El abogado sevillano investigado por presentación de documentos falsos en juicio para conseguir la “extemporánea legalización” de los pozos de 22 fincas ha dejado pasar los plazos sin recurrir el auto de procedimiento abreviado que fue dictado el pasado  28 de abril.

Fuentes del caso informan a este periódico de que los plazos de apelación han concluido sin que recurra el letrado J.R.C.S., aunque sí lo han hecho varios de los 22 propietarios investigados.

Todos ellos han sido acusados por el juzgado de instrucción 5 de Sevilla de presuntos delitos de falsedad documental y presentación de documentos falsos en juicio para conseguir la “extemporánea legalización” de sus pozos ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El letrado, supuestamente, presentaba documentación “ilegítimamente obtenida” con ayuda de un ex empleado de la CHG, pese a tener “pleno conocimiento de su procedencia, para sustentar los recursos contencioso-administrativos que elevó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

Muchos de los 22 propietarios han recurrido  argumentando indefensión o no ser dueños de las fincas en los años (2011 y 2012) en que se interpusieron los recursos. Otra investigada indica que las solicitudes de mayo de 2000 estaban encabezadas por su esposo, fallecido el 22 de octubre de 2011. Por lo tanto no se le puede imputar “intervención directa alguna en la falsificación efectiva de dichos documentos, en los que ni siquiera interviene como solicitante”, dice el recurso al que tuvo acceso este periódico.

“Un hombre de campo sin cultura”

Un propietario investigado argumenta que tiene 72 años y es “un hombre de campo sin conocimientos legales ni conocimientos de tramitación de nada“. “Es impensable que es un hombre de esa cultura pueda ser el autor de un modus operandi como el que se describe en las actuaciones”, afirma su abogado.

Otros dos hermanos argumentan que no eran propietarios de las fincas para las que se pretendía la legalización de los pozos en la fecha de interposición de los recursos y tampoco participaron como parte recurrente en ninguno de los procedimientos, por lo que “nunca tuvieron relación” con el abogado investigado.

“Por lo tanto, no solamente no tenían interés alguno en el resultado de dichos procesos, sino que eran totalmente ajenos a los mismos”, indica su recurso.

Otra propietaria argumenta prescripción de los delitos: el de falsedad documental tiene un plazo de cinco años por ser su pena máxima de tres años de prisión, por lo que “han transcurrido más de cinco años desde su comisión hasta que se dirigió el procedimiento contra ella, el 23 de mayo de 2016”.

Otros abogados argumentan que se ha conculcado el derecho a la tutela judicial efectiva y se ha ocasionado  indefensión “al carecer el auto recurrido de la fundamentación que se exige, pues no se han consignado los hechos que han quedado indiciariamente probados”.

“Imputación sin fundamento material o procesal” que “colocan a esta parte en situación de clara y manifiesta indefensión y ha de llevar aparejada su nulidad por vulneración de derechos fundamentales”, alega otro recurso.