La Guardia Civil desmanteló en enero de 2012 la mayor red de contrabando de tabaco conocida hasta entonces con la incautación de 123.500 cajetillas. En el operativo intervinieron 100 agentes y se practicaron 15 registros. Ahora, tras la condena de los 17 acusados el pasado mes de junio, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha celebrado el juicio contra Francisco J. G. P., guardia civil del puerto de Cádiz que está acusado de colaborar con los contrabandistas. 

Según la Fiscalía, que solicita dos años de cárcel para el acusado, el agente "consultó en la base de datos interna", en concreto en el Sistema Integrado de Gestión Operativa, "la matrícula de un vehículo camuflado de la Guardia Civil" que estaba participando ese mismo día en una misión de vigilancia a los contrabandistas en La Orotava (Santa Cruz de Tenerife). El ministerio público sostiene que hizo llegar la información a los dos cabecillas de la organización criminal "impidiendo continuar al dispositivo policial con sus actuaciones".

Los agentes que participaron en la operación, explicaron que ante las llamadas interceptadas donde se hablaba "en clave" sobre la existencia de vigilancia y de que el "amigo" de uno de los contrabandistas era "un verde" al que iban a consultar la placa de un coche que consideraron "sospechoso", decidieron "bajar la intensidad de la vigilancia". Para aclarar los hechos, los responsables del operativo realizaron una consulta al SIGO con la intención de investigar si alguien había consultado las matrículas de los coches que participaban en él y se constató que una de las placas había sido buscada por el acusado, según manifestó uno de los responsables de la investigación.

Por su parte, el acusado declaró que la consulta de matrículas que realizó en el SIGO tenia como objetivo encontrar el coche que unos días antes había echado a su mujer de la carretera. Al parecer, ella había sufrido un accidente de tráfico un año antes y estaba "muy sensible con el tema", por lo que intentó buscar al culpable y  "tranquilizarla" denunciándole.  

Sin embargo, uno de los guardias civiles que participó en la operación desarrollada entre Marchena y Canarias contra el tráfico de tabaco manifestó ante el tribunal que en las escuchas realizadas ese día en el marco de la operación hay llamadas entre los cabecillas de la trama y una persona "con acento de Cádiz". Si bien es verdad que en las escuchas realizadas ese día nunca apareció el número de matrícula, como afirmaron varios agentes a preguntas de la defensa, también matizaron que es posible que estos datos "se facilitaran por otros medios". Asimismo, uno de los guardias civiles que declararon como testigos afirmó que la conexión del acusado con los contrabandistas "no se ha constatado".

Los otros condenados

El resto de los 17 acusados por contrabando de tabaco, entre ellos un funcionario del Juzgado de Marchena, fueron condenados por una sentencia firme del juzgado de lo Penal 13 de Sevilla en 2020. El juicio no llegó a celebrarse no llegó a celebrarse porque todos reconocieron el delito a cambio de una rebaja de las condenas.

Los acusados pertenecían a varios clanes del contrabando de trabajo conocidos como los Constructores, el clan del Lechuga y el clan del Canijo, a los que la Guardia Civil incautó en 2012 mas de 123.500 cajetillas de tabaco que hubieran alcanzado en el mercado ilegal un valor de 474.000 euros.

Los contrabandistas aceptaron tres meses de prisión y multa de 470.000 euros, y además siete de ellos fueron sentenciados por otro delito de asociación ilícita a seis meses y otros diez a tres meses de cárcel. El funcionario, además, fue expulsado de la carrera judicial.

Una investigación compleja

La investigación realizada entonces por la Guardia Civil reveló que la organización introducía grandes cantidades de tabaco en España procedente de Canarias, Gibraltar y Andorra, y lo distribuía por toda la Península, sobre todo Andalucía y Galicia.

El tabaco solía tener ya un comprador y por eso la mercancía se encontraba muy poco tiempo en su poder, dificultando la labor policial. La Guardia Civil conoció que eran varias redes interrelacionadas, en concreto dos redes importantes y dos secundarias. Las redes importantes estarían ubicadas en Marchena y Los Molares. Además, cualquiera de los miembros de la organización vendían a su vez a minoristas. Una vez que la Benemérita conoció toda la organización y tuvo indicios suficientes, solicitó de la autoridad judicial un total de 15 mandamientos de entrada y registro en las localidades de Los Molares, Utrera, Umbrete, Paradas, Marchena, Carmona y Dos Hermanas.

Ante la cantidad de registros simultáneos y en diferentes poblaciones, la Guardia Civil preparó un operativo en el que participaron 100 guardias civiles pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Patrulla Fiscal, puesto de Dos Hermanas y la Unidad de Seguridad Ciudadana.