Los propietarios de la empresa Comercial Martínez León, que distribuía carne de la marca La Mechá que elaboraba Magrudis, han declarado este martes a la juez que investiga el brote de listeriosis, que una vez declarada la alerta sanitaria, que se produjo el 15 de agosto, llamaron a todos sus clientes para inmovilizar la carne y la recuperaron, pero no lo comunicaron a ninguna autoridad sanitaria.

Los hermanos Antonio y Domingo Martínez León, que han declarado en calidad de investigados ante la titular del juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, han asegurado que el pasado 16 de agosto, día siguiente a la declaración de la alerta sanitaria por parte de la Consejería de Salud y Familias, se pusieron en contacto con el dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, al que preguntaron sobre si los lotes que le habían vendido estaban afectados por el brote de listeriosis.

El propietario de Magrudis le comentó que no lo sabía y les dijo que retirasen la mercancía para "mayor seguridad", por lo que llamaron a todos sus clientes y recogieron toda la carne, pero ambos han añadido que no comunicaron este asunto a ninguna autoridad sanitaria. Según los propietarios de Comercial Martínez León, compraban a Magrudis unos 30 kilos de carne semanales, producto que venía en cajas perfectamente identificadas y ellos no reenvasaban nada, únicamente "etiquetaban con su registro sanitario y lote". Esta empresa distribuía a su vez la carne a los comercios de hostelería, restaurantes y bares.

El enganche ilegal de luz

Ante la juez también ha declarado este martes como investigado David M. M., asesor financiero de Magrudis, quien ha afirmado que no sabía que la empresa no tenía licencia de actividad hasta que en un determinado momento José Antonio Marín Ponce le pidió ayuda para sacar la licencia, por lo que lo puso en contacto con el arquitecto Sergio L. G.

La juez le ha preguntado por el enganche ilegal de luz en las naves de la empresa, a lo que el asesor ha respondido que en marzo de 2019 se hizo una inspección y Endesa impuso una sanción. La multa se pagó y desde entonces consideraba que el problema estaba solucionado, ha dicho el asesor, que ha añadido que en ningún momento José Antonio Marín le dijo que había un "enganche ilegal".

Sin embargo, una de las conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación revela ese enganche ilegal. Los investigadores de la Guardia Civil consideran que el asesor financiero puede estar involucrado en un delito de encubrimiento de la defraudación de fluido eléctrico, así como de pertenencia a grupo criminal, puesto que señalan que ha protagonizado presuntamente actos que "exceden el límite de su actuación profesional", al ser conocedor del enganche ilegal en las naves de Magrudis y "encubre dicha actividad ilícita", según recoge un informe policial remitido a la juez del caso. Según consta en las causa judicial, Magrudis defraudó un total de 46.231 kWh a la compañía eléctrica Endesa.

Por último, la juez ha tomado declaración al arquitecto Sergio L. G., que elaboró la "declaración responsable" de inicio de la actividad de Magrudis presentada en el Ayuntamiento en diciembre de 2018 pero que el Consistorio metió en "un cajón" por falta de personal.

El arquitecto ha explicado que su actuación profesional consistió en presentar la documentación para "conseguir la licencia de actividad de una empresa que ya tenía actividad", y ha añadido que está "enfadado e indignado" con el Ayuntamiento porque ha recibido una propuesta de sanción. El arquitecto ha afirmado que realizó una única visita a Magrudis, donde tomó medidas y fotos, y ha añadido que el modelo que existe en el ayuntamiento para esta finalidad es el "declaración responsable de actividad", aunque ha reconocido que cuando visita las naves la empresa ya tenía actividad.