El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y principal imputado en el caso de los ERE Javier Guerrero ha anunciado en la Audiencia de Sevilla el recurso de casación contra la sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE, en la que fue condenado a siete años, 11 meses y un día de prisión y a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales público.

El abogado José Ávila, que defiende a Guerrero en la pieza política de la macrocausa, ha alegado hasta cuatro grandes motivos para recurrir en casación la sentencia por infracción de ley, "error en los hechos probados" derivado de documentos obrantes en las actuaciones que no han sido tenidos en consideración por el tribunal, por quebrantamiento de forma y por infracción de precepto constitucional.

En cuanto a los motivos alegados por quebrantamiento de forma, la defensa de Guerrero denuncia la "falta de claridad en el relato de hechos probados" y su "manifiesta contradicción", al tiempo que considera que hay hechos predeterminantes del fallo basado en los "errores manifiestos en la fase de instrucción".

Asimismo, José Ávila alude a la consignación como hechos probados de conceptos que "por su carácter jurídico, implican la predeterminación del fallo", y también argumenta que no se han resuelto "todos los puntos que fueron objeto de defensa", de lo que extrae que la sentencia incurre en una supuesta "incongruencia omisiva".

Los 6.000 beneficiarios no han sido traídos al proceso

En cuanto a los motivos alegados por infracción de precepto constitucional, el letrado considera que se han vulnerado los principios de legalidad procesal, de presunción de inocencia, del derecho de defensa, del derecho a la tutela judicial efectiva, y del derecho a un juicio justo, por cuanto entiende que "actuaciones iguales o similares tienen distinta respuesta, todo ello en relación tanto a las ayudas a trabajadores otorgadas por la Junta de Andalucía y las concedidas por el Ministerio de Trabajo, dada su similitud, analogía e identidad de su naturaleza".

También destaca que los más de 6.000 beneficiarios o "destinatarios finales de las ayudas sociolaborales" no han sido imputados como "beneficiarios a título lucrativo de una presunta actuación ilícita", añade José Ávila.

La sentencia de los ERE de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla condenó a Guerrero por haber "tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido", al tiempo que indicaba que fue el ex director de Trabajo quien generó el déficit en la agencia Idea, al "contraer obligaciones muy por encima del crédito presupuestario".

El tribunal también le reprochó que los fondos del programa 31L se emplearon "en fines distintos y ajenos a los recogidos en las fichas presupuestarias del mismo", así como la realización de los denominados "pagos cruzados" en las ayudas.

"No consta en los expedientes la existencia de ningún análisis económico que ponga de manifiesto si estas ayudas eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente a las obligaciones asumidas por la Junta", aseveraba la sentencia, que concluye por todo ello que Guerrero "era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó", y además dispuso de los fondos vinculados al programa 31L "con fines ajenos al fin público al que estaban destinados".

La condena de los ERE es la segunda que pesa sobre Javier Guerrero, quien recientemente también ha recurrido la sentencia por los "contratos fantasma" con la consultora Umax.