Alaya se equivocó completamente

La juez Mercedes Alaya se equivocó por completo. La sentencia de la Audiencia de Sevilla que ha absuelto a los 16 acusados por el supuesto amaño en la adjudicación del concurso de la mina de Aznalcóllar ha puesto las cosas en su sitio, en el lugar del que nunca debieron salir. Diez años después de que se iniciara el tortuoso proceso judicial, el tribunal ha restablecido el honor de todos los acusados, entre los que se encuentran una decena de funcionarios de la Junta de Andalucía que se han visto obligados a soportar durante una década el estigma de una supuesta corrupción que, ahora, insisto, una década después, la Justicia ha dicho que no existió nunca y ha cargado contra las acusaciones particulares por su acusación "infundada".

Y no cabe duda de que la juez Mercedes Alaya, que ahora preside la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y que en su día se definió como "incansable" cuando instruía la macrocausa de los ERE, fue la última responsable de que el proceso llegara a juicio, porque no puede olvidarse que en su día la entonces titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández -ahora también en la Audiencia de Sevilla-, archivó hasta en dos ocasiones la investigación al no apreciar delito alguno. La propia Fiscalía de Sevilla, garante de la legalidad, solicitó hasta en siete ocasiones el sobreseimiento del proceso al descartar con rotundidad la existencia de delito, pidiendo en la vista oral la absolución de todos los acusados.

La fiscal del caso, Ascensión Ocaña, abundó en la idea en su informe final en el juicio, donde sostuvo que después de todas las declaraciones y pruebas que se han desarrollado en las numerosas sesiones del juicio, lo que se ha puesto de manifiesto es la "probidad, honestidad, objetividad e imparcialidad con la que han obrado todos y cada uno de los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación" que intervinieron en el concurso.

En este sentido, el tribunal ha destacado ahora la "imparcialidad y profesionalidad" de los funcionarios y técnicos que formaban parte de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, destacando expresamente que desde la fase de instrucción han dado "explicaciones razonables" desde el inicio de la causa. Han estado diez años dando estas explicaciones, que en su día convencieron tanto a la Fiscalía de Sevilla como a la entonces juez instructora, actualmente destinada en la Audiencia. Y el fallo es contundente al afirmar que no hay "ninguna prueba" de que favorecieran a Minorbis-Grupo México en detrimento de la empresa perdedora Emerita.

La Junta de Andalucía, que inicialmente defendió a los funcionarios imputados, presentó un duro escrito de conclusiones provisionales en el que cargó precisamente contra la "indeseable intromisión" de Mercedes Alaya, por la "doble instrucción" que el tribunal ha realizado en un proceso que se inició en 2015 y había sido archivado en dos ocasiones.

Alaya ni siquiera tuvo en cuenta el rotundo informe elaborado en su día por su grupo de investigación favorito, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no detectó ninguna "influencia" en el concurso de la mina de Aznalcóllar tras haber rastreado nada más y nada menos que 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería de Empleo relacionados con la adjudicación.

Es la segunda gran derrota de Alaya en los procesos mediáticos en los que ha intervenido porque la misma Sección de la Audiencia que ahora ha absuelto a los acusados por el caso de la mina, absolvió en su día al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera y a las otras siete personas que fueron enjuiciadas por delitos de apropiación indebida y administración desleal en la gestión del club verdiblanco, una instrucción que comenzó en el año 2008 e hizo famosa a Mercedes Alaya antes de que comenzara el macroproceso de los ERE. El caso de los ERE y el presunto cohecho en Mercasevilla -por la exigencia de una mordida de 450.000 euros a los empresarios de La Raza-, fueron los dos grandes triunfos de la Alaya como juez instructora, si bien la sentencia que condenó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la concesión de las ayudas de los ERE fue finalmente tumbada por el Tribunal Constitucional.

Emerita tampoco sale bien parada en la sentencia, porque los magistrados le han impuesto las costas procesales porque sus acusaciones "carecen de la menor consistencia", ya que, según destaca el fallo, "no podían dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su posición", de una acusación que añaden ha sido "infundada". Y esa es la pregunta que ahora queda en el aire: ¿Quién y cómo se restituye el perjuicio de los funcionarios y de los otros acusados por estos diez años de calvario, de pena de banquillo?