La empresa municipal de limpieza de Sevilla (Lipasam), que ejerce la acusación particular contra el ex jefe de servicio del departamento económico y financiero Manuel M. G., ha pedido al juez de Instrucción número 14 de Sevilla la citación "urgente" de este ex trabajador en calidad de investigado y también ha reclamado que se adopten medidas cautelares para evitar "una fuga u ocultación de datos y que aseguren responsabilidades civiles para la recuperación del dinero público" del que se apropió y que en principio supera el millón de euros.

Según han precisado a este periódico fuentes municipales, la acusación particular que ejerce Lipasam ha presentado un nuevo escrito en el juzgado -el cuarto desde el inicio de las investigaciones- en el marco de las diligencias de investigación abiertas para proponer la citación urgente en calidad de investigado del ex trabajador al que se atribuyen estas irregularidades durante al menos doce años en la empresa. 

La acusación plantea al juez que se adopten medidas cautelares de naturaleza personal ante el riesgo de fuga, ocultación de pruebas y frustración de las posibilidades de recuperación del dinero público.

Con esta actuación, la empresa municipal, que considera que ha actuado "con rapidez, contundencia y rigor" desde que se detectaron las supuestas irregularidades, avanza en el objetivo de colaborar con el juzgado para que se depuren las responsabilidades penales correspondientes por los hechos denunciados y que se logre el objetivo de la recuperación del dinero público presuntamente defraudado por el que fuera responsable de contabilidad durante 30 años.

El primer escrito remitido al juzgado, la denuncia por el desfalco, se presentó el 20 de diciembre de 2019, una vez concluida una primera fase de investigación que constató que el ex trabajador pudo realizar de forma irregular transferencias a una cuenta personal desde 2014 por un importe de 422.512 euros. Estos hechos, pueden ser constitutivos de un delito de malversación continuada de caudales públicos de especial gravedad, así como de un delito continuado de falsedad.

En un segundo escrito, el 8 de enero, como consecuencia de una segunda fase de las investigaciones, se presentaron nuevas conclusiones en las que se constata que la supuesta práctica irregular se viene produciendo desde 2008 y que la cuantía defraudada podría ascender a 1.012.275 euros, lo que elevaba evidentemente la gravedad de los hechos descritos en la denuncia inicial del 20 de diciembre.

En un tercer paso, el 15 de enero, se formula nuevo escrito comunicando al juzgado que tras toda la información aportada y en el marco de la colaboración absoluta de la empresa, se considera que para poder continuar la investigación que aclare el importe total defraudado y averiguar el destino de este dinero público se deben centrar los esfuerzos en las diligencias judiciales.

Por último, en el día de hoy se ha presentado este nuevo documento para avanzar en la línea de colaboración con el juzgado en el que se propone que de forma lo más urgente posible se adopten medidas cautelares de naturaleza personal ante el riesgo de fuga, ocultación de pruebas o frustración de las posibilidades de recuperación del dinero público así como medidas cautelares de naturaleza real para garantizar la responsabilidad civil, han concluido las mismas fuentes.