que se "confirme la remisión, en su caso, de su patología oncológica". El dictamen advertía de que aún se desconoce "cuál será la evolución" del cáncer de próstata detectado en diciembre pasado a Griñán y, en este sentido, subrayaba que los posibles efectos secundarios y las frecuentes revisiones son "poco compatibles" con la vida en prisión.

Griñán sale del Instituto de Medicina Legal

Sin embargo, una vez que ha concluido las sesiones de radioterapia, la Audiencia acordó en una providencia dictada el pasado 2 de mayo dar traslado al IML de la documentación médica aportada "a fin de que emita informe, a la mayor brevedad, sobre si el tratamiento que se prescribe es compatible con el ingreso en prisión a efectos de resolver sobre la suspensión de la ejecución a tenor del artículo 80.4 del Código Penal que fue solicitada por la representación del mismo".

Sólo tratamiento farmacológico y rehabilitación

En esa providencia, el tribunal recordaba que el informe aportado por los servicios que han atendido a Griñán "se especifica el plan de actuaciones consistente, tan sólo, en tratamiento farmacológico y ejercicios rehabilitadores". La forense, como hizo anteriormente, ha preferido examinar personalmente a Griñán antes de emitir el dictamen.

En este contexto, el recurso de amparo que formalizó la defensa del ex presidente andaluz a mediados de abril es prácticamente la última carta de Griñán para evitar su entrada en prisión. La defensa del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán formalizó el pasado 12 de abril el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que confirmó su condena a seis años y dos días de prisión por el caso de los ERE. El Tribunal Constitucional, que inicialmente iba a pronunciarse sobre la admisión a trámite de los recursos de amparo el próximo 22 de mayo, ha decidido finalmente aplazar la reunión hasta después de las elecciones municipales, siguiendo la regla no escrita de que los tribunales no deben interferir en los procesos electorales.

El amparo puede ser la última oportunidad de Griñán para impedir lo que cada vez parece más próximo, su entrada en prisión y todo ello a pesar del cáncer que le fue diagnosticado en diciembre pasado. El hecho de que la Audiencia de Sevilla rechazara recientemente suspender la entrada en la cárcel del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá –que también padece cáncer–, anticipa que el tribunal tomará la misma decisión en su caso. De hecho, el ingreso en prisión del ex presidente andaluz fue aplazado en enero pasado a la espera de que terminaran las sesiones de radioterapia previstas en el tratamiento contra la enfermedad.

Griñán, que en junio cumplirá 77 años, es el único ex alto cargo condenado por la malversación de 680 millones de los ERE que no ha pisado la cárcel, con la excepción del ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, a quien la Audiencia de Sevilla suspendió su entrada en prisión después de que el Tribunal Supremo redujera su condena a tres años.