La Guardia Civil ha detenido a nueve personas por el presunto cohecho en el canal de riego del Viar, en Alcalá del Río, donde supuestamente se compraron a varios funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) con jamones de 500 euros. Entre los nueve arrestados hay tres cargos del organismo de cuenca, cuatro gestores de la comunidad de regantes del Viar y dos miembros de la cooperativa Productores del campo, según ha informado este miércoles el instituto armado en un comunicado.

A los nueve detenidos se les imputan múltiples delitos, como el societario, cohecho, prevaricación, fraude a la contratación, contra la seguridad colectiva, tráfico de influencias, falsedad documental, amenazas y coacciones. Como adelantó este periódico, la investigación se inició el pasado mes de octubre de 2020. El día 13 de ese mes, la Fiscalía de Sevilla abrió diligencias de investigación a raíz de una denuncia interpuesta por la patronal agraria Asaja.

Esta denuncia fue el resultado de una serie de anónimos recibidos en las dependencias de esta organización. En esos escritos, se hacía referencia a una serie de irregularidades cometidas por los gestores de la comunidad de regantes del Viar, que habrían contado para ello con la posible connivencia por parte de algunos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La Fiscalía dio traslado de las diligencias al Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla. En su nota de prensa, el instituto armado constata que los investigadores contaron con ciertas dificultades para desarrollar su investigación, "dada la opacidad de este sector, los tecnicismos necesarios para conocer y entender cómo se lleva a cabo la gestión de las aguas públicas y la gran diseminación de los cometidos de gestión entre los distintos departamentos en los que se estructuran los organismos a los que la ley encomienda esta gestión".

Son varias las irregularidades detectadas a lo largo de la investigación. La primera de ellas es la manipulación de la contabilidad de la comunidad de regantes del Viar. Esta maniobra se ejecutaba con la intención de ocultar el exceso en el consumo de la dotación de agua establecida por la CHG.  

La Guardia Civil apunta que el exceso en el consumo de agua era consentido y orquestado por los gestores de la comunidad, con la intención generar unos ingresos extra en las cuentas de la comunidad, los cuales provenían de la facturación emitida por los referidos excesos permitidos en el consumo de agua. 

El consumo de agua rebasaba el límite establecido por la Confederación, toda vez que los gestores de la comunidad permitían excederse en el consumo a regantes que no formaban parte de dicha comunidad. Los beneficios obtenidos a través de esta práctica delictiva, en torno a los 200.000 euros, eran ocultados por los gestores de la comunidad al resto de los regantes.

Otra irregularidad fue el arrendamiento de unos terrenos por parte de la CHG a la comunidad de regantes del Viar, sin que se sometiera el mismo a un proceso de licitación. Los requisitos establecidos para la concesión de este suelo se incumplían de forma taxativa. Las condiciones impuestas por la CHG exigían que dichos terrenos no podían ser explotados ni tener un fin lucrativo, no se podían ceder a terceros y la finalidad que se le iba a otorgar era una experiencia de riegos. 

La Guardia Civil constató que la comunidad cedió dichos terrenos a la cooperativa de Productores del campo de Alcalá del Río, para sembrar naranjos de una variedad de naranjas patentada. Obviamente, el último fin de esta explotación agraria era obtener beneficios económicos. A pesar de ello, ambas entidades falsearon informes con la intención de simular experiencias de riegos y ocultar la verdadera finalidad de la maniobra.

Una tercera infracción fue la creación de balsas para riegos que carecen de plan de emergencias y rebasaban la cota de capacidad permitida. Esto, apunta la Benemérita, puede conllevar que cualquier incidencia en las estructuras de las balsas podría poner en riesgo a poblaciones aledañas a las mismas. 

Los investigadores constataron que la CHG hizo inspecciones a la comunidad de regantes del Viar. Sin embargo, en ninguna de las actas de estas inspecciones se hicieron referencia a las anomalías detectadas. A juicio de los instructores, de todas estas irregularidades tenían conocimiento algunos dirigentes de la Confederación. Pese a ello, el organismo de cuenta no tomó ninguna medidas para solucionar esta mala praxis. 

No queda ahí la cosa. Los agentes confirmaron que estos altos cargos de la CHG llegaron a recibir obsequios y dádivas por parte de los regantes. Como publicó este diario, parte de estas prebendas eran jamones valorados en 500 euros, de los que la Guardia Civil tuvo conocimiento a raíz de una serie de grabaciones presentadas junto con la denuncia. En esas grabaciones, también aparecen amenazas contra otros agricultores. 

El juzgado de Instrucción 18 de Sevilla autorizó el registro en la sede de la comunidad de regantes del Viar para recabar archivos informáticos y pruebas documentales que corroborase todas estas prácticas corruptas. La operación lleva por nombre Confiar, mezcla de los términos Confederación y Viar, y una referencia velada al amiguismo y tráfico de influencias que envuelve este caso.