La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra los 16 investigados en la causa abierta en el año 2015 por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Minorbis del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar y a los que se atribuyen delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental. Entre los 16 procesados se encuentra el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la ex directora general de Minas María José Asensio y todos los funcionarios y técnicos que intervinieron en el concurso, además de los empresarios de Magtel, los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno.
En el auto, la instructora considera que procede decretar la apertura de juicio oral por los delitos que solicitan las acusaciones personadas, "a efectos de permitir su debida y definitiva valoración por el órgano competente en sede de enjuiciamiento", con la excepción del delito de cohecho por el que consta decretado el sobreseimiento por auto de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla de 26 de mayo de 2021.
La acusación particular que ejerce Emerita Resources, la empresa que perdió el concurso, atribuye a los investigados delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, mientras que Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular, imputa a los investigados cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, negociación ilegal, y prevaricación ambiental, y solicita ademas la adopción de medidas cautelares en cuanto a la suspensión del procedimiento administrativo en trámite.
Una tercera acusación, que ejerce la sociedad Andalucía Mining, solicita que se declare la responsabilidad civil de la Junta de Andalucía, así como de Magtel, Minorbis y Grupo México, cifrando los posibles "daños y perjuicios" ocasionados en 7.195.426 euros.
Con relación a la solicitud de medida cautelar de la asociación ecologista interesando la suspensión del procedimiento de autorización derivado de la resolución de 25 de febrero de 2015 y de la aceptación de 25 de mayo de 2015; la suspensión del procedimiento de autorización del plan especial de actuación minera los frailes que está sometido con carácter previo y preceptivo al expediente EAE/SE/033/2018; y la suspensión del procedimiento de autorización de vertido tramitado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como expediente ME0036/SE, la juez ha decidido denegar dicha solicitud en el trámite y momento procesal actual al entender que subsisten en su integridad los argumentos esgrimidos en autos del juzgado dictados con fechas 9 y 29 de noviembre de 2019, en los que se rechazó la suspensión que actualmente se tramitan en la delegación territorial de la actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Todo ello, precisa la juez, "sin perjuicio de que por las partes legitimadas pueda instarse su adopción ante la jurisdicción contencioso administrativa" o que se pueda reproducir la petición ante la Sala de la Audiencia que enjuicie el caso o ante la Sala de lo Contencioso del TSJA que conoce del procedimiento y donde se ha acordado en fecha 30 de septiembre, el levantamiento de la suspensión por prejudicialidad penal según se informa por la letrada de la Junta de Andalucía.
La juez rechaza imponer fianzas a los acusados porque, según recuerda los escritos de calificación de la acusación particular que ejerce Emerita y de la acusación que representa Ecologistas en Acción "no efectúan peticiones en cuanto a la prestación de fianza y la declaración de responsabilidades civiles sin perjuicio de las consecuencias que pudiera tener la anulación del trámite del concurso"; mientras que en el caso de la petición de Andalucía Mining, la juez señala que su perforación está recurrida en apelación ante la Audiencia de Sevilla, por lo que "no procede efectuar requerimiento en cuanto al pago de fianza a los encausados en este procedimiento, sin perjuicio de que, a efectos de garantías procesales se notifique la resolución dictada y se haga el pertinente emplazamiento a los legales representantes de las entidades respecto de las que se solicita su declaración como responsables civiles, a excepción de Magtel que no ha sido parte ni en esta instrucción penal, ni en el procedimiento administrativo previo".
Por todo ello, la juez acuerda notificar, "a efectos de salvaguardar todas las garantías procesales", su condición de responsables civiles a la Junta de Andalucía, y los legales representantes de las entidades Minorbis, Grupo México, y Minera los Frailes.
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