El ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, que fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE, ha sido el primero de los 19 ex altos cargos condenados en anunciar a la Audiencia de Sevilla su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en el que incluye tres motivos principales: uno por infracción de precepto constitucional y dos por infracción de ley.

En cuanto al primero de los motivos alegados, por infracción de precepto constitucional, que posteriormente tendrá que desarrollar una vez sean emplazados por el Alto Tribunal, el abogado Gonzalo Martínez Fresneda alega infracción del derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión; así como infracción del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley; del derecho a un proceso público con todas las garantías y del derecho a la presunción de inocencia.

En su escrito, la defensa de Zarrías esgrime un segundo bloque para recurrir la sentencia por infracción de ley, por "error en la apreciación de la prueba, por documentos que obran en autos y no resultan contradichos por otros". Estos documentos, añade el letrado, son las instrucciones para la tramitación de asuntos del Consejo de Gobierno y de la Comisión General de Viceconsejeros -los denominados consejillos- de 14 de junio y 17 de noviembre de 201, en lo que se refiere a la forma de tramitación de asuntos que son elevados al Consejo de Gobierno en "indice verde".

También impugna la apreciación de la prueba respecto a varias actas de la sesión del consejillo de 11 de abril de 2000 y de 26 de octubre de 2004, en relación a la identificación de las personas que asistieron a dicha sesión, así como el certificado de la secretaría general técnica de la consejería de Presidencia de 16 de junio de 2015, por el que se certifica la "inexistencia de resolución adoptada" por Gaspar Zarrías en relación a la concesión de ayudas sociolaborales a ex trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o a favor de empresas en crisis.

Las modificaciones presupuestarias

De la misma forma, se refiere a las comunicaciones trimestrales remitidas por el Consejo de Gobierno al Parlamento de Andalucía entre los años 2000 y 2012, en el que se acredita la "remisión y toma de conocimiento por el Parlamento de las modificaciones presupuestarias aprobadas, conforme a la legislación vigente, por el Consejo de Gobierno".

En cuanto al tercer motivo del recurso de casación, también por infracción de ley, la defensa considera que se ha producido una "aplicación indebida de preceptos penales u otras normas jurídicas que deben ser observadas".

El juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, la primera de las 187 piezas que componen la macrocausa de los ERE, se celebró en 152 sesiones a lo largo de un año y cuatro días. Comenzó el 13 de diciembre de 2017 y finalizó el 17 de diciembre de 2018. Desde ese momento, los tres magistrados han estado 11 meses deliberando y redactando la sentencia que se conoció el pasado 19 de noviembre.

La Audiencia de Sevilla condenó a los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves a seis años de prisión y a nueve años de inhabilitación, respectivamente, en relación con el denominado "procedimiento específico" de los ERE por el que durante una década (2001-2010) se concedieron ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

La sentencia, con una extensión de 1.821 folios, condenó a 19 de los 21 ex altos cargos por el delito de prevaricación a distintas penas y absolvió a cuatro acusados del delito de malversación.