La Fiscalía Anticorrupción no recurrirá finalmente la sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE, en la que fueron condenados 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la concesión durante una década de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.
Fuentes del Ministerio Público han confirmado a este periódico que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada tras analizar la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, dictada el 19 de noviembre de 2019, ha decidido no presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
De esta forma, el Ministerio Público acepta la decisión de la Sala de absolver al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez -a quien la Fiscalía había solicitado seis años de cárcel, por delitos de prevaricación y malversación- y al ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río, para quien habían solicitado una condena de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Además de estas dos absoluciones, el tribunal absolvió del delito de malversación -por el que se enfrentaban a penas de entre seis y ocho años de prisión- a otros cuatro ex altos cargos que, no obstante, sí fueron condenados por prevaricación a penas de inhabilitación. Se trata de los ex secretarios generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo, y del ex director de la agencia IDEA Jacinto Cañete.
La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de no recurrir estas absoluciones se produce con independencia de que los fiscales del Tribunal Supremo impugnen, en su momento, los recursos que ya están anunciando los 19 ex altos cargos que fueron condenados. Aunque las defensas disponen de plazo hasta el próximo 22 de enero para anunciar los recursos de casación, ya hay algunas como las del ex presidente José Antonio Griñán, el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías o el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero que ya han presentado dichos anuncios de recurso, entre otros.
En la sentencia, histórica y muy dura, la Audiencia de Sevilla condenó al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán a 6 años y 2 días de prisión y a inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por un delito continuado de prevaricación en concurso ideal con otro de malversación de caudales públicos, mientras que Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
La sentencia señala que la decisión de dar estas ayudas sociolaborales y a empresas en crisis durante una década "no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto". Por ello, la actuación de la Junta "necesariamente tenía que venir refrendada por el presidente, en la persona del acusado Manuel Chaves", decía la sentencia, que añadía que "lo lógico es que el presidente tomara las decisiones oportunas para que desde la administración pública andaluza se diera una respuesta adecuada" a los grandes crisis empresariales y la pérdida de puestos de trabajo.
La Sala insistió en el fallo en que "resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía".
Y así concluyó que resulta "inimaginable" que el presidente andaluz no fuera informado por el consejero de Empleo "del cambio operado en la concesión de las ayudas", al tiempo que precisaba que como presidente del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, conocido popularmente como el "fondo de reptiles".
El juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, la primera de las 187 piezas que componen la macrocausa de los ERE, se celebró en 152 sesiones a lo largo de un año y cuatro días. Comenzó el 13 de diciembre de 2017 y finalizó el 17 de diciembre de 2018. Desde ese momento, los tres magistrados han estado 11 meses deliberando y redactando la sentencia que se ha conocido este martes.
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