El carpetazo judicial a la investigación por el presunto cohecho en el canal de riego del Viar, en Alcalá del Río, es definitivo. La Fiscalía de Sevilla ha dado por buena la decisión del juzgado de Instrucción número 18 de archivar la causa en la que se investigó el envío de jamones de 500 euros a varios funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), una operación realizada por la Guardia Civil que se saldó con la detención de nueve personas, entre ellas tres cargos del organismo de cuenca, cuatro gestores de la comunidad de regantes del Viar y dos miembros de la cooperativa Productores del campo.

Tras el archivo de la causa, la Fiscalía hispalense renunció a recurrir la decisión de la instructora, como han hecho también los denunciantes. En cualquier caso, la Fiscalía remitió un escrito al juzgado en el que solicitó que se dedujera testimonio de las actuaciones por presuntas irregularidades administrativas, una vez descartada la continuación de la vía pena.

En este sentido, la juez de Instrucción número 18 de Sevilla, María José Moreno, ha dictado una providencia en la que accede a la petición del Ministerio Público y, en concreto, ha librado testimonio de la causa para remitirlo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre los "riegos extraordinarios de 2018 en fincas del margen derecho del Viar", recoge la resolución de la instructora, a la que ha tenido acceso este periódico.

El carpetazo definitivo a la causa se produce a pesar de que la Guardia Civil realizó un exhaustivo atestado en el que acreditó el destino de tres de los jamones que fueron enviados a través de la empresa de mensajería MRW desde Pozoblanco donde se adquirieron.

Según consta en la factura, los cuatro jamones de "bellota 100% ibéricos" fueron adquiridos por un total de 1.896,80 euros, casi 500 euros cada uno. Y en las conversaciones grabadas, los directivos de la comunidad de regantes comentan que tiene unos siete kilos y bromean diciendo que es "un violín perfecto". 

El pasado 8 de abril, la juez que investigó el caso acordó el sobreseimiento provisional de la causa contra la "totalidad de los hechos investigados y la totalidad de personas investigadas". Entre las personas que figuraban como investigadas se encontraban varios funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), entre ellos el que fuera presidente del organismo de cuenca Manuel Romero Ortiz -y luego jefe de Área de Patrimonio-.

En el auto, también se acordaba el archivo sobre los otros hechos investigados, relacionados con riesgos extraordinarios en el margen derecho de El Viar o la autorización demanial de la finca Las Arenas.

Una vez recibidos los informes que se solicitaron a la CHG sobre la Finca las Arenas, los riesgos extraordinarios del año 2018 y las balsas Alamillo y Herrero, estos informes, "en relación con las declaraciones de los investigados y a las documentales obrantes deben llevar a concluir que no se han obtenido indicios racionales de que los investigados o algunos de ellos, hayan cometido conducta de entidad penal", sostuvo la instructora.

Por ello, no se pueden enmarcar los hechos en el ámbito criminal, "por lo que la causa debe sobreseerse respecto a los investigados pertenecientes a la  CHG, Comunidad de Regantes El Viar y a la Cooperativa de Productores del Campo".

En cuanto a los riegos extraordinarios del año 2018 en las fincas del margen derecho de El Viar, la juez concluye que los ifnormes emitidos por el organismo de cuenca son "contundentes" al afirmar que "los riegos extraordinarios se otorgan a una superficie regable concreta, delimitando polígonos y parcelas que constituyen dicha superficie regable, correspondiendo a la Comunidad de Regantes su distribución y reparto siempre que se respete la dotación asignada y que ésta se destine a esta superficie". Se consumió un volumen de agua total de 44.516.583 cm3, prolongándose dicha campaña más allá del fin del año hidrológico (30 de septiembre de 2018) debido a la inexistencia de lluvias de ofrma que el volumen de agua suministrado desde el 30 de septiembre de 2018 al 15 de octubre de 2018 "se considera incluido en el cómputo del volumen suministrado en la campaña".

Así, respecto a la autorización demanial de la finca Las Arenas, la juez señala que la instrucción "lo que ha revelado es que durante la cesión de la exploración a la Cooperativa de Productores del Campo ésta ha cuidado la finca dedicándola al cultivo, llegando a realizarse actividades experimentales en cuanto al riego de las  mandarinas cultivadas. Por contra, tras desocupar la Cooperativa la finca las inspecciones de la misma realizadas durante el segundo semestre de 2022 y Enero de 2023 ha revelado que la finca está en estado de abandono e incluso ha sido ocupada ilegitimamente por terceros que la habitan, perdiéndose los cultivos que realizó la Cooperativa por falta de explotación y conservación".