Facua ha denunciado que, a día de hoy, el Ayuntamiento de Sevilla sigue sin adoptar medidas para evitar que se produzca una intoxicación alimentaria como la que provocó este brote, el mayor de la historia de España. En este sentido, la asociación ha afirmado que "ni el que fuera alcalde cuando se produjeron los hechos, Juan Espadas, ni el actual regidor municipal, Antonio Muñoz, han acometido los cambios necesarios para garantizar las mejoras en la inspección que la asociación de consumidores lleva décadas reclamando. Entre otras importantes carencias, Sevilla sólo cuenta con una decena de inspecciones veterinarios", ha lamentado.

La asociación recuerda que Magrudis no sólo fue objeto de una inspección veterinaria en la que se cometieron gravísimas irregularidades, sino que la nave industrial comenzó a operar de forma clandestina durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, dos años antes de tener registro sanitario. Cuando sus responsables intentaron legalizarla, ya con Espadas como alcalde, en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento nadie revisó la documentación que aportó, en la que se ponían de manifiesto anomalías que debieron derivar en su cierre inmediato.

La inclusión de la veterinaria municipal

En la causa judicial cuya instrucción ha finalizado, Facua representa a 79 afectados de un total de 254 víctimas: cuatro fallecidos, seis abortos y 244 lesionados. La asociación considera de especial relevancia que, en contra de lo que planteó en su día la Fiscalía, la instructora haya tenido en cuenta las argumentaciones que plantearon de forma conjunta todas las acusaciones e incluya entre los encausados a la veterinaria municipal que cometió las irregularidades en las inspecciones a Magrudis. Esto abre la vía para que, en caso de ser condenada, el Ayuntamiento de Sevilla indemnice a los afectados.

La investigación ha puesto de manifiesto que los responsables de Magrudis y sus dos sociedades no tienen bienes suficientes para responder de la totalidad de las indemnizaciones que serán reclamadas.

Junto a la veterinaria municipal encausada, María José O.B., serán juzgados José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de la empresa Magrudis SL; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario; Sergio L.G., arquitecto técnico; y David M.M., economista y asesor financiero de Magrudis.

La juez ha acordado continuar las actuaciones contra todos ellos por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, seis delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave, declarando responsables civiles al Ayuntamiento de Sevilla y a la aseguradora AXA SA.

Sandro José Marín, José Antonio Marín y Sergio L.G. también han sido procesados por un delito de falsedad en documento oficial. Asimismo, tanto a los dos primeros como a David M. M., Encarnación Rodríguez y Mario Marín se les acusa de un delito leve de defraudación del fluido eléctrico.