La Fiscalía niega el contubernio para adjudicar el concurso de Aznalcóllar
Caso Aznalcóllar
El Ministerio Público solicita la absolución de los 16 acusados porque no hay indicios de que los funcionarios y técnicos se “concertaran” para adjudicar el concurso “arbitrariamente” a Minorbis en detrimento de Emerita
El escrito de conclusiones de la Fiscalía no deja lugar a ninguna duda a la hora de descartar que se haya producido ningún contubernio en el proceso de adjudicación del concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar. La Fiscalía de Sevilla, como ha venido considerando a lo largo de la instrucción de esta causa que comenzó en el año 2015, ha reiterado que no aprecia indicios de delito en la actuación de los 16 acusados, entre los que se encuentran todos los funcionarios y técnicos que formaron parte de dos organismos clave en el proceso administrativo: la mesa de contratación y la comisión técnica.
El escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla por la fiscal Ascensión Ocaña el pasado 21 de octubre ratifica la petición de absolución que se realizó en otro escrito presentado ante la instructora el 21 de septiembre. Son ya al menos siete ocasiones en las que la Fiscalía ha dicho por escrito que no hay ningún caso Aznalcóllar.
En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía enumera hasta siete aspectos sobre los que considera que no hay indicios delictivos. En primer lugar, no hay constancia de que los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica “se concertaran para adjudicar el concurso arbitrariamente a Minorbis y con ello favorecer” a los empresarios de Magtel, los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno.
Tampoco hay indicios de que estos funcionarios y técnicos “conocieran o tuvieran relación con algún miembro de la familia López Magdaleno”. De la misma forma, no ve indicios de que estas personas hubieran tenido “relación o al menos conocieran al grupo de empresas Magtel al que pertenece la compañía Minorbis”.
También descarta el delito de cohecho, como hizo la propia Audiencia de Sevilla, porque según la Fiscalía no hay indicios de que los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica “o sus familiares hayan solicitado o recibido alguna retribución, recompensa o ascenso en sus carreras funcionariales por su intervención en la tramitación y adjudicación del concurso”.
En quinto lugar, la Fiscalía niega que estos funcionarios hubieran “recibido órdenes, sugerencias o indicaciones de algún empleado público o de particular ajeno a la Administración para actuar o conducirse durante el concurso favoreciendo a la entidad Minorbis”.
En cuanto al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ex secretario general de la Consejería de Innovación Vicente Fernández, el Ministerio Público insiste en que tampoco hay indicios de que “tuviera alguna relación personal con los miembros de la mesa de contratación o de la comisión técnica o con Mario e Isidro López Magdaleno y que hubiera motivado con ello que hubiera dado órdenes, indicaciones o sugerencias a aquéllos”.
Por último, no hay indicios de que entre las funciones a desempeñar por los integrantes de la mesa y de la comisión técnica “estuviera la de tener fondos públicos a su cargo o administrarlos”.
La ausencia de todos estos indicios lleva a la Fiscalía a solicitar la absolución de los 16 acusados porque los hechos investigados “no constituyen delito” alguno, a pesar de lo cual y después de haber archivado en dos ocasiones, la instructora ha dictado esta semana el auto de apertura de juicio oral, obligada por las resoluciones de la magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que reabrió el proceso en dos ocasiones al estimar que sí había delito en estos hechos.
La “complejidad del análisis” llevó a nombrar una comisión técnica
La Fiscalía recuerda en su escrito que ante la “complejidad del análisis” de los anteproyectos presentados por las compañías ofertantes –fueron admitidas Emerita, Minorbis y Nyrstar, esta última renunció a la licitación–, la mesa de contratación acordó el nombramiento de una comisión técnica formada por funcionarios de la delegación de Economía, de Medio Ambiente, un empleado de la agencia Idea experto en valoraciones económicas y financieras, y un funcionario del servicio de minas de la dirección general de Industria.
Esta comisión técnica tendría por misión la elaboración de un informe que habría de expresar los puntos asignados a cada licitador “debidamente justificados y que sería elevado a la mesa de contratación para su consideración y emisión de la resolución procedentes”.
En la segunda fase del concurso, la mesa se reunió hasta en seis ocasiones y el 20 de febrero de 2015 decidió por unanimidad “apartarse del informe de la comisión técnica únicamente” en la valoración a Emerita en el apartado de viabilidad económica, con lo que Emerita obtuvo 73,6 puntos frente a los 75,9 de Minorbis, acordándose proponer como adjudicataria del concurso a esta última compañía.
La adjudicación se hizo por una resolución de la dirección general de Industria del 25 de febrero de ese año, publicada en el BOJA del 16 de marzo de 2015, en la que se adjudicaba a Minorbis-Grupo México la preferencia en las actividades extractivas de explotación de las cuadrículas mineras comprendidas en la zona de Aznalcóllar por un periodo de 30 años, debiendo aceptar la adjudicación del concurso en un plazo de 60 días.
Así, el 11 de mayo de 2015 aceptó la adjudicación del concurso la compañía Minera Los Frailes, sociedad de propósito específico, constituida por la entidad adjudicataria y en la que ésta tiene una participación del 2,69%, perteneciendo el 97,31% restante a una compañía de Grupo México (A.M.C. Mining Iberia S. L.).
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