Los aspirantes del examen de acceso a la Abogacía, que fue suspendido 'sine díe' por el Ministerio de Justicia el pasado 10 de marzo con motivo del Covid-19, han planteado al Ministerio varias alternativas que van desde  la "exoneración o convalidación" de la realización del examen a que ésta se haga de forma telemática que en la medida de lo posible reduzca los desplazamientos necesarios y, de esta forma, que se hayan en los centros donde se haya cursado el máster de acceso a la abogacía.

La suspensión afecta a nivel nacional a unos 6.780 aspirantes, que ya han creado un grupo en las redes sociales, en concreto en Facebook, para realizar propuestas conjuntas al Ministerio de Justicia.

Los aspirantes señalan en alguno de los escritos que están remitiendo al Ministerio que la suspensión de la prueba los deja "especialmente desamparados", privándolos del "derecho constitucional al trabajo tras el fin de las medidas".

"Todos los profesionales que nos encontramos ante esta situación hemos superado el máster que acredita nuestros conocimientos y aptitudes para el ejercicio de la abogacía, quedando tan sólo realizar una prueba adicional que en la mayoría de los casos no es siquiera necesario aprobar, siendo posible superarla obteniendo menos de los 38 aciertos de la misma", añaden.

En cualquier caso, advierten de que la suspensión sin fecha del examen se ha realizado sin valorar otras opciones, "sin tener encuentra a los afectados y sin el apoyo de los colegios de abogados", y así consideran que se están vulnerando una serie de derechos fundamentales.

Entre estos, apuntan la vulneración del derecho al trabajo, a la libre elección de profesión, a la promoción a través del trabajo y al derecho a una remuneración suficiente para satisface sus necesidades y las de su familia. 

De la misma forma, entienden que se vulnera la directiva 89/48/CEE, sobre el acceso y regulación a las profesiones, y la ley 34/2006, que regula el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

Por ello, concluyen que una solución a esta "situación extraordinaria, imprevisible e inevitable" es la "exoneración o convalidación de todos aquellos graduados en derecho, máster de acceso a la abogacía inscritos y admitidos a la realización de la prueba". En este sentido, afirman que dado que "no es posible la realización de la misma sin la puesta en peligro de la integridad y salud de todos aquellos que, de una u otra forma, tomen parte en la misma, se les debe permitir el ejercicio de la profesión".