Magrudis "Luuuuuuzzzzzz Casal" en Magrudis

  • Un pinchazo telefónico revela cómo aluden a la cantante gallega para hablar en clave sobre el "problemilla" que tienen con el enganche ilegal de electricidad en las naves.

  • La Guardia Civil considera que el asesor financiero del dueño de Magrudis "encubrió" el fraude de los más de 46.000 kWh

Una furgoneta de Magrudis, intervenida por la Guardia Civil. Una furgoneta de Magrudis, intervenida por la Guardia Civil.

Una furgoneta de Magrudis, intervenida por la Guardia Civil. / E. P.

La cantante española Luz Casal aparece en una conversación telefónica intervenida al dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, pero no porque la misma entre dentro de los gustos musicales del propietario de la empresa que ha provocado el mayor brote de listeriosis de la historia de España, sino porque su nombre lo utilizan en clave para tratar sobre el "problemilla" que tenían tras haber hecho un enganche ilegal en las naves de la empresa en el polígono industrial El Pino. La conversación tuvo lugar el 17 de septiembre, a las 13:15 horas, con el asesor financiero de Magrudis, identificado como D. M. M.

A raíz de esa charla, los investigadores de la Guardia Civil consideran que el asesor financiero puede estar involucrado en un delito de encubrimiento de la defraudación de fluido eléctrico, así como de pertenencia a grupo criminal, puesto que señalan que ha protagonizado presuntamente actos que "exceden el límite de su actuación profesional", al ser conocedor del enganche ilegal en las naves de Magrudis y "encubre dicha actividad ilícita", recoge un informe policial remitido a la juez del caso. Según consta en las causa judicial, Magrudis defraudó un total de 46.231 kWh a la compañía eléctrica Endesa. El coste del fraude equivaldría al consumo que genera una lavandería durante un año completo o al de tres grandes partidos de la Champions League, según fuentes del sector. El juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha ofrecido a la empresa eléctrica la personación en la causa judicial en calidad de perjudicada y le ha solicitado igualmente que cuantifique económicamente el fraude, pero la compañía aún no ha respondido al requerimiento judicial.  Aunque la compañía no ha cifrado el perjuicio ocasionado por el enganche ilegal, si se aplican las tarifas que abonan los hogares y tomando como referencia las tarifas PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) del año 2018, el fraude podría rondar los 7.000 euros, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.  Endesa distribución comunicó a comienzos de octubre al juzgado que para calcular el importe de lo defraudado habría que dirigirse a la comercializadora Endesa Energía.

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