La asociación de consumidores Facua, que representa a 79 de los afectados por el brote de listeriosis detectado en 2019 por la carne mechada distribuida por Magrudis, ha valorado este martes el auto de apertura de juicio oral decretado por la juez contra seis personas entre las que figuran la familia que administraba la empresa y una veterinaria municipal, y en este sentido ha señalado que "hay elementos más que suficientes" que reflejan que dicha empleada pública habría incurrido presuntamente en "graves delitos".

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha valorado en declaraciones a Europa Press el auto de apertura de juicio oral dirigido contra José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, como responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario; el arquitecto técnico Sergio L.G. y María José O. B., inspectora veterinaria municipal.

En ese sentido, Rubén Sánchez ha considerado "positivo este nuevo e importante paso en la causa judicial", aunque ha avisado de que para los afectados, aún "queda mucho camino por recorrer", pues aún "hay que fijar fecha para el juicio", que se celebrará en la Audiencia de Sevilla.

Rubén Sánchez ha defendido, una vez más que en la instrucción de la causa existen "elementos más que suficientes para entender que la veterinaria municipal incurrió en graves delitos y por tanto en responsabilidad penal".

Tal extremo, según ha precisado, se traducirá en caso de sentencia condenatoria contra la misma, en que el Ayuntamiento de Sevilla habrá de afrontar "el pago de las indemnizaciones, como responsable civil subsidiario" de las actuaciones de la veterinaria municipal.

Hasta 10 años de cárcel reclama esta acusación particular

En su escrito de acusación, el equipo jurídico de Facua pide para José Antonio Marín Ponce, doce años de prisión; nueve años por el concurso ideal de delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y tres años por falsedad en documento oficial.

También solicita para José Antonio trece años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano y una multa de 15 euros al día durante 12 meses.

Para Sandro José Marín se reclama un total de diez años y un día de cárcel por los mismos delitos que el padre -de los que ocho años y un día son por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia y dos por falsedad en documento oficial-. También se le requieren diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano, y una multa de 15 euros al día durante ocho meses.

Para Mario Marín y Encarnación Rodríguez se solicitan seis años y un día de prisión por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, además de nueve años y un día de inhabilitación para el ejercicio de alguna profesión relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano.

Igualmente, Facusa exige para la inspectora veterinaria municipal, María José O.B., un total de diez años y un día de prisión; seis años y un día por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y cuatro por falsedad en documento público y falsedad en documento oficial.

Para la inspectora del Ayuntamiento de Sevilla se piden además nueve años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la inspección y supervisión de establecimientos y productos destinados al consumo humano, y cuatro años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones como autoridad o funcionario público, además de una multa de 15 euros al día durante diez meses.

Por su parte, se solicitaba para Sergio L. G., arquitecto técnico, una pena de dos años años de prisión y una multa de 15 euros al día durante ocho meses por los delitos de falsedad en documento público y falsedad en documento oficial.

Para las empresas Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario SL se pedía a la jueza que imponga una multa de 150 euros al día durante tres años, además de la pena de disolución de la persona jurídica por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia.